Un hombre del Pro y un candidato a decano, entre los miembros designados en el Tribunal de Tasaciones

Luego de una intervención de 12 años y un intento de nombrar a sus integrantes sobre el final de la gestión uñaquista, el Tribunal de Tasaciones de la provincia (TTP) quedó finalmente normalizado en su composición. La administración orreguista designó como miembros permanentes a Sergio Aldunate, un hombre del Pro, a Yanina Gutiérrez y a Alejandro Álvarez, quien se lanzó como candidato al decano de Arquitectura. A su vez, se nombraron como integrantes transitorios a Luis Gallego, Guillermo Ramis y Gerardo Salvioli, asegurando distintas fuentes calificadas.

En la estructura del organismo, que es el encargado de valorar los terrenos que, por ejemplo, expropia y adquiere el Estado, Aldunate quedó al frente de la presidencia. Se trata de un ingeniero agrimensor, que dirigió la delegación local de Vialidad Nacional durante el gobierno de Mauricio Macri, es cuñado de Enzo Cornejo, presidente del Pro sanjuanino, y en la gestión de Marcelo Orrego había sido designado como interventor.

Por su parte, Gutiérrez es la vicepresidenta. También es ingeniera agrimensora y formó parte del Colegio de Profesionales de la Agrimensura de San Juan como tercera vocal suplente en el período 2021 – 2023, destacaron las fuentes.

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A su vez, Álvarez es arquitecto, titular de la cátedra de Higiene y Seguridad de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). De acuerdo a las fuentes, formó parte de los equipos técnicos del orreguismo cuando desarrolló su plataforma de gobierno. Fue un decano de Arquitectura en 2021 bajo el espacio del postulante al rectorado Jorge Cocinero, dupla que se ha repetido, en los mismos puestos, para la contienda universitaria del año que viene.

Aldunate, Gutiérrez y Álvarez son los denominados miembros permanentes. Con el OK de Orrego, fueron elegidos por el ministro de Infraestructura, Fernando Perea, dado que el Tribunal está dentro de su órbita. Según la ley 999 E, los tres integrantes “gozarán de estabilidad, mientras no se configure alguna de las causales de remoción”, como “el mal desempeño de sus funciones, inhabilidad física o moral sobrevinientes, delitos en el desempeño de sus funciones y delitos comunes”. El Poder Ejecutivo es el encargado de desplazarlos de sus cargos si incurriesen en algunas de esas irregularidades.

La normativa establece que el TTP estará conformado por seis miembros y en su composición debe haber, como mínimo, un ingeniero Civil, un arquitecto, un ingeniero Agrimensor y un ingeniero Agrónomo. Además de los miembros designados por el Gobierno, los otros tres son propuestos por los colegios profesionales que representan dichas actividades. Las entidades elevan una terna y el Ejecutivo nombra a la persona que considera más adecuada para el cargo.

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Así, el Colegio de Ingenieros Civiles presentó un listado con los profesionales Luis Gallego, Daniel Pérez y Elio Vergara (este último, formado parte de la intervención en el gobierno justicialista). La gestión orreguista eligió a Gallego. Según las fuentes, es el secretario técnico del organismo y carga con una vasta experiencia.

Por su parte, el Colegio de Arquitectos también presentó su terna y el seleccionado fue Gerardo Salvioli, un profesional que se ha desempeñado en la actividad privada. De acuerdo a las fuentes, el sexto integrante es Guillermo Ramis, un ingeniero agrónomo.

Estos últimos tres son los llamados miembros transitorios, quienes “durarán tres años en sus funciones y podrán ser nuevamente designados a petición de las respectivas entidades profesionales”. También pueden ser removidos por el Ejecutivo por las mismas causales mencionadas.

Todos los representantes del Tribunal de Tasaciones “tendrán una remuneración equivalente a la de secretario Ministerial del Poder Ejecutivo”, indica la ley.

De esa manera, el organismo quedó normalizado. Había sido intervenido el 30 de octubre de 2012, en medio del escándalo por la investigación de la megacausa de las expropiaciones, en la que la Justicia busca dilucidar si hubo una asociación ilícita, integrada por abogados, funcionarios y jueces, que inflaban el valor de los terrenos que expropiaba el Estado para quedarse con sumas millonarias de las arcas oficiales.

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En ese entonces, los miembros permanentes eran Joaquín Fernández (presidente), Pedro Bazzani (vicepresidente) y José Moreno. Los tres fueron suspendidos y el primero, luego, fue echado por el exgobernador José Luis Gioja, mientras que los dos restantes se jubilaron. Fernández falleció antes de enfrentar el juicio, mientras que Bazzani fue apartado del proceso por una enfermedad sobreviniente. Los integrantes transitorios fueron Julio César Fernández, Adolfo Cravero y Eduardo Olivera.

Así fue que Omar Blanco, exdiputado peronista por Angaco, tomó el cargo de interventor a cargo de la presidencia, junto a Rubén Ramírez y Elio Vergara. El Tribunal continuó bajo esa situación durante la administración de Sergio Uñac, quien, en noviembre del año pasado, a un mes de dejar el gobierno, nombró como miembros permanentes a Blanco, a Alfredo Cevallos (exdirector de Vialidad Provincial) y a Ramiro Cascón, exsecretario. . del Agua.

Además, había disparado el proceso para que los colegios profesionales propusieran a sus postulantes.

Sin embargo, la gestión orreguista sacó un decreto con el que le dio de baja a las designaciones, dado que sostuvo que se produjo “en violación a disposiciones legales”. Fue así que pusieron a Aldunate como único interventor, hasta que se concretase la normalización del organismo.