A poco más de 6 meses del acusatorio federal, el 87,5% de las causas resueltas se dio antes del juicio

El sistema acusatorio, en el que la investigación penal está en manos de los fiscales, comenzó a funcionar en la Justicia Federal el 5 agosto del año pasado y al 14 de este mes ya están las primeras estadísticas. En poco más de seis meses, se resolvieron 16 causas, de las cuales, 14 se hicieron en las etapas iniciales, a través de juicios abreviados y probation, luego de que el representante del Ministerio Público formalizara lo que se denomina la Investigación Penal Preparatoria contra un sospechoso. Las dos restantes se definieron en la instancia de juicio.

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Los 14 expedientes se terminaron de resolver en plazos de 15 a 40 días, mientras que el tránsito desde el inicio de las dos causas que llegaron a juicio demandó alrededor de cuatro meses. Con el viejo sistema del anterior Código Procesal, esos casos insumían de uno a un año y medio para llegar a sentencia.

La rapidez es una de las características del acusatorio, además de su flexibilidad. Antes, el juicio y la probation sólo podía implementarse en la fase de juicio, no en las etapas iniciales, cosa que ahora sí puede darse.

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Los números de resolución se ven pequeños frente a los de la Justicia provincial, pero el federal es un fuero de excepción, ya que sólo interviene en los casos que determinan una serie de leyes. Así, su competencia abarca la comercialización de estupefacientes (que se llevan más del 90 por ciento), delitos aduaneros, tributarios y de cualquier tipo que se cometa en organismos nacionales, trata de personas con fines de explotación laboral o sexual, secuestros y desaparición de personas, y falsificación de documentos de origen nacional.

En cambio, la Justicia local tramita todo tipo de robos, hurtos, delitos sexuales, homicidios (culposos y dolosos), lesiones, amenazas, estafas y delitos contra la administración pública, entre otros, lo que lleva a un cúmulo de unas 30 mil causas anuales.

De acuerdo a las estadísticas del Ministerio Público y de la Oficina Judicial, en los poco más de seis meses, a la Unidad Fiscal San Juan, a cargo de Francisco Maldonado, ingresaron 516 expedientes al Área Inicial, que conduce Gabriela Ventimiglia. En dicha instancia, 130 fueron derivados al Área de Casos Sencillos y 20 a la de Casos Complejos.

El resto, es decir, 366 fueron archivadas porque no existió delito o se aplicó lo que el Código Procesal Penal Federal denomina criterio de oportunidad. En ese marco, el fiscal prescinde o desiste de avanzar con la investigación penal frente a un hecho insignificante que no afecta el interés público. Por ejemplo, los casos de tenencia de droga para consumo personal, siempre y cuando no ponga en riesgo a terceros. Es la jurisprudencia que sentó la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través del conocido fallo Arriola.

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El Área de Litigación de Casos Sencillos interviene, mayoritariamente, en lo que es narcomenudeo. Si bien se le denomina sencillo, son causas que requieren tramitación y recolección de pruebas, además de que tiene ese nombre porque el plazo de investigación es menor a 90 días. Cuando superan ese período, pasan al Área de Casos Complejos, a cargo del fiscal Fernando Alcaraz, la que contiene expediente de crimen organizado, lavado de dinero, trata de personas y evasión tributaria.

De esas 150 causas, 14 se resolvieron en audiencias que llevó adelante el fiscal Maldonado, principalmente, con el juez de Garantías, Leopoldo Rago Gallo, además de la intervención en algunas de ellas de la magistrada Eliana Rattá, que pertenece al Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF), pero a la que se la autorizó a actuar como jueza penal con funciones de Garantías.

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De esos 14 expedientes, 11 se resolvieron a través de lo que se denomina acuerdos plenos, que son los juicios abreviados, en los que el imputado reconoce su responsabilidad  y acepta una pena, con el asesoramiento de su abogado defensor. Como el acusado, acorralado por las pruebas, evita el desgaste de todo el proceso hasta llegar al juicio, a cambio recibe como una especie de rebaja en la condena.

Las otras tres causas se definieron a través de la suspensión del juicio a prueba, también conocida como probation. El proceso contra el imputado se suspende y queda a prueba de la Justicia durante un plazo determinado, en el que debe cumplir una serie de pautas de conductas y, además, realizar tareas comunitarias y abonar una suma simbólica de dinero. Si lo cumple, se extingue la acción penal en su contra.

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Tanto en el juicio abreviado como en la probation existe un acuerdo entre fiscal y defensor, sumado a que el imputado brinda su consentimiento, al que se le agrega el sentencia que dicta Rago Gallo.

En los dos casos que llegaron al TOCF, los acuerdos entre Fiscalía y Defensa se dio en la instancia final y recayeron en las manos de los jueces Daniel Doffo y Rattá. El primero declaró la responsabilidad penal y le fijó una pena de 5 años y medio de prisión a un boliviano que fue detenido cuando transportaba 57,194 kilos de cocaína en un Renault Oroch. Fue el 7 de agosto del año pasado y se convirtió en uno de los primeros casos más resonantes del acusatorio federal por la cantidad de droga.

El boliviano tenía documentación bajo el nombre de David Hoyos Cors, pero, luego, dijo que su nombre es Jimmy Segovia Hoyos. Su abogado, el defensor Oficial Esteban Chervin, llegó a un acuerdo con el fiscal Maldonado sobre el hecho de que aceptara su responsabilidad penal y, después, los funcionarios discutieron la pena. Maldondo pidió un castigo de 7 años y Chervin solicitó uno de 4 años y 8 meses. Al final, Doffo impuso un castigo de 5 años y 6 meses.

El caso salió a la luz el 7 de agosto de 2024 y su definición se dio el 27 de diciembre de ese año.

En el segundo juicio, Rattá declaró el 7 de febrero la responsabilidad penal de Nicolás Castillo y Sergio Sosa, a los que condenó a 1 año y 3 meses y 1 año y 1 mes por tenencia simple de estupefacientes. Las penas fueron de cumplimiento efectivo y al primero lo declaró reincidente y, el segundo, ya lo era. El caso se disparó el 2 de octubre del año pasado y también fue producto de un acuerdo pleno.

Además, en el fuero se siguen tramitando las causas del anterior esquema de investigación, entre las que hay resonantes y de impacto público, como el tramo final del juicio por la desaparición de Raúl Tellechea, el desenlace del caso de los policías federales acusados de sacarle dinero a un camionero y el expediente por trata de personas en la que está involucrado el abogado Gustavo De la Fuente, entre otras.