Tellechea: además de la acusación, el fiscal resaltó que investigará la “complicidad judicial” y en la mira quedó, de mínima, un funcionario

El fiscal federal Francisco Maldonado no sólo pidió prisión perpetua para siete acusados por la desaparición del ingeniero Raúl Tellechea sino que adelantó que investigará la “complicidad judicial”. En la mira quedó un empleado de Tribunales, al que el representante del Ministerio Público definió como un funcionario que actuó de forma “corrupta” y en complicidad con los exdirectivos de la Mutual de la UNSJ. ¿El objetivo? Que obtuvieran un informe contable favorable en la Justicia local, que no los comprometiera en el manejo irregular de la institución y, así, achacarle la responsabilidad a Tellechea.

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La referencia a ese hecho quedó enmarcada, de acuerdo a la postura fiscal, en la capacidad de influencia de las exautoridades de la Mutual, principalmente de Luis Moyano, ex viceministro de Desarrollo Humano de la gestión giojista. Ese poder impactó, según Maldonado, en la Policía, al punto de desviar la investigación para lograr la impunidad de los principales responsables de la desaparición. Y, también, tuvo su correlato en el ámbito judicial provincial.

De acuerdo a escuchas telefónicas, los imputados Moyano y Miguel Del Castillo (expresidentes de la Mutual) mencionaron al empleado judicial José Sánchez, con el que, a cambio de dinero, digitaron la designación de una perito para que realizara un informe contable con el que quedaran desligados de toda maniobra fraudulenta en el manejo de la institución, explicó el fiscal en su alegato

En ese marco, Maldonado habló de la connivencia de los exdirectivos de la Mutual con “el abogado César Oro”, quien, en ese entonces, los representaba legalmente, además de que es hermano del imputado Eduardo Oro, quien también fuera miembro de la entidad y funcionario del Ministerio de Turismo durante el gobierno de José Luis Gioja. Hoy, César Oro es defensor Oficial del Poder Judicial de San Juan.

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En la maniobra para la designación de un perito acorde a los intereses de las exautoridades de la Mutual, el fiscal federal hizo hincapié en la intervención de la “amante” de Del Castillo, quien fuera directora de Contabilidad de la UNSJ, Alejandra Cuadros. La perito que salió del “supuesto sorteo” fue Paola Ginestar, mientras que el perito de los acusados fue Pablo Garay. ¿Todos ellos estarán bajo la lupa de la Justicia Federal? Se verá cuando se abra la causa y a medida que avance.

Maldonado encaró y finalizó ayer, con su colega mendocino Dante Vega, su alegato, en el que remarcó que los exdirectivos de la Mutual, junto con “Lali” Flores, fueron los “responsables de la privación ilegal de la libertad de Raúl Tellechea”. Por eso, pidió perpetua para Moyano, Del Castillo, Oro, Luis Alonso y el policía retirado.

Igual castigo solicitó para el exjefe de la Policía en la administración giojista, Miguel González, y el extitular del área Seguridad Personal, que estaba a cargo de la búsqueda de Tellechea. La postura fue, en líneas generales, que “desviaron aviesamente la investigación, omitiendo direccionar la misma hacia los directivos de la Mutual, quienes ya eran mencionados desde el comienzo de la causa”. La pesquisa policial se centró en la idea de Tellechea prófugo de una supuesta maniobra delictiva, hipótesis que plantaron los propios imputados.

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Según el fiscal, la influencia de los exdirectivos no solo se dio en el ámbito policial sino, también, “sobre las instituciones, en pos de garantizar su impunidad”. La otra institución fue la Justicia provincial, a través de “la corrupta forma en que los imputados incidieron en la designación” de una perito en la causa llamada “causa económica”, que se tramitó en el fuero local y se investigó la grave situación patrimonial y administrativa de la Mutual.

A través de la intervención telefónica del celular de Del Castillo, detectaron conversaciones con su amante Alejandra Cuadros y el abogado César Oro, señaló Maldonado. Los diálogos reflejaron “la maniobra de interferir en la designación de la perito contable, con la complicidad de un funcionario judicial” del entonces juez de Instrucción Leopoldo Zavalla Pringles. No fue lo único, ya que también surgió “como se ponían de acuerdo para reunir dinero para hacer frente a la maniobra de cohecho con un funcionario policial”.

Así, en una comunicación del 9 de abril de 2006, César Oro le manifiesta a Del Castillo que “van a echar al perito”, en referencia a Rogelio Andrade, quien estaba designado hasta ese momento para hacer el informe contable sobre el manejo de la Mutual. Sin embargo, Andrade renunció por “problemas de vista”. Por eso, Maldonado destacó que “queda claro que los imputados decidieron apartarlo y colocar a otro perito que fuese funcional a ellos.

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El fiscal indicó que tanto el abogado como el expresidente de la Mutual hablaron de José Sánchez, quien llevaba la causa Tellechea, como instructor, en el Primer Juzgado de Instrucción, había declarado su exjuez, Zavalla Pringles. De esa forma, Oro le indicó a Del Castillo que el funcionario judicial quería comunicarse con Moyano e informarle de los peritos contables disponibles “para ver si conocían a alguno”. Por ello, Del Castillo “pidió que le pasaran la lista para verla junto con la directora de Contabilidad de la UNSJ, Alejandra Cuatros, su amante”, destacó el representante del Ministerio Público.

Ese día, Del Castillo se comunicó con Cuadros, a la que le manifestó que “van a sacar a Andrade del peritaje”. La mujer le respondió que ya se lo había comentado Pablo Garay, el perito de parte de los exdirectivos de la mutual, además de que le pidió los nombres de la lista de los especialistas en materia contable.

El 10 de abril de 2006, Oro le reitera a Castillo que Moyano debe comunicarse “urgente” con Sánchez por “el tema del nuevo perito” y que iba a entregar la lista de los profesionales disponibles. Además, el abogado le pidió que le avise al ex secretario de Acción Social de la provincia que “que no quede mal con Sánchez”, que le “lleve la plata de Sportivo (Moyano fue presidente del club de fútbol Sportivo Desamparados)” y que “son 500 mangos, de última”, reflejó el fiscal en su alegato.

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Por eso, resaltó que esa “conversación es esencial para comprender cómo se digitó la elección de la perito Paola Ginestar, con la corrupta complicidad de un funcionario judicial”. Ese mismo día, Del Castillo habló con Alonso, al que le manifestó que va a tener una reunión con el juez y que “es necesario presionarlo”, remarcó Maldonado.

El 16 de abril, César Oro le recuerda a Del Castillo que tienen que ir a “elegir perito”, por lo que este último llamó al perito de parte Garay (es decir, contratado por los exdirectivos) para que fuera al Juzgado para llevar adelante la selección.

Ese mismo día, Del Castillo se comunica con Cuadros, a la que le lee los peritos de la lista. La entonces directora de Contabilidad de la UNSJ le va señalando a los que conoce, al punto que le recomienda que no elijan a Luis Marún, porque es buen auditor “y los va a hacer pelota”.

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Luego, el expresidente de la Mutual habla con Cuadros, a la que le comenta que Garay ya había visto “una chica”, que se había puesto en contacto con ella para ver si quería asumir como perito. Después, se contacta con Moyano, al que le informa que estaba con el abogado Oro y el contador Garay eligiendo al perito. Del Castillo volvió a comunicarse con su amante, a la que le contó que había sido elegida una chica de apellido Ginestar, explicó el fiscal federal.

Por eso, Maldonado sostuvo que, si en la llamada causa económica las exautoridades de la institución “resultaban condenadas, caía su principal coartada en la desaparición de Tellechea: ya no podían usarlo de chivo expiatorio y, de igual modo, ya no podrían seguir sosteniendo que se había ausentado por el supuesto desfalco”.

Así, el fiscal resaltó que “la pericia contable que todos los defensores han esgrimido como una prueba que avala la ausencia de responsabilidad de sus representados es, en realidad, una demostración de su poder de influencia sobre las instituciones, en pos de garantizar su impunidad, reforzando de forma corrupta su coartada inicial”.

Hallazgo clave

Maldonado destacó que, en septiembre de 2023, casi 20 años después de la desaparición de Tellechea, apareció una caja “con material probatorio de inconmensurable valor para la causa” en la exbodega Cavic. No era otra cosa que las transcripciones y las desgravaciones de las llamadas de Del Castillo, las que no fueron dispuestas a la Justicia por parte de la Policía. Según fuentes judiciales, el entonces jefe de Policía de esa época, Luis Martínez, llevó la caja a Fiscalía, una vez que tuvo conocimiento de su existencia.

La prueba apareció durante el desarrollo del juicio, un hallazgo al que el fiscal definió como “una categórica prueba en sí misma. Esa información, valorada por un Poder Judicial imparcial, habría determinado que los imputados fueran condenados hace ya 18 años. Esto evidencia el impacto de la clandestinidad y la construcción de impunidad que tejieron los imputados, tanto exdirectivos como policías”.

Similitudes històricas

Maldonado explicó que la caja con las transcripciones fue hallada “en el mismo lugar donde se almacenaba la documentación del D-2 (Inteligencia) de la Policía de San Juan, que documentó la represión ilegal durante el terrorismo de Estado”.

No fue la única semejanza que utilizó el fiscal con el accionar de la dictadura militar. Así, recordó el caso “del desaparecido Jorge Antonio Bonil, que guarda similitudes con el caso Tellechea. Lo último que se supo sobre Bonil fue que se dirigía al RIM, donde cumplía el servicio militar. Nadie jamás vio cómo y en qué momento lo desaparecieron. Sin embargo, este Tribunal valoró adecuadamente el contexto que rodeó esa desaparición. Principalmente, el núcleo del conflicto con su superior, Juan Francisco del Torquio, lo que permitió arribar a una certeza sobre la existencia de la desaparición y la responsabilidad de los imputados”.

Además, Maldonado subrayó: “Otra semejanza fue la actitud posterior de los imputados: a Bonil lo hicieron pasar por desertor. A Tellechea, como prófugo”. Inclusive, ahondó en que “la desaparición de Bonil pudo mantenerse gracias a la complicidad del Poder Judicial. El entonces fiscal federal Juan Carlos Yanello fue condenado por este hecho. Lo mismo ha sucedido con Tellechea, habida cuenta del resultado de las pruebas producidas en este juicio”.

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Para sostener la acusación, el fiscal federal sostuvo que “no es posible reconstruir el momento exacto de la privación de la libertad de Tellechea, ya que la clandestinidad y oscurantismo en que se desarrollan estas conductas tornan imposible la existencia de testigos directos de ese episodio. Sin embargo, aquí cobra relevancia el contexto del conflicto previo”, que tuvo el ingeniero con los exdirectivos. “Parámetro de valoración que fue tenido en cuenta en sentencias condenatorias relativas  a desapariciones”, como las de Bonil, indicó Maldonado.

Además, hizo hincapié en “el comportamiento posterior de los imputados: se comunicaron con la Policía antes de efectuar la denuncia contra Tellechea, la presentaron con el objeto de instalarlo como prófugo. La afirmación de la falsa reunión del 27 de septiembre de 2004 (un día antes de su desaparición), el interés de Moyano en (Sebastián) Cortéz Páez (el falso arrepentido, a cuya madre contactó el exdirectivo), la constante información falsa introducida al proceso. La manipulación en connivencia con un alto funcionario judicial de la elección de una perito que efectúa una pericia contable que les resulte funcional y el amedrentamiento de testigos mediante la intervención de Flores. Tal como destaca calificada doctrina, la desaparición forzada de personas siempre guarda un nexo de vinculación con el Estado”.