Tras los pedidos de informes

Aranda: "Estoy a favor de la transparencia, en todos los casos"

El diputado provincial del Frente Renovador dijo que también acompañará los pedidos de informe que se hagan hacia la actual gestión.
viernes 30 de mayo de 2025

El diputado del Frente Renovador, Franco Aranda, se refirió a su postura sobre los 4 pedidos de informes que ayer presentaron los legisladores de Cambia San Juan sobre algunos aspectos de la gestión uñaquista.

“Me parece que uno siempre tiene que estar a favor de la transparencia, está bien que se investigue. Entiendo que hay un pedido  de informe de Patinella a esta gestión y mi postura es a favor de la transparencia y en todos los casos”, dijo a Radio Light, en el programa Demasiada Información.

“Son cuestiones que permite la ley y está bien. Habrá que ver si hay una segunda intención o realmente se quiere investigar”, agregó.

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Demandas por unos $1.823 millones contra la provincia

 

Uno de los pedidos de informe tiene que ver con dos inicios de demandas contra la provincia, por la actuación del entonces Ministerio de Desarrollo Humano en el gobierno uñaquista. Una de ellas lleva en la carátula el nombre del demandante (López Gaya, Luis Ernesto) y, en la otra, la que realiza el reclamo judicial es la empresa Total SRL. Ambas se encuentran en la etapa de mediación previa obligatoria y la primera se tramita en el Cuarto Juzgado Civil y, la segunda, en el Noveno, según consta en el proyecto.

 

De acuerdo a fuentes calificadas, en realidad, uno de los socios de Total SRL es Luis Ernesto López Gaya, quien figura como demandante en la otra causa. En ambos expedientes, el reclamo es por el valor actualizado por la entrega de medicamentos al Ministerio de Desarrollo Humano, de acuerdo al Convenio de Adquisición de Medicamentos y Alimentos Nutricionales firmado entre el Colegio Farmacéutico de San Juan y la cartera social.

 

En el reclamo judicial que hace López Gaya, pide una compensación económica de cerca de 706 millones de pesos. El que hace la empresa Total SRL (en la que López Gaya es uno de los socios) es por poco más de 1.117 millones de pesos.

 

Es toda la información que ha trascendido hasta el momento, además de que los planteos judiciales se hicieron este año y que, antes de que se abra el juicio en sede civil, habrá una instancia de mediación entre los abogados de López Gaya y los de Fiscalía de Estado, el organismo que cuida el patrimonio de la provincia.

 

En el pedido de informe del oficialismo, se plantea el “significativo importe de gastos erogados, los que resultarían improcedentes y que justificarían el no pago de las sumas reclamadas por supuestas irregularidades en precios y formas de contratación “. Así, se solicita “documentación existente que acredite la efectiva prestación de los servicios contratados, y la correcta elección de contratistas en cuanto a idoneidad, precios, alcances y condiciones de contratación. Asimismo, indicar si al respecto se han efectuado tareas de control”.

 

 

Los otros proyectos

 

En los fundamentos de otro de los proyectos, los legisladores del interbloque Cambia San Juan se refiere a “a las posibles irregularidades detectadas en la tramitación de los subsidios al transporte otorgados por el gobierno provincial a las empresas de transporte, nucleadas en ATAP, en los meses de octubre a noviembre del año 2023”. Así, expusieron que “entre las irregularidades que podrían existir destaca la forma de otorgamiento y percepción de los fondos”.

 

Otro de los pedidos de informe tiene que ver con una publicación de Diario Huarpe en 2024, por lo que los diputados señalaron “el significativo importe de gastos erogados en el año 2023 en concepto de publicidad, propaganda y/o difusión, mediante el sistema de contratación directa a empresas proveedoras del mismo grupo económico y/o mismo propietario y/o administrador sin antecedentes de idoneidad mínimos en el rubro”.

 

La última iniciativa apunta a que se “brinde información sobre la paralización de las obras de acueducto de Gran San Juan, debido a problemas de calidad de materiales e irregularidades en la subcontratación”.

 

En todos los casos, se solicitaron toda la documentación y detalles de dichos expedientes.

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