Expropiaciones: el largo recorrido para saber si el fallo queda firme y cuándo los condenados van presos

Al finalizar el juicio, a la salida de la sala del Concejo Deliberante de la Capital, Santiago Graffigna se abrazó con su familia, momento en el que brotaron algunas lágrimas. Minutos antes, tanto él como sus allegados escucharon el veredicto al que llegó el tribunal que lo encontró culpable de haber defraudado al Estado y lo marcó como el jefe de una asociación ilícita dedicada a estafar a la administración pública con sumas millonarias a través de juicios de expropiación. Por eso, los jueces lo condenaron a 7 años y 8 meses de prisión, junto a su colega Horacio Alday, que recibió la pena de 6 años tras las rejas. Para el exjuez Civil Carlos Macchi, el tribunal dispuso un castigo de 6 años y 2 meses de prisión y al exfiscal de Estado, Mario Díaz, 6 años de cárcel. Además, hubo otros condenados y también absoluciones. Si bien la sentencia marcó un hecho clave en una causa que demandó casi 15 años, todavía falta recorrer un largo camino para saber si el fallo queda firme y en qué momento los condenados van presos. Fuentes calificadas remarcaron ese escenario dado que, por distintos motivos, los cinco miembros de la Corte de Justicia están inhibidos de participar de la causa y también la mayoría de los camaristas penales de la provincia. Sin jueces que puedan intervenir, es casi un hecho que el máximo tribunal deberá integrase con los denominados “conjueces”, un listado de unos 20 abogados del fuero local que a fines del año pasado aceptaron ser convocados para intervenir en el caso de ser necesario. Para ello deberá producirse un sorteo que no tiene fecha prevista. Así, una resolución firme cerca de un año, incluso más, expresaron las fuentes.

El camino para una resolución final del megajuicio de las expropiaciones tiene varios pasos, con uno inicial que se dará el 4 de agosto. Ese día el tribunal, integrado por Silvina Rosso de Balanza, Martín Heredia Zaldo y Matías Parrón, publicará los fundamentos de la sentencia, esto es, los elementos que encontraron por los cuales la mayoría de los imputados fueron condenados a cumplir prisión efectiva. Tras esa fecha, las partes, defensas y también el Ministerio Público Fiscal, tendrán la posibilidad, hasta 10 días después, de presentar un recurso de casación, para que la Corte local estudie la causa. Sobre ese punto, la defensa de Santiago Graffigna, representada por Marcelo Fernández Valdez, adelantó que pedirá que el plazo para la presentación de ese recurso se extienda dada “la complejidad de la causa” y los elementos que la componen. De ser así, habrá que esperar, por lo menos, al último trimestre del año para que la causa “suba” a la Corte.

En esa instancia, ninguno de los cinco ministros de la Corte de Justicia podrá intervenir. En su momento, y al resolverse algunos planteos, la actual presidenta, Adriana García Nieto, se inhibió de participar porque ella fue funcionaria de la Secretaría General de la Gobernación cuando Walter Lima presentó la denuncia en la Justicia e intervino en algunos trámites administrativos. En esa línea, el cortista Marcelo Lima también se apartó por ser hermano del denunciante, mientras que Guillermo De Sanctis impulsó la causa cuando ocupó el cargo de Fiscal de Estado de la provincia. En los casos de Juan José Victoria y Daniel Olivares Yapur, ambos admitieron tener relación de amistad con los imputados, ya sea con Santiago Graffigna el primero, como con la exjueza Rosalba Marún de Sobelvio, quien falleció en julio de 2021, el segundo.

Dicha situación, según confirmaron fuentes oficiales, abre el paso para que la Sala Penal de la Corte de Justicia sea integrada con camaristas penales quienes, a su vez, en su mayoría están inhibidos por amistad o por haber tramitado la causa en algún momento. Esos son los casos de Benedicto Correa, Maximiliano Blejman, Juan Carlos Caballero Vidal (h), Daniel Guillén y Víctor Muñoz Carpino. Los jueces Juan Bautista Bueno y Miguel Dávila Saffe se inhibieron porque defendieron, cuando eran litigantes, a algunos implicados. Así, restará conocer la postura de los jueces Ana Lía Larrea, Renato Roca y Eduardo Raed, quienes podrían plantear inhibiciones.

De ocurrir, las fuentes aclararon que el procedimiento establece que se debe convocar a conjueces para integrar Corte, una lista de abogados locales que se conforma todos los años y que, para este 2025, está compuesta por unos 20 profesionales con más de 10 años de experiencia. Para definir quién podrá resolver los planteos, se debe hacer un sorteo y los designados podrán ser recusados. Si eso ocurre, se debe hacer otro sorteo para que la Sala Penal del máximo tribunal quede conformada.

Recién en ese momento se podrá aceptar o no resolver el eventual recurso de casación, lo que demandará tiempo. Si el planteo es denegado y la sentencia por el megajuicio de las expropiaciones queda confirmada, los condenados deberán cumplir la condena, esto es, quedar presos y hacer efectivo el pago que dispuso el tribunal. Es que en el juicio se dispuso “el decomiso del dinero proveniente del delito compuesto, mayoritariamente, por el cobro de honorarios, sin incluir el capital, fijado en la suma actualizada de 13.110.880.237,05 pesos, los que deberán ser ajustados a través de la intervención de organismos técnicos al momento en que esta sentencia adquiera firmeza y cuyo resultado deberá ser depositado en el plazo de 10 días hábiles a contar desde la ejecutabilidad de la presente”.  

Un dato no menor es que, si bien las partes pueden plantear un recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación analice la causa, el sólo inicio de ese recurso no frena el cumplimiento de la sentencia, a menos que el máximo tribunal del país diga lo contrario.

Mientras la sentencia no esté firme, los condenados no podrán salir del país y deberán presentarse del 1 al 10 de cada mes en la comisaría más cercana a su domicilio.

Además, de Graffigna, Alday, Macchi y Díaz, los condenados fueron: Ana María Melvin, a 4 años de prisión; José Elías Moreno, quien recibió 3 años de cumplimiento efectivo; Néstor Adán Ruiz, fue sentenciado a 4 años y 6 meses; Juan Pablo Quiroga, recibió 3 años y Víctor Hugo Bustos, 3 años y 6 meses. Mientras que Julio César Fernández, Adolfo Cravero y Eduardo Olivera fueron absueltos.