El oficialismo retocará la ley Impositiva para incluir un fondeo a Vialidad Provincial y gravar dos operaciones contractuales

Desde el Ejecutivo enviaron un proyecto a la Cámara de Diputados para modificar la ley impositiva de este año, la que se aprobó en diciembre de 2024. Entre los retoques, sobresale la restitución de un porcentaje de la recaudación del Impuesto Automotor para ser destinado a la cuenta de Vialidad Provincial para financiar pavimentación en todos los departamentos. Por otro lado, se gravan dos operaciones contractuales: se reincorpora una que había quedado afuera, como la cesión de derechos, y se agrega una que no venía figurando, como “los instrumentos de fecha anterior al 31 de diciembre de 2010”.

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La iniciativa partió del Ministerio de Economía, que conduce Roberto Gutiérrez, y, una vez en la Legislatura, deberá tomar estado parlamentario, ser girada a comisiones para su tratamiento, con el fin de que, luego, sea aprobada en el recinto.

El proyecto incluye en el artículo 78 de la ley impositiva 2025 (la 2.730 I) que se destine el 10 por ciento “del producido del Impuesto a la Radicación de Automotores” para “financiar la construcción de pavimentos firmes y sus obras complementarias respectivas en cada uno de los departamentos de la provincia”.

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Se trata de una reincorporación, ya que en la iniciativa se explica que dicho fondeo estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2024 en el Código Tributario (ley 151 I) y no se sostuvo para este año en ninguna normativa. Por ello, se vuelve a agregar, ahora, en la ley Impositiva, dado que “se considera conveniente dar continuidad de apoyo financiero a la Dirección Provincial de Vialidad”.

El tema no es menor, ya que representa un aporte más a los recursos de los que se nutre la repartición que tiene como objetivo el mantenimiento y la colocación de bacheo y asfaltos en calles y rutas provinciales. Incluso, la gestión orreguista lanzó un plan de pavimentación para todos los departamentos, en el que puso el 100 por ciento de los fondos e invirtió 12.451 millones de pesos.

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Para tener una dimensión, la Dirección General de Rentas (DGR) recaudó poco más de 18 mil millones de pesos del Impuesto Automotor el año pasado. El 10 por ciento son 1.800 millones de pesos. Es decir, se trata de un aporte, aunque todo suma, sobre todo en momentos en que los recursos de coparticipación federal han experimentado caídas por el parate de la actividad económica.

Ahora, ¿qué pasará, hasta que se apruebe la norma, con los meses en los que no se distribuyó ese porcentaje a Vialidad Provincial? El proyecto establece que el cambio empezará a regir desde el 1 de enero de este año, por lo que se dio un carácter retroactivo. Por eso, la iniciativa faculta al Ministerio de Economía a realizar las adecuaciones de las partidas presupuestarias correspondientes.

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Por otro lado, el proyecto incorpora la “cesión de derechos” dentro de los “los actos, contratos y operaciones” que se gravan en el marco del Impuesto a los Sellos con una alícuota del 1,30 por ciento. En realidad, el gravamen a ese tipo de contrato (cesión de derechos hereditarios, litigiosos, por ejemplo) venía de hace tiempo, incluso, en la ley Impositiva de 2024. No obstante, no se incluyó en la de este año, por lo que el Ejecutivo apunta a restituirla en lo que queda de este período.

Luego, la iniciativa agrega un inciso y apartado a la normativa impositiva para “los instrumentos de fecha anterior al 31 de diciembre de 2010”. La fundamentación señala que es con el fin “de adecuar el valor al contexto actual de los actos o contratos celebrados con anterioridad” a dicha fecha. También está dentro del Impuesto a los Sellos, en la Sección de los Impuestos Fijos. De hecho, la incorporación establece un gravamen de 200 Unidades Tributarias, las que están en 100 pesos cada una, de acuerdo a la última resolución de la DGR.

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De acuerdo a fuentes consultadas y de los registros de leyes impositivas anteriores, es nuevo el gravamen a dicha operación contractual, además de que llamó la atención. Sucede que, según explicaron, la prescripción en materia tributaria es de cinco años.

Por otro lado, se plantea una adecuación del artículo 50 de la ley Impositiva, en cuanto se faculta al Ministerio de Economía a “establecer mecanismos de compensación y/o pago a cuenta sobre los tributos que perciba” Rentas. La redacción actual solo contempla la compensación a cuenta del Impuesto a los Ingresos Brutos.

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La ampliación del beneficio está ligada a la implementación del Certificado de Mano de Obra Formal Industrial (Cemofi), el cual, en líneas generales, consiste en un bono para el sector industrial con el que puedan afrontar el pago de cualquiera de los tributos (Ingresos Brutos, Automotor, Inmobiliario y Sellos). El crédito se calcula en 3 millones de pesos por cada trabajador registrado de una empresa.

La actividad industrial local estaba exenta del pago de Ingresos Brutos, mientras que las compañías no radicadas en la provincia debían abonarlo. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que eso era discriminatorio, por lo que casi que obligó a San Juan a cobrarle el tributo a todas las empresas. La solución fue el Cemofi.

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Pero como el bono permite la compensación de todos los tributos y la ley Impositiva solo lo contempla para Ingresos Brutos, por eso el Ejecutivo considera que hay que ampliar ese aspecto en la normativa.

Además, el proyecto postula el cambio de la tasa retributiva de los servicios hídricos para las concesiones de uso agrícola que se debe pagar en Jáchal por hectárea empadronada, de acuerdo con el Código de Aguas. En la ley Impositiva de este año, al departamento norteño se le había fijado un canon de 33 mil pesos, pero la iniciativa del oficialismo la baja a 24 mil pesos.