Tras un escándalo judicial y político, cómo fue la llamativa presentación que permitió el hallazgo de 150 computadoras, impresoras y tablets valuadas en $90 millones

A principios del año pasado, el exjefe de Policía de la gestión uñaquista, Luis Martínez, hizo una presentación judicial donde pidió que se investigue el faltante de 150 computadoras, impresoras y tablets, valuados en 90 millones de pesos, que fueron adquiridos gracias a un aporte de Nación, pero que nunca llegaron a estar en manos de la fuerza. La causa resultó un escándalo porque, según la documentación, hubo un cotejo de precios, facturas, tres desembolsos nacionales y remitos donde figuraba que los equipos fueron entregados, pero no se encontraban en ninguna de las dependencias policiales y tampoco en el Cisem 911. Ahora, a más de un año y medio del escándalo, los aparatos parecen haber sido hallados gracias a una llamativa “denuncia” que realizó quien proveyó los equipos. Según explicó el secretario de Seguridad y Orden Público, Enrique Delgado, una persona presentó una nota en el Tribunal de Cuentas, indicando que “se enteró por los medios” que los equipos estaban siendo buscados y que los mismos se encontraban “a disposición” en un local comercial. Tras un allanamiento, la UFI Delitos Especiales determinó que, mientras avanza la investigación, la Policía sea la depositaria judicial de los aparatos.

El faltante de equipos de computación por 90 millones de pesos resultó un escándalo en la provincia. A mediados de 2023 el anterior secretario de Seguridad local, Carlos Munisaga, firmó un convenio con el exministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, para recibir una “asistencia financiera” en el marco del Plan Piloto de Fortalecimiento Tecnológico para la Seguridad Ciudadana (FOR.TE.SE.C.). Los fondos llegaron en tres cuotas, que fueron depositadas a una cuenta bancaria específica que se creó para ese propósito, ya que los fondos no podían tener otro destino. La denuncia de Luis Martínez derivó en una investigación judicial, por la que la UFI Delitos Especiales se declaró incompetente para intervenir por estar involucrados fondos nacionales. A su vez, la Justicia Federal también se declaró incompetente, al indicar que existieron presuntas irregularidades provinciales, por lo que la causa se derivó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que defina qué fuero debe intervenir.

El expediente al máximo tribunal del país fue remitido a principios del año. Ahora, tras un procedimiento, al parecer fueron encontradas el viernes pasado. Lo llamativo de la causa es que la Policía y la UFI Delitos Especiales pudo llegar a los equipos gracias a una presentación que una persona realizó hace unos 15 días en el Tribunal de Cuentas, organismo conducido por Pablo García Nieto, funcionario que viene del pernismo y con estrechos vínculos con el actual jefe comunal de Rawson. 

La presentación en la repartición provincial indicando dónde se encontraban los equipos, 150 computadoras, 20 impresoras y 10 tablets, fue confirmada por el secretario de Seguridad, Enrique Delgado. Sobre el llamativo caso, el funcionario orreguista indicó que “a ese local se llegó gracias a que la proveedora de las computadoras, del 2023, hizo una presentación en la Defensoría del Pueblo, donde dijo que los equipos estaban a disposición en ese domicilio. Inmediatamente, el Tribunal de Cuentas comunicó a la Policía, quien a su vez avisó a la Secretaría de Seguridad. Así, se hizo un procedimiento de constatación de hecho del que participó la Policía con la subsecretaría de Control de Gestión y la Escribana Mayor de Gobierno”. De esa manera, “se determinó que había cajas, pero no se realizó la apertura ya que la Secretaría de Seguridad informó a la UFI sobre la situación, quien, a su vez, realizó un allanamiento”, que se produjo el viernes pasado.

Sobre el escrito espontáneo en el Tribunal de Cuentas, Delgado dijo que se produjo “hace más de dos semanas” y que “la persona que se presentó dijo que se enteró por los medios de comunicación que estábamos buscando las computadoras y dijo que estaban a disposición a la espera de que sean retiradas”. Además, brindó la dirección del local comercial donde se encontraban, el que, según trascendió se ubica en las inmediaciones de calle Hipólito Yrigoyen y Estados Unidos, en la Capital.

Un dato clave que explicó Delgado es que, ahora, la UFI Delitos Especiales, debe realizar un entrecruzamiento de datos entre las computadoras, tablets e impresoras halladas y las que en su momento fueron compradas por la Policía en 2023.