El secretario general de los Taxistas, quedó totalmente desvinculado de una causa por presunta estafa

El titular del Sindicato de Taxis, Walter Ferreri, quedó liberado de toda sospecha en un caso penal que lo investigaba por una supuesta estafa. La fiscalía, tras una minuciosa investigación, concluyó que las acusaciones no constituían un delito y determinó que el conflicto debía resolverse en el ámbito civil y comercial, no en el penal. El gremialista fue defendido por el abogado Agustín Idemi.

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La situación fue particular porque la causa estuvo a punto de ser formalizada. De hecho, la jueza de Garantías, Flavia Allende, intervino en el proceso. A pesar de que el fiscal Eduardo Gallastegui había presentado una descripción de los hechos, la jueza consideró que las pruebas eran insuficientes para imputar a Ferreri y ordenó continuar la investigación.

Dos meses después de esa directiva judicial, el Ministerio Público, representado por el fiscal Gallastegui, se basó en nuevas pruebas para ratificar su posición inicial. Entendió que la conducta denunciada por las cinco personas representadas por el abogado Juan Manuel Riveros no se ajustaba a un delito penal. La presentación había sido realizada ante la UFI de Estafas y Delitos Informáticos.

Los denunciantes, quienes se sintieron engañados, alegaban que las cuotas sindicales que pagaban no tenían una contraprestación clara, variaban sin previo aviso y que no habían sido afiliados oficialmente. Además, afirmaron que su afiliación no estaba vinculada a su actividad laboral y que los pagos se hacían bajo la amenaza de perder sus "carpetas" y con ello, sus casas.

Sin embargo, el fiscal Gallastegui señaló que los denunciantes tienen a su disposición la vía civil para reclamar por pagos indebidos y buscar una restitución de los mismos, además de solicitar daños. Respecto a la afiliación, se determinó que se unieron voluntariamente al sindicato para acceder a viviendas que ya les fueron adjudicadas.

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Para la Fiscalía, la figura de estafa no se configuró, ya que no se comprobó la existencia de un ardid o engaño que llevara a las víctimas a cometer un error perjudicial para su patrimonio. Gallastegui destacó en su dictamen que la disputa se centra en "la validez, alcance y exigibilidad de obligaciones asumidas en convenios privados", lo cual es competencia del derecho civil y comercial.

De esta manera, la fiscalía desestimó la causa penal al considerarla una disputa contractual civil, derivada de un convenio donde las partes no concuerdan sobre el cumplimiento de las obligaciones. Los convenios de los que se habla fueron los que el gremialista firmó en el marco de la entrega de carpetas para la construcción de viviendas, un proyecto realizado en conjunto con el IPV.

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Si no están conformes con la decisión de Gallastegui, los denunciantes podrían solicitar la revisión del caso por otro fiscal coordinador. Esta acción podría tanto ratificar la desestimación como dar inicio a una nueva investigación. Por ahora, el tema judicial penal para Ferreri se da por terminado.