Un conocido sindicalista zafó, de momento, de la imputación en una causa por estafas

Una audiencia prevista para concretar la imputación formal contra un dirigente sindical sanjuanino dio un giro inesperado cuando la jueza a cargo decidió frenar el proceso. La causa, centrada en una presunta maniobra fraudulenta, apuntaba directamente al secretario general del Sindicato de Conductores de Taxis de San Juan, Walter Ferreri, quien por ahora logró evitar ser acusado formalmente.

El caso parecía encaminado hacia la imputación por defraudación, según lo planteado por el fiscal Eduardo Gallastegui. Sin embargo, al momento de exponer los fundamentos de la acusación, la defensa del gremialista planteó objeciones que la jueza Flavia Allende consideró válidas. Según trascendió, la descripción del hecho que pretendía imputarse no habría sido lo suficientemente concreta, lo que llevó a la magistrada a rechazar la formalización de cargos.

La jueza determinó que aún no hay sustento probatorio claro para avanzar con la acusación y, en consecuencia, dispuso que la investigación continúe por otros 60 días. Durante ese período, el Ministerio Público deberá reunir elementos adicionales que justifiquen una eventual imputación. Este tipo de decisiones, si bien contempladas por el procedimiento penal, no suelen ser habituales, lo que generó sorpresa en el ámbito judicial.

Desde la defensa, integrada por los abogados Agustín Idemi y Federico González Viola, argumentaron que los hechos presentados por el fiscal no permiten encuadrar la conducta de su cliente dentro de una figura penal. Indicaron que no se logró establecer ni la acción delictiva concreta ni la intención fraudulenta, por lo que exigieron una precisión que, según sostienen, el fiscal no pudo brindar.

Idemi explicó que la denuncia contra Ferreri fue impulsada por antiguos afiliados al sindicato que habían accedido a viviendas gestionadas a través del IPV. Luego de recibir sus casas, se habrían desvinculado del gremio y dejado de pagar los compromisos asumidos. Al recibir cartas documento en reclamo, respondieron con una denuncia penal. Para los defensores, se trata de un conflicto contractual que debería resolverse en el fuero civil, sin intervención penal.

Mientras tanto, Ferreri permanece bajo la observación de la fiscalía, a la espera de que la investigación en curso determine si existen méritos suficientes para avanzar con una acusación formal.