DICTAMEN

El empleado de la UFI Delitos contra la Propiedad admitió que brindó información sobre un operativo, pero esquivó la cárcel

Se trata de Andrés Holeywell, quien le facilitó datos de un procedimiento a los integrantes de la 'Banda de los roba ruedas'. En un juicio de formato abreviado, aceptó un año de prisión condicional.
viernes 29 de agosto de 2025

El empleado judicial que se desempeñaba en la UFI Delitos contra la Propiedad, Andrés Holeywell, tuvo esta tarde la audiencia judicial en su contra, donde fue acusado de dos delitos por parte del Ministerio Público Fiscal. Sobre el sujeto, de trayectoria de años en Tribunales como trabajador, le recayeron los delitos de encubrimiento y delito de los deberes de funcionario público, motivo por el cual quedó detenido en las últimas jornadas.

Con este panorama, las partes igualmente llegaron a un acuerdo y en un juicio de formato abreviado, la jueza de Garantías, Verónica Chicón, lo condenó por ambos delitos a la pena de un año de prisión condicional, esquivando de esta forma la cárcel. Cabe destacar que, Holeywell admitió ante la magistrada su culpabilidad en los hechos que le endilgaron y que fueron descriptos por el fiscal de la causa, Adolfo Díaz.

En ese sentido, el caso que alertó esta situación delictiva a la Justicia, se dio cuando se intentó detener a integrantes de la conocida 'Banda de los roba ruedas'. Entonces, no se pudo dar con todos ellos como pretendía la Policía y, así, se activaron las sospechas sobre que alguien les había avisado previamente.

Según se mencionó en la audiencia, Holeywell, quien es sobrino del excortista García Castrillón desde 1987 hasta 1993 y su madre también fue empleada de la Justicia, lo conocían en el ambiente de Tribunales como un 'veedor judicial'. Mientras que, las escuchas telefónicas resultaron la clave para llegar a él por esta investigación que desató un fuerte cimbronazo en la Justicia sanjuanina.

De esta manera, intervinieron los teléfonos de los sospechosos vinculados  a la causa de los "roba ruedas", donde desde Fiscalía notaron que los protagonistas se referían a una persona que la nombraban como "veedor judicial", cuyo nombre era Adolfo.  Así, pudieron deducir que el responsable del delito era el empleado administrativo de la UFI Delitos contra la propiedad, ya que es el único integrante del personal con ese nombre.