Vendieron terrenos del Estado para la construcción de viviendas y ahora serán imputados por estafa

El Ministerio de la Producción de San Juan, encabezado por Gustavo Fernández, presentó una denuncia penal ante la Justicia luego de detectar una serie de irregularidades vinculadas al uso indebido de un terreno fiscal ubicado en el departamento Rawson.

En ese sentido, esta tarde, a las 18 horas, la jueza de Garantías, Mabel Moya, definirá en Tribunales lo pedido por Fiscalía de Estado, que es que a dos de los seis apuntados, tengan prisión preventiva por los próximos cuatro meses, mientras que a todos se les inhiban sus cuentas bancarias. A su vez, se pidió que se les imputen los delitos de "usurpación y asociación ilícita".

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La denuncia se refiere a transacciones inmobiliarias privadas realizadas por personas ajenas a la administración pública sobre tierras fiscales, es decir, inmuebles que son propiedad del Estado Provincial. Estas operaciones, presuntamente efectuadas con fines de lucro, infringen de manera directa las normativas legales que regulan este tipo de bienes, cuya finalidad está estrictamente delimitada por su condición jurídica.

El caso gira en torno al Lote N.º 90 de la Colonia Fiscal Domingo Faustino Sarmiento, ubicado en Médano de Oro, departamento Rawson, un terreno fiscal cuyo uso autorizado es exclusivamente agrícola. Sin embargo, en dicho lote se construyeron viviendas con quinchos y piletas, lo que derivó en la sospecha de ocupación y subdivisión irregular del predio.

Según consta en la presentación judicial, "los intereses y patrimonios estatales se encontrarían comprometidos y afectados severamente". A raíz de ello, la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas también inició una investigación paralela por presunto delito de estafa, ya que 42 personas habrían comprado terrenos en el loteo denominado “Vista al Cerro”, ubicado sobre calle Ramón Franco s/n, entre calle 11 y Roger Ballet, en la misma zona de Médano de Oro. El loteo consta de un total de 165 parcelas.

La denuncia señala como presuntos responsables a José Alberto Díaz, Víctor Javier Dávila, Estela Juana Capelli, Alexiana Díaz y Martín Gastón Díaz, quienes habrían intervenido en las operaciones de venta. Según testimonios, Capelli habría vendido el terreno a Díaz, quien luego fraccionó el Lote N° 90 y vendió pequeñas porciones del mismo a distintos compradores.

Además, se menciona la participación de Víctor Javier Dávila Jofré y Claudio Javier Sosa como vendedores en otras operaciones. Esta información surge de boletos de compraventa con firmas certificadas que fueron aportados por los compradores.

Una de las claves de la investigación apunta a la legitimidad de la propiedad del terreno. Fuentes cercanas al caso indicaron que Capelli habría declarado ser única heredera de José Hugo Capelli, a quien señalaba como adjudicatario original del Lote N.º 90. Sin embargo, registros oficiales indican que dicho hombre nunca fue adjudicatario del lote y falleció en 1994. De hecho, el terreno en cuestión permanecía desocupado y sin mejoras hasta 1997, cuando fue adjudicado legalmente, tras una licitación, a una persona de apellido Cerda, quien mantuvo esa condición hasta el año 2014.

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En resumen, los actuales ocupantes del Lote 90 habrían adquirido sus terrenos de personas sin ningún derecho legal de venderlos, ya que el supuesto origen de la propiedad no solo es ilegítimo, sino inexistente en los registros oficiales del Estado provincial.