El oficialismo disparó contra el uñaquismo por la estafa con tierras fiscales: “Sabían desde 2018 y no hicieron nada”

Que la gestión uñaquista estaba al tanto de las irregularidades con terrenos fiscales ubicados en Rawson que fueron vendidos por privados. Incluso, que las autoridades del Ministerio de la Producción sabían desde, al menos, 2018 y que no hicieron nada para evitarlo. Además, que existe documentación del área de tierras fiscales que da cuenta de que se había comenzado a lotear el predio de unas 7 hectáreas en el Médano de Oro, al punto que los particulares que compraron los terrenos se presentaron de manera masiva a mediados de 2023, antes de que el uñaquismo perdiera las elecciones y también antes del cambio de mandato, solicitando la escrituración al propio Ministerio de la Producción. Ese pedido fue rechazado recién en 2024, por el orreguismo, que alertó a Fiscalía de Estado sobre la estafa, lo que ahora derivó en una causa penal en la que hay seis personas imputadas por estafa, usurpación y asociación ilícita.

Las duras expresiones que representan una acusación contra la gestión anterior, fueron brindadas por el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, quien se mostró sorprendido al indicar que “apenas asumimos nos encontramos con una cuarentena de pedidos de escrituración de parcelas, personas que demandaban que el Ministerio de Producción les escriturara terrenos”. Además, explicó que “la situación de por sí era irregular, porque es imposible hacer un loteo en un terreno que no es propio”, ya que se trata de un terreno fiscal con destino productivo que pertenece a la provincia. Pero eso no fue lo único, Fernández fue más allá y dejó entrever que pudo haber un motivo político electoral. Sostuvo que “lo curioso es que en tiempos eh preelectorales, previo a las elecciones del mes de julio del año 2023, aparecen una cantidad de pedidos de escrituración” y lanzó “yo no sé si alguien les prometió una solución”.

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El escándalo con los terrenos fiscales de la provincia ubicados en el Médano de Oro, Rawson, tuvo un paso clave el miércoles pasado, cuando la jueza Mabel Moya imputó a seis personas por el delito de estafa, usurpación y asociación ilícita. Los implicados son José Alberto, Oscar y Martín Gastón Díaz, Víctor Javier Dávila, Estela Juana Capelli y Alexiana Díaz (hija de Martín Gastón). Se trata de un lote, denominado N°90, que fue subdividido en 165 parcelas, de las cuales fueron ocupadas, al menos, 48, bajo un emprendimiento inmobiliario llamado “Vista al Cerro”. En el lugar hay casas en construcción y otras finalizadas, la mayoría de fin de semana, con piletas y quinchos. Así, el perjuicio ocasionado sería millonario tanto para quienes compraron los terrenos, como para aquellos que decidieron llevar adelante construcciones. Es que la provincia busca recuperar el predio, por lo que las personas podrían ser desalojadas y las casas destruidas.

Sobre ese punto, Fernández dijo que “el único perjudicado, hasta el momento, es el Estado que no puede disponer de esos terrenos”. Además, fue claro al expresar que “tenemos que decir también que el terreno no se encuentra ocupado por familias en situación de vulnerabilidad, no es un asentamiento. Estamos hablando de gente de clase media, donde se han construido espacios de recreación para fin de semana, quinchos, piletas, es decir, no es gente con necesidades críticas. De tal manera que lo primero que hay que hacer determinar la responsabilidad de los vendedores”.

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Por otro lado, sobre el conocimiento de las gestiones pasadas, el funcionario orreguista dijo que “desde el año 2018, aproximadamente, ya había avisos de que se estaba produciendo una ocupación ilegal”. También fue crítico con las gestiones pasadas de Rawson, tanto de Juan Carlos Gioja como de Rubén García, ya que “hay que preguntar en el Municipio de Rawson, ¿Qué pasó? Porque hay conexiones eléctricas dentro del loteo y para realizar una conexión eléctrica tiene que haber un aviso y una conformidad por parte del municipio. Es decir, ¿con qué título el Municipio otorgó la autorización para que se instalaran medidores eléctricos? Bueno, habría que preguntarles a las autoridades municipales del momento”.

Por otro lado, puso en duda que la provincia pueda volver a utilizar el predio para uso agrícola, tal como está establecido para una colonia fiscal. Según Fernández “el terreno tiene una intervención, lo cual podría ser complejo retomarlo. Deberíamos entrar con topadoras, hacer nuevamente nivelación de suelo, sacar escombros, destruir construcciones. Es decir, el Estado debería asumir un costo y dudo que los privados lo quieran hacer”. Así, dijo que “es una situación bastante compleja que tiene que ver con una inacción en el momento en que había que actuar porque si los funcionarios del momento hubiesen hecho algo no se hubiese llegado a esta situación”.