La historia del Loteo "Vista al Cerro", por el cual estafaron a 48 familias que podrían ser desalojadas

Horas de desconcierto son las que viven al menos 48 familias del Loteo "Vista al Cerro", quienes actualmente se encuentran en una encrucijada judicial por los terrenos que adquirieron en esa zona del Médano de Oro, en Rawson. En dicho lugar existen 165 lotes que fueron destinados a la venta, pero la irregularidad principal -y que originó el problema que llegó a la Justicia- es que ese terreno era una colonia fiscal. La Colonia Fiscal Domingo Faustino Sarmiento, específicamente, la cual se encuentra ubicada en la zona de calle Ramón Franco, entre Calle 11 y Roger Ballet. Esto quiere decir que dicha porción de tierra tiene como única finalidad, por ley, la producción agrícola. Quien se adjudique esos terrenos debe documentar el plan agrario que desee desarrollar allí. 

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De acuerdo al relato del hecho, efectuado por el Ministerio Público Fiscal, en el año 1976, esa colonia fiscal (individualizada como Lote 90) habría sido adjudicada por la -por entonces- Dirección Nacional Agropecuaria a José Hugo Capelli. Capelli falleció en 1994 y su hija Liliana Capelli presentó una solicitud de adjudicación de ese terreno, afirmando ser su heredera. 

Sin embargo, esa colonia fiscal permaneció abandonada y sin modificaciones hasta noviembre de 1997, año en que es readjudicada a Carlos Cerda. Sin embargo, 17 años después, en 2014, las tierras le son confiscadas a Cerda, luego de corroborar, mediante inspecciones, que no había realizado las correspondientes mejoras que, según su proyecto productivo, prometió realizar. De esa manera, las tierras permanecieron vacías, sin mejoras y en un estado de total abandono. Desde ese entonces están bajo dominio privado del Gobierno provincial, hasta el día de hoy. O así debería ser legalmente. 

El presunto delito se produce en 2019, cuando Estela Juana Capelli (hija de José Hugo y hermana de Liliana), afirmando ser la heredera del Lote 90, se lo vende a José Alberto Díaz, quien realizó la subdisión del terreno, vendiendo pequeñas porciones de tierra. Así se origina el Loteo "Vista al Cerro", el cual constaba, según la demarcación realizada por Díaz, en 165 lotes. 

Otra de las irregularidades que señala Fiscalía, es que según el contrato de compra-venta celebrado entre Capelli y Díaz, el acuerdo fue por la venta de tres cuartas partes del terreno y que un tercio restante quedaría en poder de Carlos Vargas (esposo de Liliana Capelli), quien actualmente vive allí. Matemáticamente, es imposible dividir el terreno en 3/4 partes y un tercio restante, por lo que, en consideración de Fiscalía, no quedan claros los porcentajes de ocupación del mismo.

Al hacerse cargo del Lote 90, Díaz efectuó la subdivisión en lotes más pequeños con el objetivo de iniciar un emprendimiento inmobiliario, en el cual participaron sus hermanos Martín Gastón y Óscar Díaz. También figura como involucrada Alexiana Díaz, hija de Martín Gastón. Otro de los implicados es Víctor Javier Dávila. 

Fiscalía apuntó a José Díaz como el "propietario" del terreno, a su hermano Óscar como contador; su otro hermano, Gastón, como vendedor; la hija de este último, Alexiana, como vendedora, cobradora y quien promocionaba los lotes en redes sociales, en sitios como Marketplace de Facebook. Dávila, por su parte, argumentó ser "empleado" de los Díaz y que desconocía la naturaleza del hecho denunciado. 

Las ventas de lotes comenzaron en el año 2020, con contratos firmados ante un escribano público. De hecho, estas operaciones se realizaron con la intervención de varios escribanos, algo que a los investigadores les resultó curioso. 

Dichos lotes tienen una dimensión aproximada de 364 m2. y en ese momento, se vendían a unos $300.000. Las operaciones de venta eran al contado o a plazo (en cuotas). De hecho, algunos terrenos hasta fueron revendidos. Actualmente, hay 22 viviendas terminadas, 13 en construcción y alrededor de unos 50 lotes cuentan con cierre perimetral.                  

De acuerdo a la inspección realizada por el Estado provincial, no existe producción ni proyecto agro productivo en el lugar. Allí hay una garita de ingreso, pero no hay nadie vigilando. Además, la mayoría de los lotes con cierre perimetral poseen piletas con parrillero y en algunos casos, quinchos.

Otro detalle a señalar es que la mayoría de los vecinos están conectados a un solo medidor de energía, cuyas facturas llegan a nombre de Alexiana Díaz. 

Ahora, los 48 denunciantes enfrentan un perjuicio patrimonial debido a la inversión que realizaron en sus lotes para la construcción de sus viviendas (aparte del valor que invirtieron en la compra del terreno). 

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El perjuicio patrimonial al momento de la denuncia era de unos 102 millones de pesos. Según Fiscalía, teniendo cuenta la inflación, esa suma asciende a unos $400 millones. 

Ahora bien, en la denuncia de Fiscalía de Estado, que representa a la Provincia, la subdivisión parcelaria privada que se realizó sobre el Lote Nº 90, tiene la particularidad de infringir abiertamente la ley de aplicación que determina el destino rural de las tierras, pero se procedió a incluirla en negocios inmobiliarios sin ninguna autorización del Estado propietario, ni de ningún adjudicatario y dichos terrenos están fuera del comercio inmobiliario, ya que es propiedad privada del Estado sujeta a una ley especial con destino rural. 

Según el planteo de la querella, el Lote 90 de la Colonia fiscal Domingo Faustino Sarmiento jamás perteneció a Hugo Capelli, por lo que su hija, Estela, habría incurrido en una apropiación indebida del mismo, es decir, una usurpación. Además, al no ser propietaria del terreno, no tenía facultades para vendérselo a Díaz, existiendo así el delito de estelionato (defraudación que se produce cuando una persona, con la intención de engañar a un tercero, vende, grava o arrienda bienes que son ajenos, litigiosos, embargados o hipotecados, sin informar de esta condición al comprador). 

Los poseedores actuales del terreno habían pedido escriturar, pero al ser tierras del Estado, la querella pide desestimar esos pedidos e intimarlos a devolver los terrenos. Esto genera un panorama de incertidumbre a los 48 denunciantes, ya que podrían enfrentar un desalojo en el peor de los casos y  la pérdida de lo invertido en los terrenos. 

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Es así que se activa el segundo delito, que es el de estafa, el cual recae sobre los Díaz y Dávila, quienes acudieron a Tribunales para escuchar la imputación formulada por el fiscal Duilio Ejarque, ante la supervisión de la jueza de Garantías, Mabel Moya. Estela Capelli, por su parte, presenció la audiencia vía Zoom, ya que está radicada en la Provincia de Tucumán. 

Para Fiscalía es difícil creer que los Díaz no hayan advertido que se trataba de un terreno fiscal, propiedad del Estado. De hecho, señalan que existe un dolo (intención), a sabiendas de que era una colonia fiscal que no podía ser comercializada e igual hicieron caso omiso, lotearon el terreno y lo vendieron, perjudicando a los compradores que desconocían el origen de las tierras que estaban adquiriendo. 

Al cierre de este artículo, la audiencia de formalización contra los seis involucrados aún no finalizaba.