Perfila que este mes no habrá definición por el juez Montilla y que se extenderá el plazo de investigación

En los primeros días de abril el juez de Garantías Roberto Montilla había quedado en la mira, por presuntamente, querer intervenir en una causa judicial que no le correspondía y en la que había una persona detenida. Por el caso, el Ministerio Público Fiscal, a través de la UFI Delitos Especiales, formuló cargos e imputó al magistrado por los delitos de usurpación de funciones e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Tras ese planteo, el juez Pablo León resolvió someter a Montilla a proceso y confirmar una investigación penal preparatoria (IPP) de seis meses, plazo que vence en unas dos semanas. Bajo ese escenario, varias fuentes judiciales indicaron que, una vez vencida la IPP, no habrá definición por el juez Montilla ya que es casi un hecho que el tiempo de investigación se extenderá porque “restan pruebas por producir”. Dicha extensión deberá ser definida por el juez que entiende en la causa, una vez que las partes lo soliciten en una audiencia.

El caso del juez Montilla fue un verdadero escándalo en Tribunales, ya que se trató de una grave imputación contra una persona que llevaba poco más de un mes cumpliendo funciones en el Poder Judicial. Montilla fue designado juez de Garantías en febrero pasado, mientras que juró como magistrado el 12 de marzo y el 14 de abril fue sentado en el banquillo de los acusados. La causa, por la que quedó en la mira, fue la que se produjo cuando el magistrado buscó intervenir en varias oportunidades, incluso de manera presencial en una causa en la que una persona de unos 84 años se encontraba detenida en la Comisaría 4ta, acusado de haber cometido una estafa. Por el delito, dicha persona estaba a disposición de un juez de Flagrancia y no bajo el Sistema Acusatorio ni de los jueces de Garantías. Así, al parecer, Montilla intentó impartir órdenes y buscó un giro con el detenido, fuera de su competencia.  

Pero no fue lo único, ya que, tras la acusación, y previo a sentarse en el banquillo de los acusados, Montilla intentó hablar con el fiscal de la causa, Iván Grassi, lo que fue interpretado como una irregularidad porque no corresponde que un imputado tome contacto con el fiscal que tiene una causa en su contra. Y no solo eso, ya que, luego de la formalización de la acusación, Montilla presentó una denuncia contra el miembro del Ministerio Público por los videos que se viralizaron y que mostraron al juez en la Comisaría 4ta intentando dirigir la detención del anciano, denuncia que fue desestimada. Además, tras esas situaciones, el magistrado redobló la apuesta y formalizó una denuncia en la Justicia Federal en la que apuntó contra el personal de la comisaría por su accionar y por la filtración de los videos. Esa presentación también quedó en la nada.

En la audiencia de formalización de la investigación, fiscalía solicitó un plazo para llevar adelante la causa, lo que se fijó en seis meses que se vencen el 14 de octubre. En ese marco, fuentes calificadas indicaron que es casi un hecho que el período de investigación se extenderá ya que, en principio, tanto el MPF como la defensa oficial, representada por el Alejandro Martín García, solicitarían una extensión por la necesidad de producir más pruebas. En su momento, desde fiscalía, entendían que la investigación no iba a requerir mucho tiempo ya que, al parecer, sólo restaba el listado de llamadas que Montilla realizó hacia la Comisaría 4ta, entre el sábado 5 de abril y el domingo 6. Se desconoce, por el momento, qué otro elemento será necesario para concluir la investigación y que permitan archivar la causa o realizar una audiencia de control de acusación, esto es, que se formalicen los cargos contra el magistrado, la defensa formule objeciones y todo quede allanado para el juicio oral.

Un punto clave es que, a diferencia del proceso penal anterior, hoy los jueces pueden ser imputados y atravesar un juicio sin la necesidad de que se los destituya de sus cargos. De ser encontrado culpable, Montilla será apartado como juez. Por otro lado, de ser desvinculado de la causa, el magistrado todavía puede atravesar un castigo administrativo por un sumario que abrió la Corte de Justicia, proceso que está a la espera del resultado penal. Esto es, puede no haber cometido un delito, pero si acciones que no se condicen con su investidura y que pueden llevarlo ante un Jurado de Enjuiciamiento. Es que, al rechazar la denuncia que hizo contra Grassi, el fiscal Francisco Maldonado indicó, categóricamente que Montilla presenta “una desconcertante ignorancia del Derecho por parte del denunciante, al considerar su calidad de magistrado del fuero penal”.