El insólito planteo que hizo Gil para que no le quiten la matrícula: dijo que es víctima de persecución política por su alta imagen en Caucete

Para el abogado y exintendente de Caucete, Julián Gil, la causa que abrió el Tribunal de Disciplina del Foro de Abogados y la decisión que tomó el cuerpo para quitarle la matrícula tiene como base una “persecución política” en su contra. Esto es, que buscan perjudicarlo por su “alta imagen” que tiene en Caucete, donde fue jefe comunal durante cuatro años, del 2015 a 2019, ya que perdió la reelección ante la peronista Romina Rosas. El insólito planteo, que fue confirmado por allegados a Gil y por fuentes oficiales del Foro, llamó la atención porque el abogado caucetero recibió el castigo más duro, según las normas que rigen a los letrados, luego de haber reconocido que cometió el delito de encubrimiento al tratar de influir y cambiar la declaración de una víctima para beneficiar a un defendido suyo. Incluso, Gil aceptó una condena de un año de prisión en suspenso en un juicio abreviado, castigo que quedó firme. Otro de los puntos que llamó la atención, es que, además de sostener que sufre persecución política, Gil recusó a todo el directorio del Foro de Abogados, por las cercanías políticas que cada miembro tiene, aunque no puntualizó cuáles.

El llamativo planteo del exintendente caucetero fue plasmado en el recurso que presentó ante el Foro de Abogados a fines del mes pasado, pero trascendió ahora cuando el Directorio tomó cartas en el asunto y se encuentra analizando el escrito. En esa línea, fuentes calificadas indicaron que es probable que el Foro emita una resolución a fines de este mes, la que deberá indicar si coincide con la quita de la matrícula de abogado de Gil o si entiende que debe ser rechazada.

Fuentes cercanas al abogado indicaron que el exintendente está convencido de que toda la causa penal, en la que reconoció el delito de encubrimiento, más la investigación y decisión del Tribunal de Disciplina del Foro tienen un trasfondo político y así lo indicó en la presentación que hizo ante el Directorio del Foro. Es que, al parecer, mantiene una “alta imagen” en Caucete, valoración que lo pondría como un claro candidato, tal vez, para las próximas elecciones. En esa línea, esa situación no sería conveniente para el peronismo, contra quien perdió las elecciones, ni tampoco para el oficialismo, que no tendrían entre sus figuras. Lo llamativo de esa postura, es que Gil dejó el municipio en 2019 y desde ese momento se ha concentrado en su profesión, al punto que no se postuló para ningún cargo en las elecciones de 2023. Para estos comicios, trascendió que fue tentado por un espacio político, pero tras la causa penal “todo quedó en la nada” aseguraron.

Por otro lado, lo que llamó la atención de la presentación es que Gil sostiene que la causa está “prescripta”, esto es, que se extinguió por el paso del tiempo. Si bien el reconocimiento penal por encubrimiento se dio en agosto de 2024, la causa quedó firme en abril pasado cuando la Corte de Justicia le rechazó un planteo que hizo con el objetivo de anular la condena. Según la norma del Foro, cuando hubiera condena penal firme, el plazo de prescripción de las acciones disciplinarias es de un año “a contar desde la notificación al Foro de Abogados”. Desde la entidad que nuclea a los letrados de la provincia, aseguran que el caso no está prescripto.

Otro de los puntos que llamó la atención, es que Gil sostiene que la causa en su contra no está firme, a pesar que reconoció el delito en un juicio abreviado, porque decidió presentar un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según los abogados especialistas, dicha presentación no interrumpe la decisión judicial a menos que el máximo tribunal del país acepte analizar el planteo, lo que muchos entienden que es muy poco probable.

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Gil también cuestionó a todos los miembros del Directorio del Foro de Abogados, aunque no de manera individual. Al parecer, sostuvo que ninguno puede analizar la decisión del Tribunal de Disciplina porque “todos” cuentan con alguna cercanía política “que no aclaró”, explicaron las fuentes. Hoy el Foro está conducido por profesionales cercanos al oficialismo provincial, sector político con el cual Gil logró la intendencia en 2015 y en el cual compitió por la relección en 2019.

Sobre el resto de los fundamentos que expuso Gil para zafar del castigo del Tribunal, las fuentes expresaron que son variadas, pero “muy confusas”, incluso “con muchas contradicciones” lo que, al parecer, ha demandado tiempo al Directorio para tomar una decisión la que se espera a fin de mes.

Si el Foro confirma el castigo contra Gil, el abogado tiene la posibilidad de solicitar una revisión judicial ante el juzgado Contencioso Administrativo, según indica la ley. Tras ese paso, hay quienes entienden que le quedaría un paso más, un recurso ante la Corte de Justicia.

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Entre los abogados, no hay recuerdo reciente de una sanción tan dura como la decidida contra Gil, al punto que hay quienes recuerdan sólo dos, no más. Es que se trata de la máxima pena al entender que, al haber confirmado que cometió el delito de encubrimiento, Gil afectó profundamente “el decoro y ética profesionales”.

Es que, el 21 de agosto de 2024, Gil fue detenido en Tribunales debido a que se había desatado una investigación en su contra. De acuerdo con el expediente, quedó bajo la lupa por haberle entregado dinero a una mujer, víctima de un abuso sexual, para que cambiara la versión contra la persona que defendía Gil. La denunciante confesó todo el episodio y el exintendente quedó tras las cuerdas. Durante la imputación fiscal, y en juicio abreviado, Gil reconoció su responsabilidad penal en ese hecho y de otro similar en una causa distinta, por lo que aceptó que fuese condenado a un año de prisión en suspenso. La jueza Verónica Chiconi, finalmente, le aplicó esa pena por encubrimiento agravado.