En los cambios por la ley de Transporte, el Gobierno dispuso que las aplicaciones, como Uber, paguen Ingresos Brutos

Desde que se presentó el proyecto de ley de Transporte, las autoridades del Gobierno se reunieron y escucharon las sugerencias y pedidos de todos los sectores vinculados al traslado de personas y de los diputados de los distintos bloques. En medio de los cambios e incorporaciones, el secretario de Transporte del Ministerio de Gobierno, Marcelo Molina, confirmó que las aplicaciones (apps), como Uber o Didi, comenzaron a pagar Ingresos Brutos desde este mes.

Se trata del impuesto que se le cobra a toda empresa que despliega una actividad comercial y que, particularmente, a las plataformas digitales ligadas al transporte de pasajeros, recaía la crítica de otros sectores de que no abonaban nada por la explotación del rubro en la provincia.

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Es tan sólo una de las novedades que arrojó el análisis y la revisión del proyecto de ley, al punto que Molina remarcó que han receptado el 90 por ciento de los planteos que realizaron los distintos sectores (empresarios de colectivos, remiseros y taxistas), incluidos los que efectuaron los diputados en la primera reunión que mantuvieron con el funcionario. Incluso, el secretario de Transporte indicó que, en el encuentro de ayer con legisladores, tomaron el 100 por ciento de los pedidos.

El oficialismo quería tratar hoy la iniciativa sobre tablas, pero tuvo resistencia de bancadas aliadas (principalmente, del bloquismo) y de otras que se mostraban dispuestas al acompañamiento. En esencia, hubo malestar porque el orreguismo no comunicó internamente que su intención era avanzar con el tratamiento exprés del proyecto. Quedó, bajo la mirada del partido de la estrella y otros, como que los aliados del oficialismo eran arriados para que votaran a libro cerrado cualquier pretensión.

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En diálogo con 0264 Noticias, el vicegobernador y presidente de la Cámara, Fabián Martín, confirmó que el proyecto se tratará en la próxima sesión, prevista para el 11 de diciembre, dado que se prorrogarán las sesiones ordinarias. Así, destacó que el objetivo es lograr un respaldo aún mayor a la hora de aprobar la ley y darle la posibilidad a todas las bancadas de poder estudiar las modificaciones que se han realizado a la iniciativa.

En el programa “Demasiada información”, fue el diputado Fernando Patinella, de La Libertad Avanza, el que adelantó que su planteo había sido que “se diese alguna respuesta al planteamiento que hacían los sectores de transporte para que se garantizase el pase a la igualdad en términos de tributación. En este sentido, el secretario de Transporte manifestó que ya se había dado inicio a un mecanismo de cobro a las aplicaciones en lo que implica rentas provinciales”.

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Molina ratificó ese punto y explicó que no es un tema estrictamente del área de Transporte, pero que trabajaron con la Dirección General de Rentas para poner en marcha ese pedido. En líneas generales, explicó que las aplicaciones para el traslado de pasajeros, como toda empresa, tiene su Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), la que habilita para hacer movimientos y transacciones bancarias. Dicho CUIT, es monitoreado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ex AFIP, y todo pago a las aplicaciones queda registrado y blanqueado.

De esa manera, en el contacto entre la DGR y ARCA, se instrumentó el cobro de Ingresos Brutos para las apps, resaltó el titular de Transporte.

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No es lo único, ya que el funcionario detalló las modificaciones que llevó adelante con el equipo de la Secretaría de Transporte, a los que le agradeció, tanto al personal de planta como a técnicos, el trabajo realizado en la elaboración de la iniciativa, sin necesidad de recurrir a consultorías externas.

El proyecto incorpora la regulación de las aplicaciones de transporte y establece duras sanciones para todos aquellos que no estén inscriptos en el registro oficial que se pondrá en vigencia.

Afuera el alquiler de licencias

Antes de ingresar a los retoques, Molina resaltó un punto que es innegociable: la eliminación del alquiler de licencias. Se trata de un sistema que se reguló en la antigua ley 7.536 de 2004, durante la primera gestión giojista, la que permitía que, el titular de la licencia de reñís, prestase el servicio a través del vehículo de terceros. En esa normativa, se estableció un máximo de 15 licencias por persona.

Sin embargo, con la ley 8.555, de diciembre de 2014, en el final de la tercera administración giojista, se elevó el número de licencias se elevó considerablemente. “las personas físicas o jurídicas podrán ser titulares de hasta un máximo de licencias que no superen el siete por ciento del parque total de licencias habilitadas”. En la práctica, implicó saltar de 15 a unas 120 licencias, indicó Molina.

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Además, la ley actual de Transporte (basada en la 7.536) indicaba que, “para poder prestar efectivamente el servicio de remís, los licenciatarios deberán encontrarse adheridos a agencia autorizada por la autoridad de aplicación”. Así se montó el mecanismo de alquiler de licencias, el cual fue criticado por los propios choferes, debido a que imponía la concentración en pocas manos, cuyos propietarios de agencias cobraban jugosas sumas a los conductores para poder trabajar.

Ahora, la gestión orreguista deja atrás el mecanismo de alquiler de licencias para pasar a un sistema de registro. Todo conductor interesado en prestar el servicio de transporte de pasajeros, en las modalidades contempladas en la norma, deberá anotarse en el Registro Provincial de Transporte (Reprotran).

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Molina resaltó que, con el nuevo procedimiento, todo conductor interesado en brindar el servicio de transporte de pasajeros, podrá hacerlo al registrarse y cumplir con los requisitos que exige la ley nacional de Tránsito, como carnet profesional y contar con un seguro para transporte de personas y no para terceros transportados.  

Los dueños de agencias y que poseían licencias de remís solo podrán tener un certificado de registración, el propio, si es que desean prestar el servicio a título personal, por lo que se irán licuando sus licencias.

Cambios en el servicio regular de colectivos

El secretario de Transporte señaló que se hicieron eco a un pedido de la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), los dueños de las empresas de colectivos. La ley actual establece que el porcentaje máximo de líneas que se le puede adjudicar a una compañía es del 30 por ciento, mientras que el proyecto orreguista lo bajó al 15 por ciento.

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Molina expresó que el porcentaje, finalmente, quedará en 25 por ciento, pero que se dio una modificación aún mayor: la limitación ya no será por líneas, sino por unidades de colectivos. Al ser por líneas, no todas tienen el mismo valor ni la misma capacidad de recaudación. No es lo mismo una que viene de la villa cabecera de Rawson a la Capital que una que circula en un departamento alejado. La primera tiene entre 30 y 35 unidades, mientras que, la segunda, apenas una. En ese marco, recauda más, obviamente, el que tiene más colectivos con menor frecuencia.

Entonces, el funcionario reconoció que es “muy lógico” pasar de una limitación del porcentaje de líneas al número total de unidades afectadas al servicio.

Leasing para todos y un año de adecuación

La iniciativa oficial sólo contemplaba el mecanismo de leasing (el uso y alquiler de un vehículo por un plazo determinado con la opción de compra) para el servicio regular de colectivos, pero, tras los  pedidos, se extendió a taxis y remises.

Además, se determinó una especie de período de gracia de un año desde que la nueva ley esté vigente para que los prestadores del servicio se pongan al día con las exigencias.

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Por otro lado, Molina indicó que se estiró la antigüedad máxima de 10 a 15 años de una movilidad para los servicios contratados, ya que son unidades que tienen una amortización distinta. A diferencia del servicio regular, hacen menos kilómetros y pasan mucho tiempo detenidas.