Las mineras plantean dudas de que la provincia responda ante la demanda de nuevos proyectos, y el Gobierno sale al cruce

En un cierre de año junto con periodistas, desde la Cámara Minera local (CMSJ) plantearon dudas sobre si el Ejecutivo estará en condiciones de cumplir con la alta demanda que puede implicar la puesta en marcha de dos proyectos mineros. La mirada se posó sobre las distintas habilitaciones y permisos que requieren, por ejemplo, la puesta en marcha de Vicuña (Josemaría y Filo del Sol), en Iglesia, y Los Azules, en Calingasta. Incluso, el presidente de la CMSJ, Iván Grgic habló de “un esfuerzo monumental” que tendrá que hacer el Estado y puso en duda si tendrá la “capacidad” suficiente para darle el OK a los requerimientos de las empresas. En la misma línea se expresó Michael Meding, gerente de Los Azules y presidente del Grupo de Empresas Mineras Exploradoras (GEMERA), al indicar que “es un trabajo grande, entre el sector minero y el Estado, para que no se genere un cuello de botella”. Las manifestaciones no tardaron en llegar al Ejecutivo, que salió al cruce a través del Ministerio de Minería. Su titular, Juan Pablo Perea, dijo que “desde el Estado no va a existir ningún tipo de demoras” a los requerimientos de las empresas y que “me encantan los desafíos y no le tengo temor a que existan uno o dos proyectos para evaluar”.

Ambos sectores realizaron un balance positivo sobre el año que está terminando, período en el que se concretaron varias solicitudes por parte de las empresas para acceder al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), y al menos una de ellas, Los Azules de McEwen Copper obtuvo el OK. Esta última logró una aprobación por 2.700 millones de dólares, mientras que el costo de su construcción se estimó en casi 3.200 millones de dólares. En el caso del proyecto Vicuña, de la unión de las empresas BHP y Lundin Mining, aplicó bajo la denominación de proyectos Estratégicos de Exportación a Largo Plazo ("PEELP"), lo que implica una inversión inicial en los próximos dos años de 2.000 millones de dólares, con casi la mitad de ellos a desembolsar en 2026.

No son los únicos, ya que la firma minera Glencore, a cargo de El Pachón, en Calingasta, también solicitó acceder al RIGI con una inversión de 9.500 millones de dólares, aprobación que espera lograr durante los primeros meses del 2026, junto con su estudio de factibilidad. Así, el inicio de la construcción de la mina está previsto para 2029 y un arranque de la producción de mineral hacia 2034.

Sobre los permisos y las dificultades que ven las empresas para que el Ejecutivo sea rápido a la hora de emitir los permisos necesarios, Grgic dio como ejemplo que, en la construcción del camino al proyecto Vicuña figuran más de 500 alcantarillas, las que deben lograr un OK de Hidráulica. Si bien se trata de un solo expediente, la cantidad de pasos de agua necesita un análisis individual, por lo que será necesario más de 500 habilitaciones de ese departamento. Así, manifestó que esperan que “el Estado esté en condiciones de tener capacidad para otorgar los permisos”, lo que implicará “un esfuerzo monumental por parte de la provincia”.

Incluso, y también a modo de ejemplo, para no encontrar inconvenientes por parte del Estado, Meding, de Los Azules, dijo que su proyecto quiere “ganarle a Vicuña” en la puesta en marcha. Esto es porque “la cantidad de recursos que requieren estos proyectos es grande y queremos que no compitan uno con otro”, ya que “en algunos casos, si no se tienen todos esos recursos, no se puede avanzar. Ese es el tema. Estamos hablando de la disponibilidad de gente, maquinaria, proveedores y también de los organismos públicos”. En este último punto, explicó que existe una “cantidad de pedidos a las distintas autoridades para que aprueben esas aplicaciones”, por lo que será “un trabajo grande entre el sector minero y el sector público para que no se genere un cuello de botella”.

Consultado sobre esa postura, el ministro de Minería, Juan Pablo Perea salió al cruce al decir que “yo tengo una seguridad absoluta de que somos un Estado eficiente y vamos a ser muy eficientes. Hemos dado muestra de ello con los cambios que hemos implementado”. A su vez, explicó que “desde el Estado no va a existir ningún tipo de demora” y fue más allá al decir que “hemos dado muestra de que se trabaja de manera eficiente y, particularmente, me encantan los desafíos y no le tengo ningún tipo de temor a que haya uno o dos proyectos o tres para evaluar”.

Cabe recordar que, a fines del año pasado, la cartera minera modificó una normativa clave, Decreto 007, que optimiza los procesos de evaluación ambiental. Entre los cambios figuran “una evaluación ambiental más ágil y precisa, la consolidación de un proceso claro y transparente, el incremento de la licencia social al garantizar que más proyectos obtengan la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), y la reducción de burocracia, priorizando criterios técnicos de alto nivel”. También la “incorporación de consultores y evaluadores adicionales para garantizar un proceso más flexible y eficaz, sin perder rigurosidad técnica y promoviendo el intercambio de conocimientos para fortalecer la calidad de los análisis ambientales”, entre otros.