LESA HUMANIDAD

Anunciaron que apelarán las absoluciones de los represores Eduardo Cardozo y Juan Francisco Del Torchio en San Juan

Es por una de las tantas causas en las que se investiga a los exmilitares. El fiscal federal dijo que irán a una instancia superior.
domingo 11 de enero de 2026

El Ministerio Público Fiscal anunció que recurrirá las absoluciones dictadas semanas atrás en San Juan para los represores Eduardo Cardozo y Juan Francisco Del Torchio en el marco del juicio que se les siguió por el secuestro y los tormentos aplicados a Abraham Cruz Videla, odontólogo vinculado a la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), durante la última dictadura cívico militar.

Tras conocer los fundamentos del fallo, que tuvo lugar el 12 de diciembre pasado, el fiscal federal Francisco Maldonado, representante de la acusación estatal en el debate oral y público que se desarrolló en San Juan desde fines de noviembre, anunció que discutirá ante la Cámara Federal de Casación Penal la decisión del Tribunal Oral Federal de la provincia de absolver de culpa y cargo a Cardozo y Del Torchio por considerar que no hubo pruebas suficientes para considerarlos coautores de delitos de lesa humanidad cometidos contra Videla, tal como llegaron acusados al debate.

Para Maldonado, quien fue acompañado en el juicio por el auxiliar fiscal Nicolás Ayestarán, los elementos probatorios sí resultaron concluyentes. Un día antes de que el juez Daniel Doffo y las juezas Eliana Rattá y María Carolina Preira dictaran su veredicto, Maldonado expuso su alegato que concluyó con el pedido de condenas de 8 años de prisión para ambos acusados. Los fiscales los consideraron “coautores del delito de privación ilegítima de la libertad, abusiva, agravada por el modo de captación, en perjuicio de Abraham Cruz Videla, y tormentos agravados por su carácter de funcionario público cometido en perjuicio de perseguidos políticos”, registraron medios locales.

Según consignó el sitio web del Ministerio Público Fiscal, las absoluciones del TOF “desconocen el carácter sistemático del plan represivo y el rol funcional que cumplieron los imputados dentro de la estructura militar”. Para la fiscalía, “los hechos no pueden analizarse como episodios aislados sino como parte de un dispositivo clandestino de represión que ya estaba en marcha antes del 24 de marzo de 1976, con centros ilegales de detención, interrogatorios bajo tormentos y traslados forzados de detenidos”.

Un secuestro antes del golpe

Abraham Cruz Videla era odontólogo, trabajaba en el Hospital de Valle Fértil y atendía también en la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA). Tenía tres hijos. Tenía una cardiopatía crónica. Su “delito” fue la simpatía política que le atribuyeron las fuerzas de seguridad. El 19 de mayo de 1975, cuando regresaba a su casa en pleno centro sanjuanino, un operativo militar lo secuestró frente a sus hijos, que entonces tenían entre 4 y 14 años.

Desde ese día, comenzó un largo recorrido por el Hospital Marcial Quiroga, en la localidad sanjuanina de Rivadavia, dependencias policiales, el regimiento del Marquesado —donde funcionó un centro clandestino—, el Penal de Chimbas y finalmente la Unidad 9 de La Plata, uno de los engranajes más duros del sistema penitenciario de la dictadura. En cada traslado hubo golpes, interrogatorios, amenazas y tormentos, agravados por el delicado estado de salud de la víctima.

Según testimonios, Videla también fue torturado en el hospital de Rivadavia. Sin embargo, para los jueces del tribunal su estancia se debió a una enfermedad cardiológica preexistente. Según consignaron en los fundamentos de la sentencia absolutoria, “no” encontraron prueba documental alguna de esas torturas ni de las que denunciaron sus familiares que sucedieron en el Servicio Penitenciario Provincial.

La detención se extendió durante más de cuatro años. Cuando recuperó la libertad, en julio de 1979, la persecución continuó por otras vías: fue cesanteado de su trabajo, no pudo reinsertarse profesionalmente, se le negó el acceso a cargos y estudios por razones “de antecedentes” y murió en 1982 sin haber logrado reconstruir la vida que le fue arrebatada.

Para el tribunal, “ningún testigo pudo ubicar a los imputados de manera concreta en los hechos atribuidos, como tampoco describir un aporte atribuible a ellos”, puntualizaron desde el sitio de noticias Fiscales.gob. Tampoco encontraron elementos para confirmar que los acusados “hubieran impartido órdenes, participado de traslados o intervenido en decisiones relacionadas con la detención o el trato dispensado a la víctima”.

Los acusados y el rol de mando

Cardozo y Del Torchio fueron juzgados y absueltos en su presunto rol de coautores mediatos del secuestro y las torturas aplicadas a Videla. Cardozo fue jefe de Sección y responsable del área de Arsenal del RIM 22. Diversos sobrevivientes lo señalaron como integrante del grupo de tareas, presente en secuestros, interrogatorios y tareas de inteligencia. Del Torchio, por su parte, se desempeñó como jefe de Sección de la Compañía de Infantería A y fue reconocido por víctimas que lo ubicaron en operativos, en el penal de Chimbas y durante sesiones 

Fuente: Página 12