DICTAMEN

Un juez federal le exigió al Ejecutivo que aplique la Ley de Emergencia en Discapacidad desde el 4 de febrero

El Juzgado Federal de Campana también le dio cinco días al Ejecutivo para informar los avances administrativos para cumplir la norma.
martes 20 de enero de 2026

Este martes, el juez federal Adrián González Charvay le dio dos semanas al Ejecutivo nacional para que implemente la Ley de Emergencia en Discapacidad a partir del 4 de febrero.

Además, el Juzgado Federal de Campana, donde se tramita un proceso colectivo que comenzaron dos padres que obtuvo alcance nacional, le dio cinco días al Ministerio de Salud y a la Agencia Nacional de Discapacidad para informar el avance de los trámites necesarios para que se cumpla la normativa que fue sancionada por el Congreso.

Esta medida del juez se solicitó incluso sin tener un pronunciamiento por parte de la Cámara Federal de San Martín, que tiene en trámite una apelación del caso.

La apelación en cuestión fue impulsada por Santiago Castro Videla, el procurador de la Nación, tras la implementación inmediata de la norma que ordenó González Charvay el 12 de diciembre. El recurso que implementó el jefe de los abogados del Estado se presentó en la Sala II de la Cámara Federal de San Martín, que aún no resolvió.

El conflicto por la Ley de Emergencia en Discapacidad

La Ley de Emergencia en Discapacidad se sancionó en el Congreso en julio de 2025, pero tiempo después el presidente Javier Milei vetó la norma. En Casa Rosada aseguraron que la decisión se tomó para cuidar el equilibrio fiscal.

No obstante, el Poder Legislativo rechazó el veto presidencial y el Ejecutivo no tuvo otra opción que promulgar la normativa. Pero, en ese momento, el oficialismo agregó un artículo para suspender la aplicación de la ley, bajo la justificación de que el Congreso no detalló de dónde saldría el dinero para los nuevos gastos previstos.

Frente a este contexto, el juez González Charvay sostuvo que la decisión del Gobierno fue una invasión a las facultades del Congreso y violó el principio de supremacía constitucional.