Una academia científica pone reparos a la reforma de la Ley de Glaciares que impulsa el Gobierno

La Academia Argentina de Ciencias del Ambiente (AACA) expresó un fuerte rechazo a la reforma de la Ley de Glaciares que promueve el Poder Ejecutivo y cuyo tratamiento legislativo está previsto para febrero en el Senado. Desde la entidad advirtieron que la iniciativa podría afectar la disponibilidad de agua y reclamaron al Congreso que no avance con su aprobación.

A través de un comunicado firmado por su presidenta, Marta Litter, y el secretario general, Mariano Aguilar, la academia sostuvo que la propuesta “contiene aspectos con potencial detrimento de la disponibilidad del agua” y que, además, “no contribuye a un desarrollo minero eficiente”.

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Según el documento, los cambios impulsados sobre la ley 26.639 podrían habilitar actividades mineras e industriales sin garantizar la preservación de las cuencas hidrográficas e hidrogeológicas que abastecen de agua al consumo humano, a la producción agrícola y ganadera, y a la protección de la biodiversidad. También alertaron sobre el impacto en la investigación científica y en el valor turístico de estas zonas.

El pronunciamiento se suma a otros cuestionamientos realizados por sectores científicos y organizaciones ambientales, tanto a nivel nacional como internacional, que también se manifestaron en contra de la reforma.

El proyecto de ley, que ya cuenta con dictamen de mayoría en la Cámara alta, propone modificar el régimen de presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial. Uno de los ejes centrales es otorgar a las provincias la potestad de definir qué glaciares deben ser protegidos en función de su importancia hídrica estratégica.

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Desde el Gobierno nacional sostienen que la iniciativa busca permitir el desarrollo de actividades mineras en áreas actualmente restringidas y responde a reclamos de provincias como Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta.

Entre los artículos más cuestionados se encuentran el primero y el tercero bis. El primero establece que las provincias serán la autoridad de aplicación final para la protección de glaciares y ambientes periglaciales. Para la AACA, esta redacción genera ambigüedades y podría derivar en discrepancias de criterios entre las autoridades nacionales y provinciales.

En tanto, el artículo tercero bis incorpora un principio precautorio que protege a los glaciares “hasta tanto” la provincia verifique que no cumplen una función estratégica como reserva de agua. La academia advirtió que esta formulación contradice el principio precautorio establecido en la Ley General del Ambiente, que obliga a prevenir daños aun cuando no exista certeza científica plena.

Finalmente, la entidad también cuestionó los artículos quinto y séptimo del proyecto, al considerar que debilitan los controles y criterios científicos que rigen actualmente la protección de los glaciares en el país.

FUENTE: LA NACIÓN