La Ley de Emergencia Nacional de Discapacidad fue aprobada y reglamentada por el Gobierno

El Gobierno nacional oficializó la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad (Ley 27.793) y puso en marcha un nuevo esquema para las pensiones no contributivas. La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto 84/2026, firmado por el presidente Javier Milei, y marca un cambio estructural en la gestión, control y otorgamiento de estos beneficios.

La decisión se produjo luego de un fallo del Juzgado Federal de Campana, que ordenó la aplicación inmediata de la ley tras declarar inválido un decreto anterior que había suspendido su implementación por falta de financiamiento. Aunque el Estado nacional apeló la sentencia, el Ejecutivo avanzó con la reglamentación para cumplir con los plazos impuestos por la Justicia.

Uno de los ejes centrales del decreto es la creación de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, que reemplazará al esquema vigente hasta ahora. La norma establece que todas las pensiones otorgadas con anterioridad serán convertidas automáticamente al nuevo régimen, un proceso que se realizará de oficio y estará sujeto a verificación de datos y condiciones.

La reglamentación instruye a la autoridad de aplicación a llevar adelante un proceso de identificación, relevamiento y control de todas las pensiones vigentes. En ese marco, se fijó un plazo de 30 días para que se presente un plan de auditorías periódicas, que deberá ser consensuado con el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS).
Estas auditorías apuntan a verificar la situación socioeconómica de los beneficiarios y el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley, en un intento por mejorar la trazabilidad de los fondos públicos destinados al área.

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Otro de los puntos destacados del decreto es la incorporación de criterios de compatibilidad entre la pensión y determinados ingresos laborales. Según se desprende del texto oficial, el objetivo es fomentar la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo, sin que ello implique la pérdida automática del beneficio.

De esta manera, el nuevo régimen busca articular la asistencia económica con políticas de empleo, evitando que la pensión funcione como un obstáculo para la inserción laboral formal.

La reglamentación también ratifica la incorporación de la Secretaría Nacional de Discapacidad bajo la órbita del Ministerio de Salud. Según los considerandos del decreto, esta decisión responde a una concepción integral del derecho a la salud y la protección social, que abarca dimensiones sanitarias, económicas y de acceso a derechos.

A partir de ahora, el Ejecutivo deberá avanzar con la reglamentación operativa, las auditorías y la puesta en funcionamiento del nuevo sistema de pensiones, en un contexto marcado por el seguimiento judicial y el debate sobre el alcance de la emergencia en discapacidad.