Para La Iglesia de San Juan la baja de edad de imputabilidad en menores es un "retroceso para los derechos humanos"

A pocos días de que el Congreso Nacional retome el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad, la Comisión de Justicia y Paz del Arzobispado de San Juan hizo pública su postura y expresó reparos frente a las iniciativas que buscan reducirla a 14 años —e incluso a 13, según algunos proyectos—. El organismo eclesial sostuvo que la reforma del régimen penal juvenil requiere una mirada profunda, pero advirtió que centrar la discusión en la punición anticipada resulta “una falacia” si no se atienden las causas estructurales del problema.

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El actual régimen penal juvenil, establecido por la Ley 22.278, tiene más de cuatro décadas de vigencia. Desde la Comisión reconocieron la necesidad de su actualización, en línea con pronunciamientos recientes de la Conferencia Episcopal Argentina y de las comisiones episcopales de Pastoral Social. Sin embargo, remarcaron que modificar la edad de imputabilidad no constituye, por sí sola, una respuesta eficaz frente a la inseguridad.

En ese sentido, señalaron que el debate no puede desligarse de factores como el fácil acceso de niños y adolescentes al consumo de drogas, la exclusión educativa y la falta de espacios de contención social. El Arzobispo de San Juan, monseñor Jorge Lozano, ya había advertido que “es inmoral” que haya menores fuera del sistema educativo y de salud, sin acceso a ámbitos deportivos, culturales o de formación en oficios.

Para la Comisión, la pobreza estructural, la desnutrición infantil, la violencia y la falta de oportunidades constituyen el trasfondo que empuja a muchos jóvenes hacia circuitos delictivos. Desde esa perspectiva, sostienen que un enfoque “netamente punitivista” deja de lado la complejidad del fenómeno y reduce la política criminal a consignas simplificadoras.

El documento advierte además que una eventual baja de la edad de imputabilidad podría implicar un retroceso respecto de estándares internacionales de derechos humanos, especialmente en lo que refiere al principio de no regresividad en materia de niñez y adolescencia. También plantea dudas sobre la viabilidad real de un sistema que, aun cuando se presente como resocializador, debería funcionar en un contexto de restricciones presupuestarias.

No obstante, la Comisión aclara que su postura no implica promover la impunidad ni desconocer el derecho de la sociedad —en particular de los sectores más vulnerables, que suelen ser los más afectados por el delito— a vivir en condiciones de seguridad. “La responsabilidad por el daño cometido no debe quedar desatendida”, afirmó Lozano, subrayando la necesidad de que quienes delinquen asuman las consecuencias de sus actos y que las víctimas sean reparadas.

Como alternativa, el organismo propone avanzar hacia un sistema penal juvenil con orientación restaurativa. Este modelo, impulsado en distintos ámbitos internacionales y con experiencias en el país y en la provincia, busca priorizar la reparación del daño, la responsabilización del infractor y su reinserción social, en lugar de limitarse al castigo.

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La Comisión también enfatizó la necesidad de políticas públicas inclusivas y de un trabajo articulado entre familias, instituciones intermedias y el Estado. Considera que la prevención del delito juvenil exige condiciones de desarrollo social sostenidas en el tiempo y adaptadas a las diversas realidades del país federal.

Finalmente, el mensaje pone el foco en los jóvenes como “signo de esperanza” y retoma palabras del papa Francisco, quien llamó a promover iniciativas que favorezcan la reinserción y devuelvan confianza a quienes han cometido delitos. “La solución de fondo es mucho más compleja que bajar la edad de imputabilidad”, concluye el pronunciamiento, e insta a construir propuestas superadoras que rescaten a los jóvenes “y no sólo los condenen”.