TENSIÓN CRECIENTE

Mientras el Gobierno nacional le colocó veedores en la AFA, Chiqui Tapia se mostró en Colombia con el presidente de la FIFA

El presidente sanjuanino de la entidad madre del fútbol en el país recibió la notificación de la IGJ que busca dilucidar sobre supuestos malos manejos. A su vez, el dirigente está en Barranquilla por una cumbre de Conmebol.
Chiqui Tapia, junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en Barranquilla, Colombia.
Chiqui Tapia, junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en Barranquilla, Colombia.
miércoles 25 de febrero de 2026

Luego de recibir una autorización especial de parte de la Justicia, finalmente el sanjuanino Claudio Tapia se encuentra actualmente en Colombia formando parte de una cumbre de la Conmebol. En ese contexto, el dirigente nacido en Concepción mostró en sus redes sociales oficiales qué está haciendo.

Así, publicó diversas fotos en su cuenta de Instagram junto a los dirigentes más importantes de la región, con el plus que también se fotografió con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con quien lo une una buena relación desde hace varios años.

Esta publicación de Chiqui se da en plena disputa con el Gobierno nacional que encabeza Javier Milei. En ese sentido, esta tarde el Ministerio de Justicia aceptó el pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ) para designar veedores en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en el marco de la investigación por presuntas irregularidades administrativas y contables. Según afirmaron fuentes oficiales, la resolución se hará oficial en las próximas horas, a más tardar mañana.

La medida prevé la designación de tres profesionales: dos abogados y un contador, que tendrán la tarea de relevar documentación y verificar información contable y financiera que, según la IGJ, fue requerida y no entregada por la entidad que preside Tapia. En el Gobierno aclaran que se trata de una veeduría y no de una intervención.

El pedido original fue formalizado por la IGJ a través de una resolución particular firmada por el inspector general Daniel Roque Vítolo, luego de detectar lo que calificó como “graves irregularidades”.

El organismo de control solicitó al Ministerio de Justicia la designación de representantes para acceder a los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025 y revisar la estructura financiera de la entidad.

Entre los puntos centrales de la auditoría figura la revisión integral del proceso de creación de la Universidad de la AFA (UNAFA), incluyendo la adquisición de inmuebles, el equipamiento, la contratación de autoridades y los convenios celebrados con terceros. También se analizarán las relaciones comerciales y financieras con empresas vinculadas a la comercialización de derechos deportivos y operaciones financieras.

La decisión se produce luego de que la IGJ advirtiera que la AFA no presentó el balance correspondiente a 2025, pese a los requerimientos formales y los plazos otorgados. El organismo sostiene que la documentación fue entregada de manera parcial y que aún faltan detalles sobre ingresos y egresos del último ejercicio.

El Ministerio de Justicia señaló que la AFA se negó a entregar “la documentación requerida, a pesar de que la IGJ le otorgó todos los plazos legales para regularizar su situación”, y precisó que los veedores “obtendrán y verificarán la información que no fue presentada”.

La auditoría también alcanzará los movimientos vinculados a la firma TourProdEnter y otras sociedades relacionadas con la comercialización de derechos. El foco estará puesto en reconstruir el flujo de fondos, incluidas eventuales remesas internacionales, y verificar el cumplimiento de las normas legales y estatutarias.

En paralelo, la IGJ rechazó el intento de la AFA de inscribir un cambio de domicilio a la provincia de Buenos Aires al constatar que la sede declarada no funcionaba como centro efectivo de administración. Según el organismo, la entidad mantiene su sede social en la calle Viamonte 1366 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y continúa bajo su jurisdicción.

Desde la conducción de la AFA sostienen que los estados contables fueron aprobados en asamblea y que existe cumplimiento impositivo vigente. No descartan judicializar la veeduría una vez formalizada la resolución. En el Gobierno, en cambio, insisten en que la medida se enmarca en las facultades de fiscalización previstas por la ley y que no implica sanción ni desplazamiento de autoridades.