El trasfondo de otra pelea en Chimbas: más control a la Intendencia, interpelación obligatoria a funcionarios y sanción al no responder pedidos de informes

La reforma al Reglamento Interno del Concejo Deliberante de Chimbas contiene un trasfondo político que sigue revelando la disputa entre el Legislativo municipal y la Intendencia, a cargo de la peronista Daniela Rodríguez. En líneas generales, las modificaciones contemplan un mayor control hacia el Ejecutivo a través de la creación de una comisión que tiene como fin una “fiscalización continua de proceso de compra, contratación de personal y ejecución de obra pública”.

No es lo único, ya que también se estableció que los secretarios del Gobierno municipal deberán concurrir obligatoriamente cuando sean convocados por el Concejo para una interpelación. En caso de no asistir sin justificación, el órgano deliberativo “podrá arbitrar las medidas legales y políticas que correspondan, según la gravedad del incumplimiento”.

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Hay más. Los pedidos de informes de cualquier concejal ya no pasarán por una especie de filtro que está en manos del presidente del Legislativo, sino que serán elevados directamente al Ejecutivo. Si alguna repartición o funcionario incurre en una demora, se lo considerará una falta grave, sujeta a sanciones de acuerdo a la ley de Procedimientos Administrativos.

Son los detalles principales que han trascendido de la reforma al Reglamento Interno, a la que accedió 0264 Noticias. Entre otros cambios, hay uno llamativo, que indica que el “veto parcial o total” a una ordenanza por parte del Ejecutivo “no es definitivo”. Esto último no estaba en la redacción original y es como que el Legislativo le marcara la cancha a la Intendencia y le recordara que la última palabra está en sus manos. Porque está claro que el veto no es definitivo, ya que el órgano deliberativo puede insistir y lograr la sanción de la norma si reúne las dos terceras partes de los miembros presentes. Si no lo consigue, ahí el veto queda firme.

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De ese punto, se modificó el procedimiento ante un veto parcial. Con el reglamento actual, el Concejo puede insistir frente a las objeciones de la intendenta, pero debe hacerlo “artículo por artículo”. Esto implica una votación por cada uno de los puntos, en los que se puede caer el voto de algún edil y no reunir la mayoría calificada. Ahora, el proyecto eliminó el “artículo por artículo”, por lo que los ejes en disputa se agrupan en una sola moción para insistir en la sanción y se va a una votación compacta, evitando el debate particular e individual.

Este último tema no es menor, ya que la jefa departamental vetó los cambios que el Concejo le hizo al presupuesto que había enviado.

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El proyecto de reforma del reglamento salió a la luz luego de que el Concejo reanudara el viernes una sesión ordinaria que había quedado pausada el 31 de diciembre. Así, saltó una primera modificación o, dicho de otro modo, el regreso a la redacción original.

“La estructura (un asesor y un secretario) corresponden al bloque y, en caso de renuncia al mismo por parte de algún concejal, no tendrá derecho a reclamar los cargos designados en cada bloque”, resalta el proyecto. Tal cambio afectaba al edil Luciano Cano, quien consiguió su banca a través del giojismo, pero se separó de la bancada peronista. No obstante, solicitó dichos cargos y, el pasado 21 de diciembre, el Legislativo aprobó por unanimidad la modificación de sólo ese artículo del reglamento, lo que le permitió tener la llamada estructura de bloque.

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Sin embargo, la bancada peronista, más un par de aliados, volvió sobre sus pasos al texto original que le impedía contar con esos puestos. La movida fue vista como una especie de represalia, ya que Cano fue uno de los concejales que no acompañó la jugada de la mayoría del Concejo de reformarle el presupuesto a la intendenta y aumentarse las partidas en un 253 por ciento, unos 4.200 millones de pesos extra.

Sin embargo, la reforma no se instrumentó porque Cano, el orreguista Eduardo Nuñez y María “Maruca” Arredondo (alineada con la intendenta) plantearon la nulidad de la sesión. Sostuvieron que el inicio de la sesión (el 31 de diciembre) y su continuidad (el viernes pasado) se hizo fuera del período ordinario de sesiones (que llegó hasta el 30 de diciembre). Incluso, advirtieron que, de no frenarse el proceso, irían a la Justicia.

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El bloque peronista retiró el proyecto para seguir estudiándolo, por lo que seguirá latente. Si bien lo que primero salió a la luz fue la situación de Cano, la iniciativa encierra otra fuerte embestida contra la Intendencia. La reforma naufragó, por ahora, gracias a la postura de los tres concejales, pero no son del palo de Rodríguez. De hecho, Núñez y Cano son opositores y han acompañado al oficialismo en votaciones circunstanciales y que han considerado que son positivas para los chimberos.

Entonces, la jefa comunal enfrentará el desafío de una futura y eventual reactivación de dicha reforma, en la que tiene en contra su propia bancada, sumado a que, en definitiva, el proyecto implica un mayor control del Legislativo para evitar discrecionalidades del Ejecutivo, aunque políticamente tenga otro significado.

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La gran disputa entre los órganos políticos e institucionales del departamento quedó blanqueada en diciembre. El Legislativo, con el bloque peronista que entró con la lista de la jefa comunal, le metió cuchillo al esquema de gastos y recursos que había diseñado la intendenta. Ahí, los votos fueron de los justicialistas Ariel Rivero (presidente del Concejo), Augusto Neyra, Ivana Cortéz, Noelia Tortarolo y Leonela Yúdica, más la libertaria Griselda Chávez y Eduardo Rodríguez (Pro), de Cambia San Juan, los que sancionaron la reforma. A su vez, Núñez y la peronista Arredondo se inclinaron por el rechazo, mientras que Cano se abstuvo

La intendenta vetó la ordenanza y, para insistir, el Concejo necesitaba una mayoría especial de siete de los 10 ediles. Los tenía, pero se bajó Chávez por la orden de La Libertad Avanza San Juan. De esa forma, se diluyó el número calificado y las miradas se posaron sobre Cano, quien mantuvo su postura.

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Fue la primer gran batalla y, ahora, se vieron atisbos de un nuevo round de los que fueron miembros del oficialismo contra Rodríguez, en el que la disputa por los bloques unipersonales, como el de Cano, fue apenas la punta del iceberg.

La reforma al reglamento del Concejo contempla la creación de una nueva comisión: la de Control de Gastos. Además de las funciones señaladas, sus miembros tienen la tarea de “detectar desvíos presupuestarios, auditar la facturación y evitar sobreprecios, garantizando en todo momento el uso legal y adecuado de los fondos públicos”.

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Por otro lado, el reglamento vigente indica que el Concejo “podrá acordar” el llamado a los secretarios del Ejecutivo para que asistan a dar explicaciones o informes solicitados por los ediles. En cambio, el proyecto determina que es una obligación y una “carga pública” que los miembros del gabinete del Gobierno concurran ante una convocatoria del Legislativo. Si pegan el faltazo, “el Concejo podrá arbitrar las medidas legales y políticas que correspondan según la gravedad del incumplimiento”.

En la reforma del reglamento, no se incluyó a la intendenta entre los funcionarios que deben asistir obligatoriamente a una interpelación, tal cual rige en la actualidad. Una señal para que la sangre no llegue al río en el máximo nivel de responsabilidad de la gestión.

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En cuanto a los pedidos de informes, hay dos detalles. Hoy, cuando un concejal elabora un proyecto en ese sentido, primero pasa por el presidente del Legislativo, quien lo envía al Ejecutivo. Con la reforma, el planteo de cualquier edil se eleva directamente a la jefatura comunal, sin ningún tipo de mediación.

Ante este cambio, hay fuentes que señalan que es una estrategia para que cualquier aliado de la bancada justicialista, distanciada de Rodríguez, llegue directamente con su reclamo al Gobierno municipal y que aparezca que los integrantes del bloque peronista no tienen nada que ver. Ahí, las miradas se posaron sobre el edil del Pro, Rodríguez, quien ha presentado pedidos de informes y al que le marcan su cercanía con el bloque del PJ.

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El tema es que la reforma sostiene que “el incumplimiento falta de respuesta extemporánea por parte del Departamento Ejecutivo Municipal será considerado falta grave, conforme a los plazos y previsiones establecidos en la Ley de Procedimientos Administrativos de la Provincia (1995 A) y normas concordantes”. Dicha normativa establece que “la demora o negligencia en el ejercicio de la competencia atribuida, constituye falta grave y puede ser motivo de remoción u otras sanciones administrativas, según su gravedad y sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o política, en su caso”.