Un organismo nacional metió mano en el manejo de la energía sanjuanina y le otorgó a una empresa el control de ese recurso: fuerte reclamo del EPRE

La publicación de la Resolución 79/2026 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) desató una fuerte polémica en San Juan. La norma establece un régimen de prioridad de uso sobre el corredor eléctrico minero Nueva San Juan–Rodeo en 500 kV y le otorga a la empresa Vicuña Argentina S.A. una prioridad del 90% sobre la capacidad remanente de esa infraestructura durante al menos 25 años.

Frente a este escenario, el EPRE y distintas empresas mineras realizaron una presentación formal para rechazar la medida y exigir la convocatoria a una audiencia pública donde puedan expresarse todos los actores provinciales, al considerar que la decisión sería ilegal.

En un comunicado el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (EPRE)  informó que solicitó formalmente al ENRE la convocatoria a una Audiencia Pública respecto a la solicitud de acceso a la capacidad de transporte para el proyecto minero Vicuña (Josemaría), en el marco de la Resolución ENRE Nº 079/26.

El organismo provincial señaló que el objetivo es garantizar que la integración de grandes proyectos industriales se realice mediante una planificación técnica rigurosa que no comprometa el servicio eléctrico actual ni el crecimiento proyectado de la provincia. Advirtió además que otorgar prioridades de uso sobre capacidades de transporte preexistentes sin la intervención de la Provincia y sin los estudios técnicos correspondientes compromete la seguridad del sistema.

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En ese sentido, indicaron que la provincia conduce un ambicioso Plan de Infraestructura Eléctrica que incluye el desarrollo de líneas y Estaciones Transformadoras de Extra Alta Tensión, lo que permitió dotar a San Juan de una red robusta para acompañar proyectos de gran escala y la inyección de energías renovables.

Asimismo, el EPRE remarcó que cualquier nuevo requerimiento de magnitud, como el de Vicuña Argentina S.A., debe discutirse en Audiencia Pública como mecanismo participativo para que intervengan todas las partes con interés legítimo y se ponderen adecuadamente los aportes técnicos. También solicitó la suscripción de acuerdos con la Provincia en el marco de las leyes vigentes, a fin de resarcir de manera equitativa los derechos por ampliaciones ya construidas que hoy se pretenden ampliar. “Ninguna alternativa operativa para proyectos privados debe implicar incrementos en las facturas de los usuarios de San Juan”, advirtió el organismo, al tiempo que subrayó que su requerimiento constituye un paso sustantivo para resguardar el interés público y garantizar que el crecimiento económico sea sostenible, seguro y equitativo.

Cabe mencionar y de acuerdo a lo publicado por el portal Minería & Desarrollo, la medida del ENRE dispone y cede una estructura financiada por todos los sanjuaninos durante más de 25 años a través del pago de la línea eléctrica de 500 MW —conocida como “línea minera”— y le concede a Vicuña la facultad de autorizar o no que, a través del corredor Nueva San Juan–Rodeo, puedan incorporarse obras públicas o privadas.

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La decisión generó además una crisis de credibilidad para la empresa minera, ya que reclamó para sí una infraestructura estratégica sin ponderar el impacto sobre proyectos de inversión ya aprobados y en ejecución, ni sobre otros en evaluación. El planteo deja en manos de Vicuña la posibilidad de autorizar, por ejemplo, que poblaciones del norte de San Juan se sumen a la red eléctrica.

La resolución del ENRE viola leyes nacionales y provinciales. Eso motivó que ya haya planteos en forma paralela a la del EPRE por parte de otras empresas mineras y de particulares que consideran la decisión una verdadera “burrada”, pese a que fue el planteo de las empresas BHP y Lundin para garantizar el abastecimiento de Josemaría y Filo del Sol.

Incluso pone en jaque otras inversiones millonarias que ya están autorizadas y avaladas por el gobierno nacional bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Los planteos de oposición de empresas mineras aseguran que la resolución “viola los principios de libre acceso, razonabilidad, proporcionalidad y optimización técnico-económica del sistema eléctrico”

De esta manera, el EPRE, Los Azules y empresas que han pedido ampliatoria de plazos para fijar posición, como Hualilan, entienden que si la solicitud de Vicuña avanza tal como se presentó, otros emprendimientos mineros deberán negociar acuerdos con esa compañía o incluso financiar obras de expansión adicionales, lo que tendría impacto en decisiones técnicas, económicas y en los tiempos de los proyectos. Desde el Ministerio de Minería confirmaron que están al tanto de esto y que su intención es actuar como una especie de monobloque para realizar el reclamo en la Nación.

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Vale destacar que ante la oposición de uno o más organismos estatales o empresas privadas, el ENRE ya está obligado a llamar a consulta pública para resolver la situación.

El trasfondo del conflicto

El 20 de febrero de 2026 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución ENRE 79/2026, que fija un régimen de prioridad de uso en el sistema de transporte eléctrico vinculado al corredor minero sanjuanino, que abarca Iglesia y Calingasta y sus áreas de influencia. El eje operativo es el corredor Nueva San Juan–Rodeo en 500 kV, una infraestructura clave para la planificación energética regional.

Vicuña Argentina S.A. presentó un plan de obras para ampliar y adecuar la infraestructura necesaria para abastecer sus proyectos. El punto central es que la resolución le concede el 90% de la capacidad remanente por 25 años, lo que implica que cualquier nuevo usuario dependerá de su autorización para acceder al sistema.

El corredor no fue construido desde cero por una sola empresa, sino que se apoya en infraestructura preexistente y cumple un rol estructural en una región donde conviven múltiples proyectos mineros. Reservar por décadas el acceso a esa capacidad, sin un mecanismo explícito para futuros desarrollos, deja condicionado el ingreso a un recurso estratégico para el crecimiento de San Juan.