Caso Branka Motors: dos meses de prisión preventiva y embargo total para los tres acusados

Este miércoles se reanudó la audiencia de formalización en el marco de la causa Branka Motors, donde se investiga una presunta estafa millonaria que habría perjudicado a 348 personas en la provincia por un monto que supera los 510 millones de pesos.

En la audiencia, Fiscalía solicitó medidas contundentes contra los acusados, sindicados como los responsables de la firma: los hermanos Jonatan y Alexis Marcó, y su socio Facundo Agustín Banega Suvire. Los tres fueron imputados por el delito de defraudación por fraude en calidad de coautores, en concurso real, por 348 hechos.

Tras escuchar a las partes, la jueza de garantías Carolina Parra resolvió dictar dos meses de prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial para los imputados y estableció un plazo de 12 meses para el desarrollo de la Investigación Penal Preparatoria (IPP).

Además, la magistrada ordenó la inhibición general de bienes y el embargo de todas las cuentas bancarias, billeteras virtuales y activos financieros registrados a nombre de los acusados, con el objetivo de resguardar eventuales fondos destinados a la reparación de las víctimas.

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Cabe recordar que los hermanos Marcó fueron detenidos el fin de semana en sus domicilios de Santa Lucía y Chimbas, respectivamente, tras allanamientos ordenados por la Justicia. En tanto, Banega se presentó de manera voluntaria en una comisaría de Rivadavia. Todos quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal y permanecían alojados en la Comisaría 27ª hasta que se concretó su traslado al Penal.

El caso tomó estado público en enero, cuando un importante grupo de personas se manifestó en la intersección de avenida Rioja y 25 de Mayo, en Capital, denunciando haber sido estafadas por la concesionaria de motos, que habría cobrado rodados que nunca fueron entregados.

Paralelamente a la investigación judicial, intervino Defensa del Consumidor. Su titular, Fabiana Carrizo, convocó a una audiencia a las partes, pero la firma no se presentó y la instancia de conciliación fracasó. Ante la ausencia de una propuesta para los damnificados, el organismo aplicó la multa máxima prevista por la ley y cerró la vía administrativa.

De esta manera, el conflicto quedó en manos de la Justicia penal, que este miércoles definió la situación procesal de los tres implicados.