El EPRE no descarta ir a la justicia contra la entidad nacional que otorgó a una empresa el manejo casi total de una línea eléctrica sanjuanina

Luego de que el EPRE (Ente Provincial Regulador de la Electricidad) diera a conocer que le solicitó al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) una audiencia pública por haberle otorgado al proyecto minero Vicuña el uso casi exclusivo de una línea eléctrica, la entidad local informó que no descarta llevar el caso a las instancias judiciales. ¿El objetivo? “Salvaguardar los derechos de las personas usuarias de la provincia de San Juan”. Esa dura postura quedó plasmada en la nota que el EPRE envió a Néstor Marcelo Lamboglia, interventor del ENRE, donde deja en claro su negativa a la resolución dictada a fines del mes pasado, en la que le permite al emprendimiento minero el uso prioritario “de la capacidad frente a terceros del 90% de la capacidad de transporte remanente… de la línea Nueva San Juan-Rodeo, operando en 500 kV”. Para el EPRE “no es técnicamente admisible comprometer dicha capacidad para el abastecimiento de nuevos requerimientos de demanda, tales como el solicitado por VICUÑA ARGENTINA S.A.” y la resolución del ENRE, a favor de la empresa minera, “constituye un ejercicio abusivo del derecho de acceso, que desnaturaliza la función social y estratégica del sistema de transporte”.

Si bien dejar la puerta abierta para realizar un reclamo judicial es una norma de estilo ante un reclamo administrativo, reafirma que el EPRE busca avanzar hasta las últimas instancias posibles en lo que cree que corresponde y bajo la premisa de proteger los derechos e intereses de los usuarios sanjuaninos. El conflicto con el ENRE y los beneficios energéticos para Vicuña salieron a la luz este miércoles cuando la entidad provincial dio a conocer que solicitó una audiencia pública para rever la resolución nacional. Frente a la polémica, además del EPRE, distintas empresas mineras realizaron una presentación formal para rechazar la medida y exigir la convocatoria a una audiencia donde puedan expresarse todos los actores provinciales, al considerar que la decisión sería ilegal. Es que, de quedar la norma aprobada, Vicuña tendría en manos, por ejemplo, la autorización de aquellos otros emprendimientos mineros que decidan sumarse a la red o cualquier otro consumidor de energía importante.

Este medio intentó comunicarse con la empresa minera, pero desde la firma se llamaron a silencio, dejando trascender que no les corresponde expresarse, ya que se trata de una decisión dictada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y que ahora es cuestionada por el EPRE.

Vicuña busca realizar una obra eléctrica clave para la explotación de la mina, con una conexión a la estación transformadora Rodeo, equipo que está operativo y que es parte de la línea eléctrica San Juan – Rodeo. Ese tendido fue desarrollado en conjunto entre Nación y la provincia, con aportes iguales entre ambos, con un costo total de unos 100 millones de dólares. La resolución del ENRE le da el manejo de la nueva energía que pasará por la conexión San Juan – Rodeo, esto es, utilizando una obra pagada por los sanjuaninos.

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La resolución del ENRE fue publicada en el Boletín Oficial Nacional el pasado 18 de febrero y, según el texto, aquellos quienes consideren “que la obra pueda afectarlos en cuanto a las prestaciones eléctricas recibidas o sus intereses económicos” tienen 10 días hábiles para plantear “su oposición fundada por escrito ante el ENRE”. Además, se estableció que “en caso de registrarse oposición común a varios usuarios o, respecto del acceso, la presentación de un proyecto alternativo al del solicitante u observaciones al mismo, se convocará a audiencia pública para permitir a las partes contestar y exponer sus argumentos”. Bajo este último punto es que el EPRE solicitó una audiencia pública porque, además de otros interesados, entiende que la resolución a favor de Vicuña es ilegal y debe ser modificada.

Incluso, así lo confirmó en la nota enviada al titular del ENRE, cuando indicó que “la capacidad de transporte existente y proyectada en el corredor eléctrico Mendoza – San Juan se encuentra estructuralmente comprometida para el abastecimiento presente y futuro de la Provincia de San Juan, no constituyendo capacidad remanente firme susceptible de asignación a nuevos requerimientos de demanda de gran magnitud”. Así, “la pretensión de capturar a futuro el 90% de la capacidad remanente actual constituye un ejercicio abusivo del derecho de acceso, que desnaturaliza la función social y estratégica del sistema de transporte, subordinando el interés general de la población de San Juan a un interés privado particular”.

Además, un dato no menor es que el EPRE indicó que “la Provincia de San Juan, a través de la coordinación entre las autoridades competentes y este Ente Regulador, está analizando y evaluando distintas alternativas de financiamiento para la ejecución de nuevas obras de transporte en extra alta tensión (energización en 500 kV de la EAT Nueva San Juan-Rodeo y LEAT Rodeo Chaparro), a ser integradas en el Sistema Argentino de Interconexión y redes del sistema interconectado provincial de San Juan, incluyendo mecanismos de colaboración público-privada, similares a los ya implementados exitosamente en la Provincia”.

Por último, la entidad local sostuvo que “previo al otorgamiento de la autorización por parte del ENRE para el acceso a las instalaciones existentes” corresponde que “Vicuña Argentina S.A avance en la suscripción de un acuerdo con la Provincia de San Juan y eventualmente con la Secretaría de Energía de Nación, en los que se convenga en forma expresa los aportes que los proyectos se comprometen a integrar”, lo que se entiende que la empresa minera debería pagarle a la provincia por el uso de los equipos eléctricos que ya existen.

Con el pedido de audiencia pública, el EPRE solicitó al ENRE que “postergue la decisión al respecto y se abstenga de aprobar la solicitud de acceso a la capacidad de transporte existente en el nodo Nueva San Juan y en el corredor Mendoza – San Juan a la sociedad Vicuña Argentina S.A., hasta tanto sean debidamente completados los estudios técnicos respectivos”; que “Vicuña adquiera los correspondientes Derechos Financieros” de las obras que ya existen y que “cualquier requerimiento de abastecimiento asociado al proyecto Vicuña Argentina S.A. deberá sustentarse en la ejecución de ampliaciones específicas del sistema de transporte, financiadas por el solicitante, que garanticen la preservación de las condiciones de seguridad, confiabilidad y calidad del sistema eléctrico provincial”.

De no cumplirse, el EPRE dejó expresas reservas para “promover las acciones judiciales que pudieran corresponder, a fin de salvaguardar los derechos de las personas usuarias de la provincia de San Juan”.