El avance de la Ley de Glaciares se atrasa por la inscripción de más de 18 mil personas al debate público

El debate por la reforma de la Ley de Glaciares enfrenta un freno inesperado en el Congreso: más de 18 mil personas y organizaciones se inscribieron para participar de las audiencias públicas en la Cámara de Diputados, lo que podría extender el proceso legislativo durante varios meses.

De acuerdo con estimaciones del oficialismo y la oposición, bajo el esquema actual de exposiciones —cinco minutos por participante— completar todas las intervenciones demandaría cerca de seis meses. La cifra incluso podría crecer, ya que el listado completo de inscriptos todavía no fue publicado y continúan registrándose nuevas solicitudes.

Las audiencias fueron convocadas por las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales, presididas por los diputados de La Libertad Avanza José Peluc y Nicolás Mayoraz. En principio, se fijaron dos jornadas de debate para los días 25 y 26 de marzo, de 10 a 19.

El primer día se realizarán exposiciones presenciales en la Cámara baja y el segundo estará destinado a intervenciones remotas para garantizar la participación desde distintos puntos del país. Frente al alto número de inscriptos, bloques de la oposición solicitaron ampliar las jornadas de audiencias para garantizar la participación de todos los oradores y cumplir con los estándares de participación ambiental establecidos en el Acuerdo de Escazú.

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El proyecto en discusión propone modificar el alcance de la ley vigente y limitar la protección únicamente a glaciares y zonas periglaciales que funcionen como reservas estratégicas de agua o áreas de recarga de cuencas. Con este cambio, las provincias tendrían mayor autonomía para determinar qué territorios deben ser protegidos en base a estudios técnicos.

En paralelo al debate legislativo, gobernadores de provincias mineras participaron esta semana de reuniones con empresas internacionales en Nueva York para promover inversiones en el sector, en un escenario donde el país intenta equilibrar desarrollo económico y protección ambiental.