Ordenaron suspender el juicio contra el intendente Castro hasta que se resuelva la denuncia que le hizo una fiscal por presunto "pacto de impunidad"

Se demora el inicio del juicio que tiene contra las cuerdas al intendente de Angaco José Castro, en el marco de la causa que lo investiga por malversación de caudales públicos, incumplimiento de sus deberes como funcionario y fraude contra la administración pública por, presuntamente, haber utilizado en 2019 (en su anterior gestión al frente de la intendencia) maquinaria y personal municipal en un predio privado de Chimbas. Es que ahora el tribunal resolvió suspender el comienzo del debate hasta que no se defina otro frente judicial contra el jefe comunal. 

Lee también: Angaco: la defensa de Castro pidió la impugnación del proceso y busca "sacar" la causa de lo Penal y llevarla al fuero administrativo

Se trata de la denuncia interpuesta por la fiscal Silvina Gerarduzzi en la UFI Delitos Especiales, para que Castro sea investigado por el convenio que firmó con concejales angaqueros, quienes lo habilitaron a pagar 5 millones de pesos para no sentarse en el banquillo de los acusados, es decir, a modo de reparación por el daño causado al municipio. Este convenio tenía como objetivo extinguir la acción penal contra el intendente.  

La funcionaria del Ministerio Público solicitó que se investigue a Castro y a los concejales Alberto de los Ríos, Roberto López y Alejandro Paredes por el presunto delito de negociaciones incompatibles con la función pública, encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario. Esto es porque el convenio propuesto por Castro y aprobado por los ediles, resultaría ilegal, de acuerdo a lo expuesto por Gerarduzzi.  

En la audiencia anterior sobre esta causa, al parecer la defensa entiende que el debate debe esperar hasta que se defina ese planteo penal que formuló la fiscal de Cámara Silvina Gerarduzzi. 

Este viernes, el Tribunal de Juicio conformado por los jueces Miguel Dávila Saffe, Víctor Muñoz Carpino y Juan Carlos Caballero Vidal (hijo), resolvieron suspender todo el proceso de juicio contra José Castro, hasta tanto se defina el caso que se está tramitando en el Sistema Acusatorio, es decir, el convenio que firmó el jefe comunal con los ediles, considerado por la fiscal como un "pacto de impunidad" para extinguir un acciones penal. 

Lee también: Se extiende hasta el 20 de marzo la definición de si Castro zafa, o no, del juicio por malversación

La impugnación de la defensa

Durante la última audiencia en el caso denunciado por la fiscal Gerarduzzi, la que fue celebrada el pasado lunes, los abogados defensores del intendente y los concejales sorprendieron al solicitar la impugnación del proceso y la suspensión de la audiencia incluso, bajo el argumento de que el conflicto originado por el polémico acuerdo conciliatorio es un asunto de carácter interno del Concejo Deliberante. Según la defensa, el caso no debería ser tratado como un delito, sino que corresponde ser dirimido en el fuero contencioso administrativo.

Este planteo busca desactivar la "embestida" de la Fiscalía, representada en este caso por el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Francisco Nicolía, que investiga al jefe comunal por malversación de caudales públicos y a los ediles, de los Ríos, López y Paredes, por encubrimiento agravado. El abogado de Castro, Marcelo Fernández, sostuvo ante el juez de Garantías, Gerardo Fernández Caussi que la intervención judicial no corresponde en esta instancia, ya que se trata de una resolución administrativa municipal, que tiene tintes "netamente políticos".

Sin embargo, el fiscal Nicolía rechazó de plano el pedido de impugnación de las defensas, ratificando la gravedad institucional de los hechos. Para el Ministerio Público, el intento de Castro de evitar el juicio mediante la donación de 5 millones de pesos a Cáritas —aprobada por una ordenanza de sus propios concejales— es un acto "ilegal" donde los funcionarios se atribuyeron facultades de jueces y fiscales. 

El juez Fernández Caussi rechazó diversos planteos previos de la defensa y corrió vista a un Tribunal de Impugnación, que deberá ser sorteado, y convocará a las partes para tomar posición en la causa.

Lee también: Fiscalía pidió 6 meses de investigación para Castro y los concejales por el acuerdo de conciliación para que el intendente no vaya a juicio

Tras esa audiencia, el abogado Fernández sostuvo que este proceso "es claramente una persecución política" asegurando que se está perdiendo el tiempo y gastando infraestructura, dinero en una causa que nadie tiene que hacer en el ámbito penal".