Nueva ley de Salud Mental: cautela y alerta por la falta de profesionales en zonas alejadas de San Juan

El Gobierno nacional se dispone a enviar al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Salud Mental Nº 26.657, vigente desde hace 15 años. La iniciativa, que podría ingresar a la Cámara de Diputados en los próximos días, apunta a introducir cambios en artículos, como las internaciones, el rol de los hospitales especializados y el financiamiento del sistema.

Uno de los puntos centrales de la propuesta es la reconfiguración del Órgano de Revisión (OR), actualmente encargado de supervisar el cumplimiento de la ley, que sería reemplazado por un equipo interdisciplinario con mayor participación del sistema sanitario. En ese marco, se busca agilizar procesos que hoy suelen estar atravesados por instancias judiciales.

Dentro de este contexto, en diálogo con 0264 Noticias, la psiquiatra, Laura Tamarit, exdirectora del Hospital Julieta Lanteri, analizó cómo estos cambios podrían impactar en San Juan, donde el sistema de salud mental presenta particularidades. “Lo que pasa es que hay una gran judicialización de casos, entonces eso hace que por ahí todo sea lento, porque los tiempos de la justicia y los del equipo de salud van variando”, explicó.

De acuerdo a la profesional, actualmente la provincia cuenta con tres clínicas privadas especializadas en salud mental, mientras que los centros de salud públicos disponen de atención ambulatoria con profesionales de psicología y psiquiatría. Sin embargo, Tamarit puso el foco en las dificultades estructurales, sobre todo en los departamentos alejados.

“(La nueva Ley) No habla del presupuesto, habla de evaluar cuántos profesionales se necesitan para cada lugar. En el caso de la norma actual, se tiene que hacer en un equipo. En la modificación propuesta, solamente el psiquiatra. ¿Cuál es el problema? No tenemos psiquiatras en todos lados. En Valle Fértil, Jáchal o Calingasta, por citar algunos departamentos, no vas a tener psiquiatra de lunes a lunes. No tenemos esa disponibilidad. Sería ideal que tengamos psicólogo, trabajador social y psiquiatra y guardia activa 24 horas en todos los hospitales”, detalló.

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Otro de los ejes del proyecto es la modificación en los criterios de internación. Según se plantea, un psiquiatra podría disponer una internación involuntaria en situaciones de urgencia, la cual debería ser ratificada por un equipo interdisciplinario en un plazo de hasta 24 horas, con intervención judicial en tiempos acotados. En los casos de internación voluntaria, el alta quedaría sujeta a la evaluación de la capacidad del paciente, con posibilidad de reconvertirse en involuntaria bajo ciertos criterios.

Sobre este punto, Tamarit señaló que “existen ciertos requisitos que no van a modificar, lo que cambia es que se tiene una mirada más del psiquiatra, y en la actual se mantiene una posibilidad de que sea un equipo donde puede participar más especialistas”.

Además, la especialista advirtió sobre posibles cambios en el enfoque de derechos dentro del sistema. “En la modificación propuesta habla de la posibilidad de que una persona solicite la internación de algún familiar. También recorta un poco los derechos de las personas con trastornos o padecimientos. La salud mental requiere de la intervención de diferentes sectores: educación, religión, etc. El concepto de salud mental va mucho más allá de la psiquiatría y la psicología. Lo cierto es que lo cotidiano no nos va a cambiar mucho. Pero sí hay un recorte de derechos”, afirmó.

Mientras el proyecto se espera avance en su etapa inicial en el Congreso, el debate comienza a tomar forma también en las provincias, donde los desafíos estructurales del sistema sanitario podrían condicionar la implementación efectiva de los cambios propuestos.