A 11 años del Ni Una Menos: qué cambió desde que se incorporó el femicidio al Código Penal y qué reclaman las familias de las víctimas

Este miércoles 3 de junio se cumplieron 11 años de la primera movilización de Ni Una Menos en Argentina, una manifestación que marcó un punto de inflexión en la visibilización de la violencia de género y los femicidios en el país. A más de una década de aquella marcha que reunió a miles de personas en las calles, el debate sobre las herramientas legales para combatir esta problemática vuelve a ocupar el centro de la escena.

En ese marco, la presidenta de Familias Unidas por el Dolor del Femicidio en San Juan, Victoria Villanón, habló con 0264 Noticias en representación de familiares de víctimas y de quienes acompañan diariamente casos de violencia de género. La referente analizó los avances logrados desde la incorporación de la figura de femicidio al Código Penal, las deudas pendientes del sistema judicial y los desafíos que aún persisten para prevenir estos delitos.

La figura de femicidio, incorporada al Código Penal en 2012, continúa siendo uno de los principales instrumentos judiciales para investigar y sancionar los asesinatos de mujeres por razones de género. Mientras familiares de víctimas y organizaciones destacan avances en la forma de juzgar estos delitos, también advierten que persisten falencias en la prevención, el acompañamiento estatal y el acceso a la Justicia.

La discusión cobró nueva relevancia luego de que el presidente Javier Milei manifestara su intención de impulsar una iniciativa para eliminar el agravante de femicidio bajo el argumento de avanzar hacia una "igualdad ante la ley". Frente a ese escenario, asociaciones que acompañan a víctimas remarcan que la figura legal representó una conquista histórica y que su eliminación implicaría un retroceso

Qué cambió desde la incorporación del femicidio

La Ley 26.791 fue sancionada en 2012 e incorporó al Código Penal el femicidio como agravante del homicidio cuando una mujer es asesinada por un hombre en un contexto de violencia de género.

La reforma estableció penas de prisión perpetua y permitió que fiscales y jueces contaran con herramientas específicas para investigar estos delitos.

Desde entonces, los asesinatos de mujeres dejaron de ser abordados únicamente como homicidios comunes y comenzaron a analizarse dentro de un contexto de desigualdad y violencia basada en el género.

Villanón destacó que también hubo una mayor visibilización social de la problemática y una participación más activa de familiares y organizaciones en los procesos judiciales.

Lo que sigue igual, según las organizaciones

A pesar de los avances, desde Familias Unidas por el Dolor del Femicidio sostienen que existen falencias que continúan sin resolverse.

Entre ellas mencionan la falta de recursos para mujeres que atraviesan situaciones de violencia, dificultades para acceder a programas de asistencia y problemas en la aplicación de leyes destinadas a proteger a víctimas y familiares.

Uno de los principales reclamos está relacionado con  Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos (Ley 27.372), una norma que reconoce a los familiares como víctimas indirectas y les garantiza acceso a información y acompañamiento durante los procesos judiciales.

 Según Villanón  la legislación "no se aplica plenamente y  muchas familias continúan enfrentando obstáculos para acceder a información sobre las causas". También cuestionó la falta de perspectiva de género en algunos sectores del sistema judicial. "Cuando vamos al Poder Judicial siguen maltratando a las mujeres que van a denunciar", expresó.

La dirigente aseguró además que continúan observando dificultades para desarrollar tareas de prevención y asistencia, especialmente en un contexto económico complejo que afecta tanto a las organizaciones como a las personas que buscan ayuda."Falta prevención, falta acompañamiento. Hay muchas cosas para cambiar y para avanzar", sostuvo.

Qué reclaman las asociaciones

Las organizaciones que acompañan a víctimas coinciden en que el desafío actual no pasa únicamente por mantener la figura de femicidio, sino también por fortalecer el resto de las herramientas de protección existentes.

Entre los principales pedidos aparecen una mayor aplicación de la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, más recursos para programas de asistencia, campañas de prevención, capacitación permanente de funcionarios y un acceso más rápido a la Justicia.

Desde Familias Unidas por el Dolor del Femicidio también señalaron que presentaron pedidos de audiencia ante autoridades provinciales para impulsar actividades de concientización y prevención, aunque aseguraron que todavía no obtuvieron respuestas.

El debate por una posible derogación

La figura volvió a quedar en discusión luego de que el presindente Javier Milei anunciara hace un año  que trabaja en un proyecto denominado "igualdad ante la ley", que buscaría eliminar normas que establecen diferencias jurídicas basadas en el género.

Entre las iniciativas mencionadas aparece la eliminación del agravante de femicidio incorporado al artículo 80 del Código Penal.Desde Casa Rosada argumentan que una pena no debería variar según el sexo de la víctima y sostienen que todas las personas deberían recibir idéntica protección legal.

Sin embargo, desde la Asociación Familias Unidas por el Dolor del Femicidio rechazaron esa posibilidad y consideraron que la figura responde a una realidad específica respaldada por estadísticas sobre violencia de género. "Sería algo terrible. Las cifras siguen siendo alarmantes", afirmaron. 

De 2012 a la actualidad: cómo nació la figura de femicidio

La incorporación del femicidio al Código Penal fue aprobada por unanimidad en el Congreso Nacional durante 2012, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

La Ley 26.791 surgió tras años de reclamos de organizaciones de mujeres, familiares de víctimas y organismos de derechos humanos que exigían que los asesinatos cometidos por violencia de género fueran reconocidos de manera específica por la Justicia.

Hasta entonces, muchos de estos crímenes eran abordados como homicidios comunes e incluso eran presentados socialmente como "crímenes pasionales".

La reforma incorporó como agravante los homicidios cometidos contra una mujer cuando mediara violencia de género y amplió las figuras vinculadas a relaciones de pareja presentes o pasadas.

La sanción de la norma fue considerada un punto de inflexión en el reconocimiento institucional de la violencia contra las mujeres y se convirtió en una de las principales herramientas para juzgar estos delitos.

Más allá del femicidio: las leyes que buscan prevenir, proteger y reparar

La figura de femicidio forma parte de un sistema legal más amplio construido durante los últimos años para abordar la violencia de género desde distintas perspectivas.

La Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, sancionada en 2009, permite que los jueces dicten medidas urgentes como exclusión del agresor del hogar, restricciones de acercamiento, botones antipánico y otras herramientas de protección.

En 2018 se aprobó la Ley Brisa, que otorga una reparación económica y cobertura de salud a hijos e hijas de víctimas de femicidio.

También se creó el Cuerpo de Abogadas y Abogados para Víctimas de Violencia de Género, que brinda patrocinio jurídico gratuito a quienes no pueden afrontar los costos de una representación legal.

Más recientemente, en 2023, la denominada Ley Olimpia incorporó la violencia digital a la legislación argentina y habilitó medidas para eliminar contenidos difundidos sin consentimiento en internet.

A estas normas se suma la Ley Micaela, vigente desde 2019, que establece capacitaciones obligatorias en perspectiva de género para funcionarios de los tres poderes del Estado.

Además, continúa funcionando la Línea 144, un servicio gratuito y confidencial de atención, orientación y asesoramiento para personas en situación de violencia de género durante las 24 horas.

Para las organizaciones, el desafío actual no pasa únicamente por mantener estas herramientas legales, sino por garantizar que se apliquen de manera efectiva y lleguen a quienes las necesitan antes de que la violencia termine en una tragedia.