Escaso y cada vez más contaminado, así está el principal acuífero de San Juan: un organismo estatal pide aplicar la ley, prohibir nuevos pozos y sancionar perforaciones ilegales

Una alerta con pocos precedentes ha surgido desde el ámbito científico sanjuanino. El Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación para la Gestión Integral del Agua en el Árido (CIGIAA), una institución pública y de carácter interinstitucional que está integrada por profesionales de organismos nacionales con sede en San Juan, ha recomendado formalmente al Gobierno de la Provincia suspender de manera precautoria el otorgamiento de nuevos permisos de perforación y aplicar sanciones severas a quienes realicen pozos clandestinos. Esta solicitud es la conclusión central del Séptimo Informe Técnico de Coyuntura publicado en mayo de 2026, un documento que expone el alarmante vaciamiento físico y la severa contaminación química que padece el Acuífero Tulum, la reserva hídrica subterránea más estratégica de San Juan, que hoy abastece al 50% de la población y sostiene la mitad de la actividad agrícola regional.

El diagnóstico elaborado por los científicos; mediante el consorcio CIGIAA que nuclea al INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), INA-CRAS (Instituto Nacional del Agua - Centro Regional de Aguas Subterráneas), UNSJ (Universidad Nacional de San Juan) y CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales); justifica la urgencia de cerrar el grifo a nuevas explotaciones. Los monitoreos realizados entre 2023 y 2025 revelaron que el sector libre de los
acuíferos, que es la capa de agua más cercana a la superficie, se vacía a un ritmo de dos metros por año. Por su parte, el sector confinado, o la reserva más profunda que está atrapada a alta presión entre capas de roca y arcilla impermeables, retrocede un metro y medio anual, perdiendo la fuerza natural que hacía brotar sus pozos de forma espontánea. Esta alarmante caída se debe a un desajuste crítico: la red de embalses (Caracoles, Punta Negra y Ullum) retiene el agua superficial para el consumo y el riego por canales, pero no destina caudales al cauce natural del Río San Juan, anulando la recarga del acuífero. Como consecuencia, la cuenca subterránea enfrenta en absoluta soledad un bombeo incesante. Esto ya ha provocado fenómenos de subsidencia (el suelo se hundió dos metros en un sector del departamento Pocito), lo que aplasta la estructura de sedimentos y destruye para siempre la capacidad futura del acuífero para almacenar agua. Es decir, el acuífero no sirve más.

Responsabilidad política, y sospechas de corrupción

Detrás de este crítico escenario técnico subyace un trasfondo de profunda  responsabilidad política. Especialistas en gestión hídrica advierten que es muy probable que se haya llegado a este extremo debido a una prolongada inacción y falta de previsión frente a la sequía estructural que la provincia arrastra desde hace más de una década. La situación actual no es un imprevisto de la naturaleza que se pueda solucionar en el corto plazo; por el contrario, representa un daño acumulado. Las medidas de urgencia extrema que hoy el CIGIAA le exige al Ejecutivo provincial exponen que esta crisis pudo haberse amortiguado considerablemente si se hubieran implementado planes de contingencia más intensivos, preventivos y eficientes en los primeros años de escasez.

A esta lectura de desidia estatal se suma un elemento aún más grave: el escándalo judicial por la provisión de caños para el Acueducto Gran Tulum, una megaobra civil clave cuyo propósito original era captar agua superficial de la cordillera directamente desde el Dique Punta Negra y transportarla mediante cañerías gigantes hasta los hogares del Gran San Juan. El plan estratégico buscaba abastecer a la población con agua de superficie para dejar de usar los pozos urbanos y dejar de exprimir el acuífero subterráneo.

La denuncia penal, promovida por el abogado Marcelo Arancibia (antes socio político del gobernador Marcelo Orrego y hoy distanciado del oficialismo) planteó, tomándose de publicaciones del diario Tiempo de San Juan, el presunto direccionamiento en la gestión anterior de los pliegos licitatorios para favorecer a la empresa proveedora de caños, Krah. Arancibia sembró la sospecha de que los materiales ofrecidos no solo eran más caros, sino que poseían poco respaldo técnico, deficiencias estructurales y no cumplían con los estándares mínimos de calidad, deslizando la existencia de millonarios sobreprecios. La causa sumó luego una ampliación de denuncia con documentos que, supuestamente, exponen una eventual redeterminación acelerada de precios del 55 por ciento de la obra y un pago anticipado del 35 por ciento.

Para el denunciante, los hechos configuran una batería de delitos: negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales públicos, defraudación, dádivas, administración fraudulenta y violación de los deberes de funcionario público. Frente a los alarmantes datos del informe del CIGIAA sobre el estado terminal del acuífero, estas dudas imperan una respuesta judicial inmediata; el colapso del recurso hídrico ya no deja margen para la impunidad ni la lentitud de los tribunales.

El Código de Aguas, el poder punitivo de Hidráulica y la pobre valoración del Código de Faltas

Ante este escenario de colapso, las conclusiones del CIGIAA operan como una formal transferencia de responsabilidad desde la comunidad científica hacia el poder político y de policía. Los investigadores exigen aplicar con urgencia el marco normativo punitivo que el Código de Aguas de San Juan (Ley Nº 190-L) ya prevé para blindar las reservas subterráneas. De acuerdo con la legislación vigente, el Departamento de Hidráulica es la autoridad administrativa y policial competente con facultades para regular y sancionar la explotación del recurso. El marco normativo es muy claro: toda perforación, pozo de alumbramiento o trabajo de extracción subterránea requiere obligatoriamente una concesión o permiso de uso previo otorgado por el Estado; caso contrario, se incurre en una flagrante ilegalidad y el agua extraída es considerada una sustracción ilícita del dominio público provincial.

Las herramientas punitivas que Hidráulica posee en su procedimiento administrativo de fiscalización van mucho más allá de una simple advertencia. En los casos de extracciones clandestinas o daño ambiental por contaminación por infiltración, la ley faculta al organismo a aplicar una escala progresiva de penas. Esto incluye multas económicas severas graduadas según el impacto y la reincidencia, la clausura inmediata de la perforación ilegal y la suspensión total del turno de riego o abastecimiento. Asimismo, se contempla la obligación de devolver el volumen de agua sustraído ilegalmente de la cuenca y la ejecución forzosa de obras o taponamiento a cuenta del infractor con un recargo del 100% de los costos de reparación. Además, es posible la intervención del Código de Faltas que, bajo la figura de aprovechamiento abusivo de aguas, añade multas de hasta 100 JUS y arrestos de hasta 5 días, sin perjuicio de girar las actuaciones penales correspondientes por el delito de usurpación de aguas.

Sin embargo, esta última penalización económica desnuda un desajuste normativo insólito que roza la complicidad: los 100 JUS equivalen hoy a apenas $190.000 pesos, un monto irrisorio que vuelve estéril cualquier intento de disuasión. Con un costo de castigo tan ridículamente bajo, ningún gran productor agrícola o industrial teme a las actas de infracción; el valor de la multa es insignificante en comparación con la rentabilidad de extraer agua clandestina de forma ilimitada. Especialistas advierten que, si no se actualiza de inmediato el valor del JUS para elevar sustancialmente estos montos, el marco regulatorio seguirá funcionando como un permiso encubierto de bajo costo para seguir secando la cuenca. La ciencia sanjuanina ha dejado en claro que las leyes para frenar el vaciamiento existen; lo que hoy falta es la decisión de salir a fiscalizar el territorio y actualizar las penalizaciones para que realmente duelan en el bolsillo.

El mito de la minería frente a la realidad del consumo hídrico

Frente al debate público en torno a la escasez del agua, los datos duros permiten desmantelar una creencia popular fuertemente arraigada que señala a la minería metalífera como la gran responsable de la falta de agua en la provincia. Si bien el imaginario social suele colocar el foco de sospecha sobre esta actividad, los registros de consumo real demuestran que su impacto en la ecuación hídrica global es marginal. La actividad minera consume apenas el 1% del total del
agua disponible en San Juan. El verdadero peso de la balanza lo ejerce el sector agrícola, que concentra más del 90% del recurso hídrico provincial, seguido a gran distancia por el abastecimiento poblacional y el consumo hidroenergético. Debido a este rol irrelevante en la escasez general, el impacto de la minería no representa un aspecto de interés crítico para este escenario de colapso, razón por la cual los científicos del CIGIAA ni siquiera debieron incluirlo como una variable de peso en el desarrollo de su informe técnico de coyuntura. Sencillamente la minería no tiene nada que ver con este acuífero ni con el Río San Juan, por tanto, no hay impacto posible en el agua que se consume en el Gran San Juan. De igual forma, valga la aclaración.

Pérdida de potabilidad, sodicidad y veneno químico en el subsuelo

El problema actual no es solo la falta de volumen, sino la acelerada pérdida de potabilidad del recurso debido a la falta de controles y a la proliferación de perforaciones. Por un lado, el bombeo intensivo genera una succión vertical que arrastra el agua superficial salina hacia las napas profundas que antes eran de buena calidad. Por el otro, los datos químicos de 2025 detectaron una preocupante sodificación del agua determinada por altos valores de RAS (Relación de Adsorción de Sodio). Esta sigla técnica mide el peligro de sodicidad del agua y su impacto en suelos agrícolas. En términos sencillos, la sodicidad es la acumulación excesiva de sodio en el recurso hídrico. Cuando se riega con esta agua alterada, el suelo sufre un cambio drástico: la tierra se compacta, pierde sus poros internos y se vuelve impermeable y dura, impidiendo que las raíces respiren, que el agua penetre y que las plantas absorban nutrientes.

Sin embargo, el aumento de sodio en acuíferos degradados no solo arruina la producción, sino que conlleva graves riesgos para la salud humana. El consumo continuo de agua con altos niveles de sodio puede provocar hipertensión, riesgos cardiovasculares y daño renal progresivo.

A este sombrío panorama sanitario y ambiental se suma una crisis silenciosa provocada por los desechos y sustancias que generan las personas en las distintas actividades diarias. Según el informe del CIGIAA, en el sector libre del acuífero, los niveles de nitratos triplican el límite de toxicidad de la OMS (45 mg/l). Esto ocurre debido a una increíble paradoja social: a pesar de la amplia cobertura de cloacas, incluso por encima de varias otras provincias, la falta de conexión domiciliaria efectiva mantiene activos miles de pozos negros residenciales cuyos residuos son "lavados" y arrastrados hacia el subsuelo por la ineficiencia del riego a manto. Además, quienes se conectan a la red callejera de cloacas dejan los pozos como están. No hay ni hubo un plan o incentivo para que la gente los erradique de manera definitiva. Asimismo, los relevamientos iniciados en 2023 detectaron que el 30% de los pozos muestreados excede los límites legales de metales pesados como arsénico, cadmio y zinc. Su presencia desordenada en puntos específicos del mapa confirma que provienen del uso intensivo de agroquímicos y de efluentes industriales volcados sin tratamiento en piletas de tierra no impermeabilizadas.

Ante este escenario de colapso, el CIGIAA exige al gobierno provincial congelar los permisos y ejecutar un control riguroso sobre el territorio. La ciencia advierte que no se puede seguir extrayendo un recurso cuya dinámica real se desconoce. La prioridad debe ser realizar un censo obligatorio de las captaciones existentes para calcular el volumen real de extracción anual y fijar cupos máximos junto al Departamento de Hidráulica. Solo frenando la apertura de nuevos pozos, penalizando las perforaciones clandestinas e iniciando un plan de recarga artificial controlada sobre el lecho del río, San Juan podrá contener la degradación de su reserva hídrica y garantizar la seguridad de su oasis socio-productivo.

La gestión política actual quedó en medio de la necesidad de tomar una decisión urgente y antipática a la vez, para solucionar un problema que ellos no generaron. No hay más tiempo que perder, en eso va la urgencia. Dicen que gobernar es, también, tomar decisiones antipáticas para algunos, pero necesarias para el bienestar de todos; incluidos los enojados.