La defensa de dos expresidentes de OSSE recusó a la jueza en la causa Acueducto Gran Tulum

La investigación por los caños del Acueducto Gran Tulum vivió esta jornada una novedad judicial en Tribunales. Es que la defensa de dos expresidentes de OSSE, Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol, patrocinados por el abogado Nasser Uzair, realizaron una presentación en la UFI Delitos Especiales donde piden el apartamiento de la causa de la jueza, Mónica Lucero.

En ese contexto, según fuentes del caso, la misma se basó en que les fue impedido conocer las medidas preliminarias ya tomadas por el Ministerio Público Fiscal, en la causa contra los funcionarios durante la gestión de Sergio Uñac. La jueza Lucero, el pasado 17 de junio, declinó darles acceso a esa información solicitada a los expresidentes de OSSE y por eso Uzair decidió interponer este recurso por supuesta "falta de imparcialidad". El argumento de la magistrada fue en su momento que era una etapa preliminar de investigación y, por ende, no correspondía brindarles esa información.

Mientras que, entre los argumentos que presentó Uzair se encuentran no haber sido notificados de cara a la audiencia del 17 de junio pasado, por lo que no pudieron decir presente en la sala, algo que calificaron como una violación a los derechos de legítima defensa.

A su vez, fuentes del caso, manifestaron que este miércoles podrían darse más novedades en el caso por otro presentación de Uzair.

Haciendo un repaso del caso, el abogado, Marcelo Arancibia, realizó la denuncia el 9 de diciembre del año pasado “para que se investiguen una serie de hechos (…) vinculados a presuntas maniobra ilícitas cometidas en el marco de las contrataciones estatales del Gobierno de San Juan relacionadas con la obra denominada Acueducto Gran Tulum”. Si bien no mencionó nombres, solicitó que también se investigue “la posible participación penalmente responsable” de funcionarios provinciales de la gestión 2019 – 2023. Es decir, durante la última gestión del gobernador justicialista Sergio Uñac. En ese contexto, planteó el posible direccionamiento de los pliegos licitatorios para favorecer a la empresa proveedora de caños Krah, la que “estaría vinculada a un familiar directo (primo)” del hoy senador Uñac. Ese pariente es el empresario Gustavo Monti, quien falleció el pasado 25 de febrero.

El contenido de la denuncia de Arancibia se basó en una serie de publicaciones del diario Tiempo de San Juan, del que, luego, tomó otra nota para realizar el 19 de enero una ampliación de denuncia. Los nuevos hechos hacen referencia a documentación que confirmaría que Monti actuó como apoderado de la empresa Krah, “la reubicación del expresidente de OSSE (Sergio Ruiz) como asesor político” de Uñac, la “eventual redeterminación acelerada de precios del 55 por ciento” de la obra y el “eventual pago anticipado del 35 por ciento. De esa manera, planteó que los hechos podrían encuadrar, de manera provisoria, en un batería de figuras: negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales públicos, defraudación, dádivas, administración fraudulenta y violación de los deberes de funcionario público, entre otros.

La causa recayó en la Unidad Fiscal (UFI) Delitos Especiales, cuyo personal se tomó inicialmente el plazo de 90 días hábiles para llevar adelante una investigación. Finalizado ese período, los fiscales solicitaron y se les otorgó una prórroga de otros 90 días más, la cual está transcurriendo actualmente, para definir si van a la audiencia de la formalización de la Investigación Penal Preparatoria para imputar a sospechosos o, por el contrario, archivar la causa.