Argentina pidió frenar la explotación petrolera de Sea Lion en Malvinas ante el Tribunal del Mar

El Gobierno nacional presentó este martes 13 de octubre un pedido de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para intentar frenar la explotación de hidrocarburos del proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. La presentación se realizó luego de que venciera el plazo de dos semanas otorgado al Reino Unido para que detuviera las actividades.

La solicitud busca que el organismo internacional disponga medidas urgentes mientras se conforma el tribunal arbitral que deberá analizar el conflicto de fondo. El proyecto es desarrollado por la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, en aguas ubicadas al norte de las Islas Malvinas.

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La Oficina del Presidente confirmó la presentación mediante un comunicado oficial. Según explicó, el objetivo es preservar los derechos que la Argentina reclama sobre su plataforma continental y evitar que avance la explotación petrolera mientras continúa la controversia internacional.

El pedido se fundamenta en el artículo 290, inciso 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), que contempla la posibilidad de solicitar medidas provisionales antes de que se constituya el tribunal arbitral encargado de resolver la disputa principal.

El Tribunal del Mar deberá evaluar si existe una base suficiente para considerar que el futuro tribunal arbitral podría tener competencia sobre el caso y si se cumplen las condiciones para adoptar medidas urgentes. Entre las alternativas, podrá aceptar el pedido argentino, rechazarlo o disponer medidas de distinto alcance.

La presentación se enmarca en la estrategia internacional anunciada por el presidente Javier Milei el 28 de septiembre. En esa fecha, la Argentina notificó al Reino Unido el inicio de un procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la CONVEMAR y le otorgó dos semanas para adoptar medidas respecto de Sea Lion.

La gestión diplomática y el procedimiento internacional están coordinados por la Cancillería, encabezada por Pablo Quirno. También participaron la Consejería Legal Internacional, a cargo del embajador Mario Oyarzábal, y la Procuración del Tesoro, dirigida por Sebastián Amerio.

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El arbitraje previsto en el Anexo VII contempla la conformación de un tribunal de cinco integrantes para examinar la controversia. Mientras tanto, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar puede intervenir de manera provisional. Las medidas que disponga son obligatorias para las partes, de acuerdo con la Convención, aunque el tribunal arbitral podrá posteriormente mantenerlas, modificarlas o dejarlas sin efecto.