Avanza la investigación contra un empleado calingastino por quedarse con 200 mil pesos de un permiso municipal: cuál fue la maniobra

Este lunes se realizó la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria contra Jorge Herrera, empleado administrativo e inspector de Rentas de la Municipalidad de Calingasta, investigado por una presunta maniobra irregular en el cobro de tributos municipales. La denuncia fue presentada por el intendente del departamento, Sebastián Carbajal.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal expuso los hechos que dieron origen a la causa y los elementos reunidos hasta el momento. La investigación está a cargo del fiscal Iván Grassi. Herrera estuvo asistido por el abogado defensor César Oro, mientras que el juez de Garantías Mariano Carrera dirigió el procedimiento.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, el 23 de septiembre se recibió la denuncia del jefe comunal, quien advirtió sobre la posible comisión de un ilícito por parte de un empleado municipal. La maniobra investigada habría ocurrido el 30 de julio, cuando Herrera, en su función de inspector de Rentas, presuntamente solicitó a una contribuyente que efectuara pagos correspondientes a tributos municipales mediante una transferencia a una cuenta personal, en lugar de utilizar las cuentas oficiales del municipio o ingresar el dinero por caja.

Según lo expuesto en la audiencia, la contribuyente habría abonado un total de $200.000 por un concepto tributario: $100.000 en efectivo y otros $100.000 mediante una transferencia a una cuenta personal de Mercado Pago atribuida al empleado.

La investigación sostiene que Herrera habría generado una boleta de pago en el sistema informático municipal por $100.000 y entregado el comprobante a la contribuyente. Sin embargo, posteriormente, esa boleta habría sido anulada y el pago no habría quedado registrado como cobrado en el sistema.

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Entre los elementos incorporados al legajo se encuentra el comprobante de una transferencia por $100.000 a una cuenta de titularidad de Herrera, además de documentación vinculada con la boleta de pago generada el 30 de julio.

También se presentó una constancia del sistema de generación de recursos que registra la anulación de esa boleta y un informe de Tesorería del 19 de agosto de 2026, en el que se indicó que el depósito o la transferencia no ingresó a las cuentas municipales.

A su vez, se incorporó un informe del sistema SILAP, correspondiente a la empresa Global Corp, que señala que la boleta por un importe de $100.000, fue generada por el usuario de Jorge Herrera el 30 de julio. El documento indica que actualmente figura anulada y sin estado de cobro.

La presunta irregularidad habría salido a la luz cuando otro inspector se presentó ante la contribuyente para solicitar el pago del tributo. La mujer manifestó que ya había cumplido con la obligación, pero le informaron que el pago no aparecía registrado en el sistema. Esa situación habría motivado una revisión interna y la posterior denuncia judicial.

Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó un plazo de seis meses para desarrollar la investigación penal preparatoria. Además, pidió que Herrera asumiera el compromiso de someterse al proceso y no obstaculizar las medidas investigativas. También requirió que se notificara a la Municipalidad de Calingasta para que el empleado fuera asignado a tareas fuera de las oficinas de Rentas.

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La defensa no se opuso al plazo solicitado ni a las medidas planteadas por el Ministerio Público Fiscal.

Finalmente, el juez Mariano Carrera hizo lugar a los pedidos y tuvo por formalizada la investigación contra Jorge Herrera por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada por ser en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con estafa, en perjuicio de la Municipalidad de Calingasta y de la contribuyente. La calificación legal fue encuadrada en los artículos 54, 174 inciso 5 y 172 del Código Penal, con atribución de participación en calidad de autor material.

El magistrado fijó un plazo de seis meses para la investigación e impuso como medida coercitiva el compromiso de Herrera de someterse al proceso y no obstaculizar su desarrollo. Asimismo, ordenó oficiar al municipio para que el agente sea destinado a tareas fuera de las oficinas de Rentas de las delegaciones de Barrial y Villa Calingasta, así como de la sede municipal ubicada en Tamberías.

La causa continuará en etapa investigativa para determinar las circunstancias de los hechos y establecer las eventuales responsabilidades penales. La formalización de la investigación no implica una declaración de culpabilidad.