Rentas le reclama a Telecom una deuda del viejo Lote Hogar y la empresa sostiene que dicho adicional violaba pactos fiscales

La gestión orreguista eliminó el adicional del Lote Hogar, pero salió a la luz la disputa entre el Estado y una empresa por su cobro en períodos fiscales anteriores. Telecom, que unificó todos sus productos bajo la marca Personal, no pagó dicho adicional desde julio de 2019 a abril de 2023 bajo el argumento de que, en la práctica, hacerlo implica una “sobretasa” y elevar la alícuota del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, lo que quedó vedado por pactos fiscales a los que adhirió la provincia. Sucede que el Lote Hogar se calculaba sobre el monto liquidado de Ingresos Brutos, al que se le aplicaba un 20 por ciento.

La Dirección General de Rentas (DGR) hizo la determinación de la deuda, la cual ascendía a casi 3 millones de pesos a marzo de 2024, y le reclamó el pago a la telefónica. Sin embargo, la compañía cuestionó la resolución y, tras rechazos en sede administrativa, presentó una demanda contenciosa administrativa a través del abogado Martín Turcumán, reconocido dirigente político ligado a La Libertad Avanza.

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El caso recayó en el Séptimo Juzgado Civil, el cual se encuentra vacante tras la jubilación de Vilma Balmaceda y es subrogado por el resto de los magistrados civiles de primera instancia.

En la pelea judicial interviene Fiscalía de Estado, cuyos abogados, en líneas generales, sostuvieron que el Adicional del Lote Hogar es un tributo con afectación específica (la construcción de viviendas sociales) y, por lo tanto, independiente de Ingresos Brutos. Entonces, por más que se use el monto determinado de este tributo como forma de cálculo, eso es a los fines de practicidad, sin que signifique una alícuota adicional de Ingresos Brutos, según esgrimieron desde el organismo que defiende el patrimonio de la provincia.

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Si bien la cifra en disputa es baja y no afectará ni las arcas del Estado ni el patrimonio de la empresa, el resultado del pleito tiene su importancia. Sentará un precedente: si es a favor de la empresa, le servirá para blandir o sostener su postura en otras provincias en las que pudiese tener un conflicto similar. Incluso, puede ser un antecedente que esgriman otras compañías en San Juan. De hecho, fuentes judiciales indicaron que hay otros dos casos parecidos, aunque no trascendieron detalles.

Si la sentencia es a favor de la provincia, cerraría ese caso y sería una señal para frustrar aspiraciones idénticas, aunque todo irá dependiendo del criterio de los magistrados.

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El Régimen del Lote Hogar se creó el 27 de marzo de 1984 y su objetivo apuntó a la erradicación de villas y la construcción de viviendas sociales. Como fuente de financiamiento, se estipuló un “adicional del 20 por ciento” sobre el Impuesto a los Ingresos Brutos. Este último es un tributo que grava la facturación comercial de las empresas. Una vez determinado el monto de Ingresos Brutos, se aplicaba el adicional del 20 por ciento del Lote Hogar, el cual fue derogado por la Ley Impositiva Anual, sancionada en diciembre de 2025.

En su demanda, Telecom señaló que en los períodos fiscales de julio de 2019 a abril de 2023 pagó Ingresos Brutos: el 4 por ciento de Servicio de Proveedores de Acceso a Internet, el 6,5 por Servicio de Telefonía Móvil y el 2,5 por Construcción, Reforma y Reparación de Redes.

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Incluso, reconoció que descontó y no abonó el adicional de Lote Hogar en dichos periodos porque, de haberlo hecho, hubiese significado una sobretasa del 20 por ciento, un aumento de la alícuota de Ingresos Brutos que superaba las que se habían establecido a través de Consensos Fiscales.

Ante ese escenario, la DGR determinó de oficio el 31 de julio de 2024 la obligación impositiva de Telecom por el Adicional del Lote Hogar por 1.090.832 pesos, la que ascendía 2.677.050 pesos al 11 de marzo de 2024. Además, Rentas le aplicó una multa por omisión fiscal del 10 por ciento del monto total y le comunicó que iba a ser calificada como contribuyente de riesgo fiscal.

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La telefónica presentó un recurso de reconsideración, es decir, para que el propio fisco revea su decisión, pero fue rechazado el 10 de enero de 2025. Ahí quedó habilitada la instancia judicial, en la que hace unas dos semanas se llevó adelante la audiencia inicial en el Séptimo Civil y ya se encuentra en la etapa de producción de pruebas.

En la demanda que presentó Turcumán, se hizo hincapié en los Consensos Fiscales. El primero se firmó en 2017 entre el Gobierno nacional, que conducía Mauricio Macri, del Pro, y las provincias, en el que se comprometieron a armonizar las estructuras tributarias de las distintas jurisdicciones, con el fin de promover el empleo, la inversión y el crecimiento económico.

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En ese marco, se acordaron topes de alícuotas para distintas actividades gravadas con Ingresos Brutos a partir de 2018 y un camino descendente hacia los años siguientes. Ante la crisis de 2019, se firmó un nuevo pacto fiscal ese año y, posteriormente, en 2020, en los que se suspendieron las reducciones a futuro de las alícuotas del impuesto, aunque quedaron vigente las que debían regir para 2019.

En el caso de Telecom, el 4 por ciento de Servicio de Proveedores de Acceso a Internet, el 6,5 por Servicio de Telefonía Móvil y el 2,5 por Construcción, Reforma y Reparación de Redes. Así, en la demanda sostuvo que aplicar el Adicional del Lote Hogar hubiese significado incrementar un 20 por ciento cada una de las alícuotas. Incluso, en el último pacto fiscal, las provincias se comprometieron a “no aplicar alícuotas adicionales por sobre las establecidas para este tributo”.

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La empresa de telefonía expuso la relevancia de los Consensos Fiscales a los que adhirió San Juan por medio de sus propias normas. “Dentro de la pirámide del ordenamiento jurídico argentino, el Consenso Fiscal ostenta una jerarquía normativa superior con relación a las leyes locales, de conformidad con nuestra Constitución Nacional y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, se resalta en el escrito.

Incluso, Turcumán remarcó que “la pretensión provincial de aplicar alícuotas efectivas superiores a los topes previstos para cada actividad en los Consensos Fiscales (por aplicación del Adicional Lote Hogar), implica, en los hechos, una modificación unilateral del acuerdo celebrado con el resto de las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Nación, prohibida, improcedente e inoponible, conforme a doctrina y jurisprudencia”.

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Además, resaltó que “las normas de los Consensos Fiscales son operativas y de aplicación inmediata. Por lo tanto, no existe argumento (ni siquiera aparente) que pueda justificar válidamente el incumplimiento de los compromisos expresamente asumidos por parte de la Provincia de San Juan”.

A su vez, desde Fiscalía de Estado se sostuvo que, “si la intención” de las provincias firmantes “hubiera sido derogar o limitar la aplicación del Adicional Lote Hogar (tributo preexistente y públicamente conocido desde 2005), así lo habrían dispuesto expresamente, tal como en efecto lo hicieron respecto de otras cuestiones específicamente tratadas en los sucesivos Consensos”.

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Incluso, indicó que “el Adicional Lote Hogar fue aplicado o, cuanto menos, se mantuvo vigente y exigible sin objeción formal por parte de ningún Consenso Fiscal, durante los Consensos 2017, 2019 y 2020, sin que en ninguno de ellos se hubiera cuestionado su legitimidad ni existiera controversia alguna al respecto. Recién en el año 2023, la actora esgrimió el argumento aquí reeditado, lo cual constituye un reconocimiento tácito y prolongado en el tiempo de la separación conceptual entre ambos gravámenes”.