La jueza Lucero volvió a rechazar que Cristian Andino participe por Zoom en la próxima audiencia por el Acueducto Gran Tulum

La jueza Mónica Lucero volvió a rechazar el pedido de la defensa de Cristian Andino para que el diputado nacional participe de manera virtual en la próxima audiencia por la causa del Acueducto Gran Tulum. De esta manera, ratificó que deberá presentarse de forma presencial el próximo 10 de noviembre, a las 14.30 horas. 

El planteo fue impulsado por los abogados defensores, entre ellos Guillermo Sergio Toranzo, Federico González Viola y Federico Esteybar, quienes solicitaron que Andino pudiera conectarse por Zoom debido a compromisos laborales vinculados con su actividad legislativa. La defensa presentó un recurso de revocatoria, un planteo de nulidad y una apelación subsidiaria contra la decisión que había rechazado esa modalidad.

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Mediante una resolución, Lucero declaró inadmisible la apelación presentada por la defensa, por considerar que la decisión sobre la modalidad de participación en la audiencia corresponde a la dirección del proceso y no constituye una medida de coerción que habilite esa vía de impugnación.

La magistrada sostuvo que la presencialidad es la modalidad ordinaria en el proceso penal y que la existencia de compromisos laborales no implica, por sí sola, que corresponda autorizar la participación por videoconferencia. En ese sentido, explicó que, si bien se justificó la incomparecencia de Andino a la audiencia prevista originalmente para el 14 de octubre, esa circunstancia no obliga a permitirle intervenir de manera remota en la próxima convocatoria.

Detalles de la primera audiencia

La primera audiencia se realizó el pasado 14 de octubre en una sala con su capacidad al máximo teniendo en cuenta la cantidad de implicados de cada una de las partes. Por este motivo, la jueza Lucero decidió la restricción de circulación en inmediaciones del recinto aduciendo un tema de seguridad y por la envergadura de los protagonistas, la mayoría de ellos funcionarios en la anterior gestión. De hecho, los abogados defensores de varios implicados pidieron que la próxima audiencia se lleve adelante en una sala con mayor capacidad.

Una investigación que comenzó en diciembre

La investigación de la UFI Delitos Especiales comenzó en diciembre del año pasado, luego de una denuncia presentada por el abogado Marcelo Arancibia, a partir de una serie de publicaciones periodísticas sobre presuntas irregularidades en la megaobra.

Los fiscales Francisco Pizarro y Sebastián Gómez llevaron adelante distintas medidas de prueba y solicitaron una extensión del plazo de investigación preliminar, que fue autorizada por la jueza de Garantías Mónica Lucero.

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En los primeros días de septiembre, además, la fiscalía realizó allanamientos en oficinas de Krah, una de las principales empresas proveedoras de caños para el Acueducto Gran Tulum.

Durante esos procedimientos se secuestró documentación y computadoras, elementos que deberán ser sometidos a distintas medidas de análisis y peritajes. La investigación busca determinar, entre otros aspectos, si los materiales utilizados cumplían con las condiciones exigidas para la obra y si existieron eventuales sobreprecios.