El Senado aprobó un nuevo régimen de inversiones para proveedores mineros

El Senado de la Nación aprobó este jueves, con 60 votos afirmativos y dos negativos, el proyecto que creó el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), una herramienta que buscó promover nuevas inversiones productivas y que también podría alcanzar a empresas proveedoras de la actividad minera.

La iniciativa, impulsada por el jefe del bloque radical, Eduardo Vischi, obtuvo media sanción y fue girada a la Cámara de Diputados para continuar su tratamiento. El esquema estuvo destinado a medianas y grandes empresas que proyectaran inversiones superiores a los 12 millones de dólares.

Entre los principales beneficios contemplados se encontraron la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada de créditos fiscales del IVA. Estas herramientas apuntaron a reducir los costos impositivos y facilitar la incorporación de bienes de capital y el desarrollo de obras productivas.

El régimen incluyó la compra, fabricación e importación de bienes muebles nuevos —con excepción de los automóviles— y la realización de obras vinculadas con la producción. En cambio, quedaron excluidas las inversiones financieras y la adquisición de mercadería destinada a la reventa.

Además, el proyecto contempló condiciones especiales para determinados sectores, entre ellos los vinculados con sistemas de riego, equipamiento de alta eficiencia energética, mallas antigranizo y activos ganaderos. Para esas actividades se establecieron excepciones al monto mínimo de inversión.

Durante el debate, Vischi sostuvo que la propuesta había reunido planteos del sector privado y defendió la necesidad de incentivar inversiones destinadas a la producción y no a la especulación financiera. En la misma línea, Patricia Bullrich respaldó la iniciativa y destacó los beneficios previstos para la incorporación de capital, la generación de empleo y el aumento de las exportaciones.

Desde la oposición, José Mayans cuestionó el contexto económico en el que se impulsó el proyecto y advirtió sobre las dificultades que atravesaba la industria, especialmente por los costos energéticos. Por su parte, Fernando Salino acompañó la propuesta, aunque planteó reparos sobre el monto mínimo exigido y el impacto fiscal del régimen.

La iniciativa también estableció que las empresas no podrían acumular los beneficios del RIIR con los del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) sobre un mismo proyecto. Asimismo, quedaron excluidas aquellas que registraran deudas tributarias exigibles o condenas por delitos vinculados con cuestiones fiscales, cambiarias o de corrupción.

Con la aprobación del Senado, el proyecto quedó en manos de Diputados, donde debía continuar el debate antes de convertirse en ley.