Tras el reclamo, la Justicia obligó a PAMI a entregar audífonos a una persona con discapacidad, los que tienen un costo de más de $6 millones

Tras un reclamo que se originó a fines del mes pasado, la Justicia Federal obligó a PAMI (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados) a otorgarle audífonos a un hombre de 69 años, equipos que tienen un costo de 6.500.000 pesos. La respuesta surgió por el dictado de una medida cautelar que otorga al afiliado “autorización y cobertura integral al 100% del costo, provisión y colocación de audífonos”, más su calibración “conforme a su diagnóstico”. El fallo fue dictado por el juez Leopoldo Rago Gallo y, según trascendió, le dio tiempo hasta esta semana a la obra social de los jubilados para que cumpla con la medida. Para resolver de esa manera, el magistrado tuvo en cuenta la discapacidad del afiliado, quien padece hipoacusia, y las distintas leyes nacionales que establecen que, para esos casos, las entidades sanitarias deben “brindar obligatoriamente las prestaciones… incluyendo la provisión de audífonos y prótesis auditivas así como la rehabilitación fonoaudiológica”.

0264Noticias dio a conocer la semana pasada el caso del jubilado que padece de sordera y el reclamo que inició contra PAMI por la falta de audífonos. Se trata de un hombre que cuenta con el certificado de discapacidad. Lo llamativo fue que la acción judicial la realizó la representante del Ministerio Público de la Defensa (MPD) en materia no penal de la Justicia Federal, Ana Inés López Lima, dado que el hombre llegó a esa entidad en busca de asistencia legal. Es que, según trascendió en su momento, el afiliado del PAMI cuenta con haberes mínimos gracias a una pensión no contributiva, por lo que percibe unos 500 pesos por mes. El MPD cuenta con tres miembros: Diego Nicolás Giócoli para el sistema acusatorio federal; Gema Guillén en la Unidad Penal Remanente y de Ejecución Penal; y Ana Inés López Lima en la Unidad de Defensa en Materia No Penal, quien asumió la representación de J. A. C. La demanda se centró en la falta de respuesta de PAMI, incluso después de tres años de haber iniciado el trámite para que la entidad le otorgue los audífonos.

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La funcionaria judicial solicitó que el juez ordene “la cobertura integral al 100%, asuma la totalidad de los costos y efectivice la entrega inmediata del equipamiento de audífonos binaurales (para ambos oídos) prescrito a mi representado por su médico especialista tratante, incluyendo la toma de moldes, pruebas de selección, calibración, adaptación fonoaudiológica, controles técnicos y todo gasto inherente a dicha prestación, debiendo garantizarse su provisión y atención técnica continua a través de un prestador habilitado en su zona de residencia”. Según los datos que se aportaron en el expediente, los equipos son específicos de acuerdo a las necesidades del afiliado y cada uno de ellos tiene un costo de 3.250.000 pesos.

Ante la presentación, el juez federal dio curso al planteo a través de una medida cautelar en la que ordenó “al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados INSSJP-PAMI otorgar a J. A. C. autorización y cobertura integral al 100% del costo, provisión y colocación de audífonos marca “Starkey Genesis AI 16”, como asimismo su calibración conforme a su diagnóstico”.

Para resolver de esa manera, Rago Gallo tuvo en cuenta que “la Ley Nº 25.415, sobre el “Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia”, en su artículo 3 expresamente dispone: “Las obras sociales y asociaciones de obras sociales regidas por leyes nacionales y las entidades de medicina prepaga deberán brindar obligatoriamente las prestaciones establecidas en esta ley”, las que a su vez “quedan incorporadas de pleno derecho al Programa Médico Obligatorio dispuesto por Resolución 939/2000 del Ministerio de Salud, incluyendo la provisión de audífonos y prótesis auditivas así como la rehabilitación fonoaudiológica”.

También dijo que la ley 24.901, que establece el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, indica que “los entes obligados por la presente brindarán las prestaciones básicas a sus afiliados con discapacidad mediante servicios propios o contratados”. Además, remarcó que “está en cabeza del ente obligado atender las necesidades de los afiliados con discapacidad por cualquiera de las dos modalidades -prestadores propios o contratados al efecto- tendiendo siempre a la más integral de las coberturas”.

También tuvo en cuenta que “el diagnóstico del Certificado Único de Discapacidad del Sr. C. en donde se aprecia “Hipoacusia mixta conductiva y neurosensorial, bilateral”, por lo que resulta de aplicación la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que cuenta con jerarquía constitucional mediante la sanción de la Ley 27.044”. En esa línea, remarcó que “se debe poner de resalto que, las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por la condición, debiendo proporcionar los servicios que necesiten específicamente como consecuencia de su discapacidad, incluidas la pronta detección e intervención, cuando proceda, y servicios destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades, incluidos los niños, niñas y las personas mayores”.