La intimidante y desafiante actitud de un imputado de la empresa Garder contra un periodista de 0264 Noticias

En el pasillo de las salas de audiencias de Tribunales, Eduardo Guzmán, responsable médico de la empresa Garder, uno de los imputados por fraude contra la administración pública, tuvo una actitud desafiante e intimidatoria contra el periodista de 0264 Noticias, Walter Rios. Es que, al pasar a su lado, el acusado puso su codo sobre el abdomen del reportero, quien le dijo que no lo tocara y le planteó cuál era su problema. Guzmán detuvo su marcha, lanzó una mirada provocativa y se retiró. A su vez, Marilina De la Fuente (esposa de Guzmán) y su hija María Florencia Molina, propietarias de la compañía, salieron molestas y cuestionaron, con tono elevado, que la causa era “un circo” mientras Rios dialogaba con abogados defensores de otros implicados.

 Así de áspero fue el epílogo de la audiencia en la que el fiscal coordinador de la Unidad Delitos Especiales, Iván Grassi, pidió una prórroga de seis meses en la Investigación Penal Preparatoria (IPP), lo que el juez de Garantías, Diego Sanz, definirá el miércoles a las 12, además de otros planteos defensivos.

Durante la audiencia, De la Fuente lanzó miradas y gestos hacia los periodistas que cubrían el juicio. No es la primera vez que tiene actitudes amenazantes. En agosto del año pasado, había cuestionado la presencia de colegas de Canal 13 y al periodista Alejandro Sánchez le había pedido que no saliese ninguna foto de ella. “Me entendiste”, le había remarcado, según había publicado el medio.

En rigor, las propietarias y el responsable médico de Garder asoman como los más complicados. Los tres están en la mira por dos tipos de maniobra en perjuicio de la Obra Social Provincia (OSP), cuyo entonces responsable, Miguel Greco, radicó la denuncia en octubre de 2022 y, luego, haría una ampliación. Una de ellas tiene que ver con la prestación del servicio de alimentación enteral a los afiliados de la entidad estatal, que es aquella que consiste en suministrar todos los nutrientes necesarios al aparato digestivo de un paciente a través de una sonda o botón gástrico.

El caso testigo fue el de una mujer en Zonda, de apellido Monla, a la que supuestamente Garder le brindó alimentación enteral en su internación domiciliaria, pero su hija dijo que llevaba meses internada en un geriátrico. Así, se detectaron unos 25 casos en los que la OSP pagó servicios a personas fallecidas, hubo prestaciones pagadas y no efectuadas y otras que se informaron como realizadas, pero que no existieron, entre algunas de las modalidades sospechosas.

En esa maniobra, también están en la mira Genoveva García, auditora de la OSP, y el nutricionista de Garder, Federico Quintana. La sospecha sobre la primera es que no llevó a cabo sus tareas de control, mientras que, el segundo, se encuentra bajo la lupa por firmar informes solicitando módulos de alimentación enteral.

Además, De la Fuente, Molina y Guzmán enfrentan la imputación por una segunda mecánica bajo sospecha: el servicio de internación domiciliaria. De acuerdo a la acusación, Garder habría conseguido dichas prestaciones de manera irregular, por lo que Fiscalía también puso la mira en Valeria Aciar, médica auditora de la empresa Incluir Salud. Dicha compañía fue contratada por la OSP y era la encargada de hacer una especie de sorteo, en un sistema informático, entre todos los prestadores para la asignación de las internaciones domiciliarias. Entonces, la sospecha es que la médica no habría hecho el control correspondiente, dado que es una de las encargadas de avalar que las derivaciones de pacientes sean a través del mecanismo establecido. En una situación similar otro auditor de la OSP, Leonardo Trincado.

Pero eso es una pata de la maniobra de las internaciones domiciliarias. La otra involucra a una médica de Garder, María Noel Becerra, sobre la que se sospecha que habría utilizado el sello y la firma de al menos dos colegas para derivar pacientes a la empresa en la que trabajaba, lo cual no estaba permitido en el convenio con la OSP.

Como última fase, estaba el traslado de pacientes con internación domiciliaria a clínicas para operaciones de alta complejidad. Ahí hubo unos 16 afiliados que fueron derivados al Hospital Privado, pero en el centro de salud como familiares habrían negado que se llevaron a cabo las intervenciones quirúrgicas. Los traslados habrían sido tramitados por Becerra y Guzmán. Incluso, figura, de acuerdo a la imputación, que este último habría hecho las operaciones, mientras que el enfermero de Garder, Mauricio Mesias, habría realizado las curaciones.

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Esos son los nueve imputados, los que tienen abogados distintos, con estrategias diferentes. Como dato llamativo, el núcleo familiar y societario de la empresa cuenta dos profesionales. Marilina De la Fuente y Eduardo Guzmán son defendidos por Javier Cámpora, mientras que María Florencia Molina (hija de De la Fuente) es representada por Diego Molina.

No obstante, ambos abogados hicieron planteos similares: tanto Cámpora como Molina se opusieron a la extensión de seis meses en el plazo de investigación y pidieron el sobreseimiento de sus clientes. En este último punto, Cámpora sostuvo que, desde julio de 2022 a la fecha de la denuncia, no hubo pagos desde la OSP a Garder, por lo que no se configura el fraude contra la administración pública dado que no se ha acreditado el perjuicio patrimonial.

De todas formas, el fiscal Grassi había pedido la prórroga por la complejidad de la causa y, justamente, porque está en trámite una pericia contable que determinará si hubo o no perjuicio patrimonial. Además, falta el resultado de una pericia contable sobre firmas de algunos de los imputados, las que están ligadas a algunas de las maniobras señaladas y que pueden ser clave en la causa. Ante el planteo de sobreseimiento, el representante del Ministerio Público respondió que no es la etapa para realizar tal solicitud, debido a que el juez de Garantías aún no tiene todos los elementos para definir la situación de los implicados.

En cambio, los abogados Fernando Castro, Aníbal Rojas, María Rosa Sánchez, Aníbal Rojas, Guillermo Heredia y Milenko García, que defienden al resto de los imputados, no cuestionaron el pedido de prórroga del fiscal. Suena hasta lógico. Si no hay una extensión, la investigación finaliza el 9 de este mes, por lo que la etapa siguiente es la audiencia de control de la acusación, en la que Grassi estará en condiciones de pedir penas contra los imputados y solicitar que el caso vaya a juicio. En cambio, con más plazo de investigación, los defensores apuntan que surjan pruebas que desliguen a sus clientes.

La definición sobre la prórroga de la IPP y los sobreseimientos pedidos la dará el juez Diego Sanz el miércoles a las 12.