Más vaivenes
Expropiaciones: miembro de la Sala de la Corte pidió apartarse de la megacausa y se estira aún más la definición sobre el fallo
El camarista penal Víctor Muñoz Carpino, miembro subrogante de Sala II de la Corte de Justicia, planteó su inhibición para no intervenir en el análisis y la resolución de las apelaciones de los defensores de los nueve condenados por la megacausa de las expropiaciones. ¿El motivo? Violencia moral, debido a que participó de algunos de los incidentes durante la tramitación del expediente, según trascendió de fuentes calificadas. El magistrado no contestó los llamados de este medio.
Su postura lleva a que se estire aún más la definición de si el castigo aplicado a los imputados fue correcto o no. Una dilación más, en un expediente cargado de excusaciones de magistrados y planteo de recusaciones de los defensores, lo que ha llevado a una tramitación de 15 años.
Sucede que, ahora, se tiene que conformar un Tribunal, lo que se hará en febrero, para aceptar o rechazar su pedido para apartarse de la megacausa, en la que tres jueces concluyeron que hubo una asociación ilícita, integrada por magistrados, abogados y funcionarios, dedicada a inflar el valor de los terrenos que expropiaba el Estado para quedarse con sumas millonarias de las arcas oficiales.
Entonces, la composición del Tribunal que deberá definir la inhibición genera diferentes posturas en el mundillo jurídico. Por un lado, una de ellas señala que se tienen que designar al menos dos nuevos jueces para determinar la situación de Muñoz Carpino y que no tiene que participar el camarista laboral Mariano Ibañez, quien sí forma parte de la Sala II de la Corte para actuar ante los planteos defensivos de los condenados.
Por otro lado, hay opiniones que sostienen que Ibáñez sí debe intervenir, además de que tiene que estar al menos otro magistrado. Entonces, se verá cómo queda conformado ese Tribunal y qué decisión toma sobre Muñoz Carpino. Las fuentes señalaron que la selección de uno o dos nuevos integrantes se hará a través de un sorteo entre los jueces penales que no se hayan inhibido cuando fueron citados a intervenir y que no participaron en la definición de algunas de las instancias que demandaron los 15 años de tramitación del expediente.
De acuerdo a las fuentes, en el lote que queda están los jueces de Impugnación, Eduardo Raed y Renato Roca, más los jueces de Garantías y los del ámbito penal en Niñez y Adolescencia. Aunque, cualquiera que salga en el bolillero, también habrá que ver si tiene motivos o no para excusarse de participar.
Después, se encuentra el tratamiento de la inhibición de Muñoz Carpino. En tantos años de tramitación, entre los que han seguido de cerca la causa señalan que pedir el apartamiento por haber intervenido en una incidencia no significa un prejuzgamiento porque no se ha opinado sobre la cuestión de fondo, sino, justamente, sobre un tema accesorio. No obstante, se verá cuál es la postura que tome el Tribunal que se constituya.
Una vez que se defina la presencia o no de Muñoz Carpino, también se tendrá que decidir quién será el reemplazante de una baja que se produjo en la Sala de la Corte: la de Guillermo Baigorrí. En ese entonces, era camarista laboral, pero fue designado fiscal General. Entonces, ahí también habrá un sorteo para elegir al magistrado. No obstante, hay fuentes que sostienen que el que puede integrar el Tribunal que revisará las casaciones de las condenas es alguno de los que haya participado en el Tribunal que haya definido la inhibición de Muñoz Carpino. Entonces, ahí también se verá la conformación.
Sea como fuese, es un hecho que varios de los defensores recusarán y pedirán el apartamiento de los jueces seleccionados, como ha pasado en otras instancias del proceso. Los miembros subrogantes de Sala de la Corte deberán analizar las apelaciones (técnicamente, los llamados recursos de casación) que realizaron los abogados de los imputados sobre el fallo del Tribunal de juicio.
La jueza Silvina Rosso y sus pares Martín Heredia y Matías Parrón condenaron a 7 años y 8 meses al abogado Santiago Graffigna como el líder de la asociación ilícita, mientras que su exsocio, Horacio Alday, tuvo un castigo de 6 años de cárcel como coautor. Por su parte, el exjuez civil Carlos Macchi recibió una pena de 6 años y 2 meses, mientras que la de Mario Díaz, exfiscal de Estado, fue de 6 años; la de Néstor Ruiz, exfuncionario de Recursos Energéticos, fue de 4 años y 6 meses; la de Ana María Melvin, experito de Fiscalía de Estado, fue de 4 años, y la del exmiembro del Tribunal de Tasaciones, José Moreno, fue de 3 años. A su vez, los peritos de Graffigna, Juan Pablo Quiroga y Víctor Bustos, fueron condenados con 3 años y 3 años y 6 meses de prisión respectivamente.
Los reemplazos a cubrir en la Corte se deben, justamente, por inhibiciones de los ministros. Guillermo De Sanctis fue fiscal de Estado y, como tal, fue querellante e impulsó la investigación contra los imputados. Incluso, asumió la acusación especial en el juicio de destitución contra el entonces juez civil Macchi.
Por su parte, Adriana García Nieto fue subsecretaria General de la Gobernación de la gestión giojista, cuando firmó expedientes y emitió resoluciones, como los sumarios administrativos que derivaron en la denuncia en 2010. El autor de la denuncia fue el entonces secretario General de la Gobernación, Walter Lima (fallecido), hermano del ministro Marcelo Lima, quien también se excusó de intervenir.
En su momento, Daniel Olivares Yapur se inhibió porque su familia es amiga de la exjueza civil Rosalba Marún. La entonces magistrada había renunciado a su puesto para evitar un juicio de destitución, por lo que fue investigada, procesada e iba camino al juicio, pero falleció el 3 de julio de 2021.
A su vez, Juan José Victoria había expuesto razones de amistad con Santiago Graffigna, con el que compartió tareas legales en su época de litigante.