Escándalo por las computadoras de la Policía: los equipos encontrados no son los que compraron y se abre una causa por estafa millonaria contra el Estado

La resonante causa por la compra de computadoras para la Policía sumó un capítulo más. Luego de una auditoría realizada sobre los equipos que sorpresivamente fueron encontrados el año pasado, las autoridades determinaron que no se trata de la aparatología que adquirió la fuerza y por la cual la provincia pagó 90 millones de pesos en 2023, fondos que fueron aportados por Nación.

Así, fuentes oficiales confirmaron que el Ministerio Público abrió una investigación con una formalización en la que están involucradas cinco personas de las cuales hay miembros de la Policía y agentes estatales. Además, en la mira también quedó una mujer representante de la empresa que hizo la venta de los aparatos.

La imputación inicial es fraude contra la administración pública y, para el caso de los agentes, incumplimientos de los deberes de funcionario. La provincia había comprado 150 computadoras para distribuir en las comisarías, también 20 impresoras y 10 tablets. Los equipos encontrados no coinciden con los comprados, incluso, aseguran, que son de menor calidad.

La causa por las computadoras es la que se inició en 2024, luego de que el jefe de Policía de la gestión anterior hiciera una presentación en la Justicia, en la que solicitó que se investigue el faltante de los equipos. Previo a eso, el extesorero de la fuerza, Oscar Vaneti, había hecho una presentación en la unidad de Control de Gestión donde expuso que la provincia compró los equipos, pero que los mismos nunca llegaron.

Una investigación preliminar determinó que una comisión receptora, integrada por miembros de la fuerza, fue la encargada del proceso al punto que conformó la factura de compra y también el remito, en el que se consignó que los equipos habían ingresado a la fuerza.

Al tratarse de fondos que llegaron a la provincia a través de una firma de convenio con el Ministerio de Seguridad de la Nación, desde la Justicia local se declararon incompetentes para tratar la causa y lo mismo entendió la Justicia Federal, ya que, sostuvo que los aportes habían ingresado a las arcas provinciales.

Ese conflicto de competencia fue dirimido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en una resolución que se emitió este año, en la que indicó que San Juan debía hacerse cargo de la causa.

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Con esa confirmación, desde la UFI Delitos Especiales avanzaron con la causa. Un dato no menor es que en agosto del año pasado, una mujer representante de la empresa que vendió los equipos se presentó espontáneamente e indicó que los aparatos se encontraban embalados en un depósito de Capital.

Tras una inspección se determinó que existían la cantidad denunciada: 150 computadoras, 10 tablets y 20 impresoras. Lo que restaba determinar fue si eran las mismas que se compraron, estudio que arrojó un resultado negativo.

Fuentes oficiales indicaron que quienes quedaron en la mira son los policías que ingresaron la comisión receptora: Juan José González, Jorge Eduardo Santori y Juan José Valverde. También quedó implicada la representante de la empresa María Lourdes Quiroga Coll y Enzo Ariel Fava, quien fue el representante técnico de la Secretaría de Seguridad. 

El delito en la mira es Estafa en perjuicio de la administración pública y para el caso de los miembros de la fuerza, además, incumplimiento de los deberes de funcionario. Cabe recordar existen 90 millones de pesos en juego que Nación puso a disposición en 2023.