Tribunal Oral Criminal Federal
Condenaron a los seis miembros restantes de la banda de los DNI truchos
Se cerró el círculo del escandaloso caso de la banda de los DNI truchos. El juez Daniel Doffo, del Tribunal Oral Criminal Federal, condenó a los seis miembros que faltaban y que habían decidido dar pelea en un juicio. Así, Dayana Belén José, Dayana Sol Castro Cajal, Flavia de las Mercedes Vargas y Lucas Alfonso González recibieron la pena de 1 año y 8 meses de prisión condicional, mientras que a Analía Edith Rosales le aplicaron un castigo de 2 años y 2 meses de carcel en suspenso. A su vez, Carlos Fabián Prato tuvo una condena de 1 año y 10 meses de prisión de efectiva. En esencia, los implicados concurriron al Registro Civil de Pocito, brindaron sus huellas digitales y rostros para obtener DNI, pero a nombre de otras personas. El objetivo era sacar créditos y adquirir electrodomésticos a nombre de los verdaderos titulares, maniobra que realizaron otros involucrados.
En la causa, ya había sido condenado con 5 años y 4 meses Rolando Javier Navarro Saide, el líder de la banda, quien identificaba a las víctimas a través de registros oficiales para sacar duplicados o triplicados de los DNI que usaban los demás integrantes. También era el que decidía quién debía ir al Registro Civil pocitano para realizar los trámites y era el que, una vez que se conseguían los créditos, el que administraba y repartía el dinero entre los miembros de la organización delictiva.
La encargada del Registro Civil, Natalia Castillo, había sido castigada con 4 años y 8 meses de cárcel. Rodrigo Javier Navarro Pozo (hijo de Navarro Saide), Marcelo Omar Cardozo y Matías Martín Martínez Villalba recibieron 3 años y 10 meses de prisión, mientras que, Marcos Esteban Vallejos, 3 años de cárcel en suspenso.
Ese primer grupo fue condenado el 7 de mayo pasado por el juez Ignacio Pérez Curci, en la etapa de la audiencia de control de acusación y durante un acuerdo de juicio abreviado entre el fiscal Fernado Alcaraz y la defensa Pública Oficial, a cargo de Esteban Chervin y Sergio Herrero, y el abogado Nicolás Gómez Camossi, entre otros.
De ese lote, Cardozo, Navarro Pozo, Martínez Villalba y Vallejos consiguieron DNI y usurparon las identidades de cinco víctimas, aunque cuatro de ellas tuvieron que enfrentar deudas por un total de 80 millones de pesos por los créditos y las compras que realizaron los implicados. El qiunto caso se frustró.
En ese marco, el nuevo grupo de condenados tramitó los DNI a nombre de otras personas, pero no llegaron a obtenerlos debido a que saltaron las alertas de seguridad del RENAPER.
Así, la condenada Dayana Castro Cajal inició el trámite del DNI de Ailin Camila Ávila; Lucas González por Sebastián Nicolás Alonso; Analía Rosales por Camila Acedo y María Alejandra Acedo; Carlos Prato por Roberto Alejandro Alonso; Dayana José por María Agustina Barbieri y Flavia Vargas por Romina Paola Bacifaba. Como se señaló, en ninguno de estos casos se logró la emisión de los documentos.
En su sentencia, el juez Doffo refutó la postura del defensor Oficial de los imputados, quien sostuvo que sólo concurrieron al registro de Pocito y aportaron sus datos biométricos pero no “solicitaron un DNI”. El magistrado destacó que tal argumento "no resulta razonable teniendo en cuenta la experiencia y la lógica más elemental". Así, profundizó: "Pretender despojar a los imputados de responsabilidad alguna y depositarla enteramente en la condenada Natalia Castillo (exencargada del Registro), como si los mencionados sólo hubieran concurrido, aportado sus datos sin vinculación conocida con la tramitación que se iniciaba a partir de ese momento no parece razonable, luego de haber tenido a la vista la totalidad del plexo probatorio incorporado al juicio".
Tras los alegatos, Doffo había declarado culpables a Castro Cajal, Dayana José, Flavia Vargas, Lucas González, Analía Rosales (por dos hechos) y Carlos Prato. De acuerdo al sistema acusatorio del Código Procesal Federal, luego debía darse otra audiencia para definir la pena. No obstante, el fiscal Alcaraz y el defensor Chervin llegaron a un acuerdo por el monto de la condena, que terminó aplicando el juez.
De este último grupo, el único que recibió un castigo de cumplimiento efectivo fue Prato, ya que se le acumuló una pena por comercio de estupefacientes, por la que la unificación de ambas condenas quedó en 3 años y 10 meses de prisión.