Condenaron a 5 años y 4 meses de cárcel al jefe de la banda de DNI falsos y ya suman seis los castigados, y otros seis van a juicio

Rolando Javier Navarro Saide era quien identificaba a las víctimas a través de registros oficiales para sacar duplicados o triplicados de los DNI que usaban los demás miembros de la banda con el fin de conseguir préstamos y hacer compras de electrodomésticos. Su nexo y principal ariete para llevar adelante la maniobra era la exencargada del Registro Civil de Pocito, Natalia Castillo. Además, era el que decidía quien debía ir al organismo para realizar los trámites y era el que, una vez que se conseguían los créditos, el que administraba y repartía el dinero entre los integrantes de la organización delictiva.

Navarro Saide era el “cerebro”, el jefe de la asociación ilícita. Como tal, fue condenado a 5 años y 4 meses de cárcel por el juez mendocino Juan Ignacio Pérez Curci, luego de que el imputado, representado por el defensor público Esteban Chervin y el coadyuvante Sergio Herrero, llegara a un acuerdo de juicio abreviado por el fiscal federal Fernando Alcaraz.

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De esa manera, el organizador de la red delictiva se suma a otros integrantes ya castigados penalmente: la propia Castillo, con 4 años y 8 meses; su hijo, Rodrigo Javier Navarro Pozo, Marcelo Omar Cardozo y Matías Martín Martínez Villalba con 3 años y 10 meses de prisión, y Marcos Esteban Vallejos, con 3 años de cárcel en suspenso.

Estos últimos, además de otros roles, fueron los que pusieron sus rostros y huellas digitales en las copias de los DNI, aunque eran emitidos a nombre de los verdaderos titulares. Cinco fueron las víctimas que sufrieron las usurpaciones de sus identidades, aunque cuatro de ellas enfrentaron deudas por un total de 80 millones de pesos.

Luego, se encuentran Carlos Fabián Prato, Dayana Sol Castro Cajal, Lucas Alfonso González, Analía Edith Rosales, Dayana Belén José y Flavia de las Mercedes Vargas, quienes también prestaron sus imágenes y huellas para tramitar DNI adulterados en 19 casos. Sin embargo, las maniobras no se concretaron porque ahí sí se dispararon las alertas de control de datos biométricos del Registro Nacional de Personas (Renaper).

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Estos seis imputados no quisieron ir a juicio abreviado, lo que implica reconocer la responsabilidad penal en el hecho y aceptar una condena. De esa forma, enfrentarán el juicio, con fecha a definir. El fiscal Alcaraz, en la audiencia de control de acusación, ya adelantó su pedido de penas contra los involucrados: 2 años y 6 meses de prisión condicional para Analía Rosales y 2 años para Prato, Castro Cajal, González, Belén José y Mercedes Vargas.

De acuerdo al expediente, Navarro Saide rastreaba nombres de personas, DNI y direcciones a través de registros oficiales, como Comprobantes de Empadronamientos de ANSES, listados del Programa Procrear y de la beca Progresar. Incluso, llegó a conseguir nóminas de Personal Contratado en empresas y hasta integrantes de la Procuración General de la Nación. Incluso, trascendió que le solicitaba a conocidos padrones electorales de las provincias, como la de Tucumán, para obtener información. 

Según la acusación, Navarro Saide carga con antecedentes por estafas, encubrimiento y uso de documentos falsos. Además, el 30 de diciembre de 2025 fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión efectiva por transporte de estupefacientes en una causa tramitada en el Norte de nuestro país. Inclusive, tenía una investigación previa por el mismo delito, en la que se le secuestró el celular, lo que resultó clave para la causa de los DNI.

Como jefe de la organización, Navarro Saide tomaba contacto con Castillo, la entonces encargada del Registro Civil de Pocito para desplegar la maniobra. Era el que organizaba quiénes debían ir al Registro para aportar los datos biométricos falsos, el que distribuía las ganancias (dinero y productos) entre los integrantes de la banda. Incluso impartía órdenes directas, como un audio en el que le indicaba a uno de sus socios que, "si te dan (el DNI), sácate un aire y un tele... Hay que vender, hay que guardar para vender".

A través de mensajes que se recuperaron del celular de Navarro Saide, se comprobó el vínculo con la exencargada del Registro Civil de Pocito. En una de esas comunicaciones, Castillo le pide al líder de la banda la suma de 400 mil pesos debido a que tenía que pagar una deuda, luego de que Cardozo le solicitara que hiciera otros DNI nuevos.

En otra serie de mensajes, Castillo le indica a Navarro Saide que le diga a su hijo (Navarro Pozo) que la espere fuera del Registro Civil para que le pasara el dinero y que, el resto, se lo transfirieran después.

En otro de los contactos, la exencargada del Registro Civil se queja de la plata que recibe de la maniobra delictiva. Le señala al jefe de la organización que son ellos los que se benefician, mientras que “yo sigo igual y la que se arriesga soy yo”. Incluso, resaltó que “ustedes andan re bien vestidos y todo y yo igual”.

Su hijo, Navarro Pozo, le había transferido 80 mil pesos a través de una billetera virtual y, ante el reclamo de Castillo, Navarro Saide le asegura que “te puedo dar $400 (mil) por cada uno que llegue. Voy a hacer 5 dni”.

Ante pruebas tan contundentes, Navarro Saide, su hijo Navarro Pozo, Castillo, Cardozo, Martínez Villalba y Vallejos aceptaron las condenas en juicio abreviado. Fueron los principales responsables de usurpar las identidades de Diego Pedro Brady, Bruno Arrighi, Fernando Lombardo y Diego Hipólito.

Brady descubrió que habían sacado créditos a su nombre sin su autorización ni conocimiento por poco más de 35 millones de pesos, por lo que sufrió embargos judiciales, inhibición crediticia y la inclusión en registros oficiales como moroso. Frente a semejante situación, tuvo que suspender la construcción de su casa. Lo mismo le sucedió a Bruno Arrighi, quien se encontró con una deuda que desconocía por 12.800.000 pesos. La adulteración de su documento le impidió inscribirse como monotributista y que no figurara en el padrón electoral.

Una situación idéntica vivió Lombardo, quien durante meses tuvo que acudir al Registro Nacional de Personas (Renaper) para acreditar que era él, debido a la usurpación de su identidad. Tuvo que ir a Defensa al Consumidor y a agencias crediticias para demostrar que no había sacado préstamos por 20.200.000 pesos. A su vez, Hipólito también padeció un problema igual, quien tuvo causas judiciales e intimaciones de pago extrajudiciales por deudas por 12.200.000 pesos que desconocía.

Por su parte, Natalia Baigorria Mohr también fue otra de las víctima, pero DNI no llegó a manos de la banda, por lo que no sufrió estafas vinculadas a la toma de préstamos y compras de electrodomésticos. No obstante, la tramitación de una copia de su documento le generó problemas. ¿Cuáles? Como se generó un DNI apócrifo, el suyo, el original, quedó invalidado. De esa forma, enfrentó un bloqueo financiero internacional, debido a que no pudo utilizar billeteras virtuales en el exterior. De hecho, quedó como indocumentada en el extranjero desde mediados de abril hasta fines de mayo de 2025, hasta que pudo destrabar la maniobra ilegal en San Juan.