Pidieron condenas en suspenso para dos funcionarios de AFIP por pedir plata para cambiar datos de contribuyentes

El fiscal Francisco Maldonado resaltó ayer en su alegato que Mirta Caballero, funcionaria de la AFIP, “tenía un mecanismo aceitado para cobrar un plus”: atendía contribuyentes, los derivaba a su hogar, les pedía su clave fiscal y se metía en sus registros para solucionarle los problemas por deudas, a cambio de una suma dinero. El representante del Ministerio Público sostuvo que esa maniobra se dio en dos casos, por lo que le pidió al Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF) que sea castigada con 3 años de prisión en suspenso por negociaciones incompatibles para un funcionario público.

A su vez, solicitó que el hijo de la mujer, Santiago Martín, que también trabaja en el organismo, sea condenado a 1 año y medio como partícipe en uno de los hechos. A través de sus abogados, la AFIP también apuntó a una sanción de 3 años de cárcel contra Caballero y de 2 años y medio contra su hijo. Por su parte, la defensa, a cargo de Marcelo Fernández y Franco Montes, planteó la absolución de los imputados. Tras los alegatos, los jueces del TOCF, Hugo Echegaray, Daniel Doffo y Eliana Rattá, darán el veredicto el lunes 22 de este mes. 

El caso estalló el 16 de noviembre de 2016, cuando se realizó la primera denuncia contra Caballero, ya que, luego, acumuló otra. En su acusación, el fiscal sostuvo que los dos contribuyentes resaltaron que la mujer los redirigía hacia su domicilio para hacerles un plan de pago para que pudieran regularizar su situación. Así, con sus obligaciones saneadas, podían firmar sus contratos como porteros en el Ministerio de Educación de la provincia. Los dos denunciantes aseguraron que la mujer les pidió plata, destacó el fiscal.

De acuerdo al expediente, abonaron entre 500 y 600 pesos, allá por 2013, antes que se destapara la denuncia. Sucede que, pese a lo que los contribuyentes pagaban y creían que estaban haciendo un trámite legal, les seguía apareciendo la deuda, por lo que se abrió el camino para la embestida judicial contra la funcionaria.

Además, el representante del Ministerio Público manifestó que los testimonios de los denunciantes están respaldados por las altas y bajas y cambios de categoría que se detectaron en los registros de los dos contribuyentes, movimientos atribuidos a Caballero. Es que la mujer, según la acusación, utilizó su clave y la PC del organismo recaudador (se verificó a través de la IP de la máquina) para modificar los registros de los denunciantes.

Inclusive, el fiscal señaló que, a una de las contribuyentes, la derivo a su hijo, quien también desempeña tareas en el fisco.
Así, a Caballero le endilgó los delitos de negociaciones incompatibles para un funcionario público y alteración dolosa de registros informáticos. Además de la condena, solicitó la sanción de inhabilitación absoluta y perpetua para desempeñar cargos públicos. También pidió para Martín la inhabilitación para ejercer puestos en el Estado. Si bien madre e hijo son empleados y no ocupan lugares jerárquicos, de acuerdo a la normativa penal son equiparables a funcionarios públicos.

Por su parte, el abogado de AFIP, Patricio Escudier, en compañía de su colega Diego Tell, sostuvo como prueba el testimonio de los denunciantes y se apoyo en distintos puntos del sumario administrativo. Además, mencionó que hubo una tercera persona que había dicho que atravesó por la misma situación y expuso la maniobra que desplegaba Caballero, pero que no quiso hacer la denuncia. Inclusive, remarcó que, en el sumario, Martín declaró que una de las contribuyentes se la “acercó” su madre.

Inclusive, el querellante hizo referencia al plano ético y económico, al señalar que en la AFIP “tenemos salarios muy buenos, aún para el personal que no es profesional”. Así, cuestionó a los empleados enjuiciados al preguntarse: ¿Cómo pueden tener esa conducta?

Fue un punto al que también se refirió el fiscal, dado que resaltó que “somos afortunados de que el Estado nos paga un sueldo”, por lo que hizo hincapié en que tanto funcionarios como empleados deben actuar dentro de la ley.

Por su parte, el defensor Marcelo Fernández, acompañado de su colega Franco Montes, explicó que pidió la absolución lisa y llana de sus clientes o, de manera subsidiaria, por el beneficio de la duda de sus clientes “por la inexistencia de delito, basado en que no ha habido una acreditación en función de la prueba que se ha rendido ante el Tribunal”. Por lo tanto, indicó que la “imposibilidad del reproche penal a los imputados”.

Además, habló de una “persecución por parte de los superiores jerárquicos” contra los acusados, al punto que lo enmarcó en “violencia institucional”. También señaló que “iniciaron y prosiguieron un procedimiento administrativo nulo”, el cual, luego, fue incorporado a la denuncia penal. No fue lo único, ya que indicó que el organismo ocultó prueba documental y señaló que “las altas no se correspondían con la acusación y las bajas eran automáticas por decreto nacional por no pagar durante 10 meses.

En ese sentido, acusó de que en el fisco “que prácticamente secuestraron a otra contribuyente”, dado que Fernández manifestó que contó en el juicio que “la fueron a buscar, la subieron a una camioneta, la llevaron a AFIP, la hicieron ingresar por un subsuelo, para que nadie pudiera verla, la subieron a un quinto piso y la hicieron formalizar una denuncia”. El abogado comparó esa presunta maniobra “con los métodos de la dictadura”.