Luego de quebrar el pacto de silencio, Máximo Thomsen pidió otro juicio y apuntó como responsable a otro de los condenados

Luego de romper el pacto de silencio y de cambiar de abogado, Máximo Thomsen, uno de los rugbiers condenados a prisión perpetua por el crimen de Fernando Báez Sosa (foto), volvió a cuestionar la labor de su anterior representante legal y pidió un nuevo juicio. Lo hizo a través de un recurso extraordinario -presentado ante la Corte Suprema de Justicia Bonaerense- en el que, además, dio su versión de los hechos y señaló particularmente la participación de otros dos de los condenados en el homicidio cometido el 18 de enero de 2020.

En el documento, Thomsen aseguró que el trabajo de Hugo Tomei, su ex letrado, careció de eficacia debido a que ejerció la defensa de los ocho acusados y, por querer hacerlo a la totalidad del grupo, no representó sus intereses individuales y los de los demás. Sobre esta base, solicitó que se declare nulo aquel proceso y se haga un nuevo juicio.

Así lo planteó a través de su nuevo patrocinante, Francisco Oneto, al apelar el fallo de la Cámara de Casación Bonaerense que confirmó la condena a perpetua para él, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Ciro Pertossi y Luciano Pertossi; y las penas de 15 años de cárcel para Blas Cinalli, Lucas Pertossi y Ayrton Viollaz, como partícipes secundarios del crimen.

En el recurso, Thomsen dio su versión de los hechos y negó que haya existido un plan premeditado para matar a Fernando. Tal como se había anticipado, la estrategia de la nueva defensa es derrumbar la premeditación, la figura que sostiene la perpetua.

Por otra parte, mencionó que él nunca apareció grabado pegándole a la víctima. Además, sostuvo que anteriormente no pudo contar que “la pelea adentro del local bailable no lo tuvo por protagonista”, sino que fue Blas Cinalli quien habría tenido el incidente con Báez Sosa en el interior del boliche Le Brique.

En esa línea, hasta asegura que ambos grupos, una vez fuera de la discoteca, tuvieron algún cruce de palabras y gestos y fue allí cuando se inició la pelea que terminó con el asesinato.

Otero, por otra parte, indicó que Thomsen no tuvo la posibilidad de “declarar que no estaba en condiciones de ejercer violencia letal”, luego de haber sido expulsado del boliche por la fuerza y “desmayado” por la técnica utilizada por el empleado de seguridad del local.

También, que no está probado en base a los varios videos de la secuencia de aquella madrugada que Thomsen le haya dado el golpe que provocó la muerte a Fernando y hasta sugiere que pudieron ser otros que dieron algunos de los demás acusados.

En ese sentido, apuntó a Comelli. El abogado subrayó que Thomsen no pudo “pedir una pericia para determinar si algún golpe en concreto produjo el deceso (de Báez Sosa), e interrogar sobre las conclusiones periciales al experto”.

Y ahondó: “Si no fue productor del deceso, por ejemplo, el golpe que produjo el moretón que tiene el occiso en el menton, que resultaría compatible con el golpe que asesta al inicio de la pelea Enzo Comelli, de una potencia tal que derriba al occiso, no pudiéndose descartar que ese solo golpe haya producido la muerte y por tanto resultar atípica una eventual intervención ulterior de Máximo, por subsumirse en una tentativa de delito imposible, a poco de dirigirse las agresiones contra un cuerpo sin vida”.

“Ello producto de que Máximo omitió declarar que el que da la primer piña que derriba a Fernando Báez Sosa y lo pone fuera de combate es Enzo Comelli”, completó.

Otero consideró: “Máximo omitió proferir estos dichos porque tenía el mismo defensor que sus consortes de causa, los cuales podían verse perjudicados por tales afirmaciones".

Por último, el letrado reclamó la nulidad del juicio y subsidiariamente que se aplique el artículo 95 del Código Penal, esto es el homicidio en riña, delito que prevé pena de dos a seis años de prisión.

Mientras aguardan la resolución de la Suprema Corte Bonaerense, los ocho condenados están todos juntos detenidos en el penal de Melchor Romero. Cuentan con la posible apelación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en caso de un fallo negativo.