Fiscal pidió que tres empleados de Ambiente sean indagados por tratar de contrabandear cubiertas de Chile

A la distancia, personal de la Aduana había notado un comportamiento sospechoso de los ocupantes de una camioneta Toyota Hilux, dado que veían movimientos con personas de otro vehículo que estaba a su lado. Así, cuando la camioneta pasó por el resguardo aduanero y le pidieron al conductor que abriera todos los compartimientos para un control de rutina, este hizo una maniobra y se escapó con rumbo a Chile, aunque fue alcanzado por efectivos de Gendarmería. Ahí detectaron que llevaban ocho cubiertas y que la movilidad es de la Secretaría de Ambiente de la provincia, cuyos pasajeros son empleados de dicha repartición.

Tras recabar distintos informes, el fiscal federal Francisco Maldonado abrió la investigación penal y pidió que tres estatales sean indagados por tentativa de contrabando agravado.
Los trabajadores del Estado fueron identificados como Walter Irrazabal (el conductor de la Toyota), Víctor Ponce (su acompañante) y José Luis Ontiveros, quien no iba en la movilidad, pero luego llegó al Resguardo Aduanero, dijo que era jefe de los otros dos implicados y que él había encontrado los neumáticos en el camino. Los tres fueron apartados de sus tareas provisoriamente, luego de que estallara el escándalo, de acuerdo a lo que había informado en distintos medios el secretario de Ambiente, Federico Ríos.

Los empleados enfrentarán un sumario, el que deberá determinar la sanción de tipo administrativa, la cual puede ser la cesantía. Mientras tanto, pesa sobre ellos una causa penal por tentativa de contrabando, figura que se encuentra agravada por los incisos a y b del artículo 865 del Código Aduanero. Dicho artículo establece un castigo de 4 a 10 años (por lo tanto, una eventual condena será de cumplimiento efectivo) cuando los participantes del hecho sean tres o más personas o fuesen funcionarios o empleados públicos “en ejercicio o en ocasión de sus funciones o con abuso de su cargo”.

Un detalle. Si bien la tentativa de un hecho delictivo reduce la escala, no pasa lo mismo en el aspecto penal en el Código Aduanero. El artículo 882 indica que “la tentativa de contrabando será reprimida con las mismas penas que correspondan al delito consumado”.

El caso estalló el pasado 2 de abril, a eso de las 14, cuando personal de la Dirección General de Aduanas San Juan, ubicado en el Resguardo Las Flores, en Iglesia, divisó, primero, la actitud sospechosa de la Hilux que estaba junto a otra movilidad blanca a unos 2 kilómetros de distancia. Irrazabal, conductor de la Toyota, se acerco al Resguardo Aduanero y, cuando el personal le solicitó que abriera las puertas y la caja del vehículo, les dijo que iba a dar una vuelta para someterse al control, pero aceleró y se escapó del lugar, según consta en el expediente.

La fuga se extendió por siete kilómetros, hasta que la camioneta fue interceptada por personal de Gendarmería y de Aduanas.

En el control, detectaron que en la Hilux había mercadería de origen extranjero: cuatro neumáticos para autos, dos para camionetas todoterreno y dos de moto. Además, descubrieron que la Toyota estaba ploteada con la identificación de la Secretaría de Medio Ambiente, la que conducía Irrazabal e iba con Ponce. Al rato, arribó al lugar Ontiveros, quien señaló que era el jefe de los dos ocupantes de Hilux y que él era el responsable de haber encontrado los neumáticos en el camino.

Ante ese escenario, el fiscal Maldonado le solicitó al juez Leopoldo Rago Gallo, del Juzgado Federal Nº2, que indague a los tres implicados, los que, a su vez, tienen la oportunidad de ejercer su derecho de defensa y explicar la situación, si es que así lo desean. No obstante, pueden abstenerse de declarar y ello no implica presunción en su contra.

Entre las medidas, Maldonado solicitó informes a la Secretaría de Ambiente para tener la confirmación de si los tres imputados trabajan en esa repartición, qué cargos poseen y qué tareas llevan a cabo.

Por otro lado, el fiscal había solicitado el aforo de las cubiertas, cuya valuación es clave para que sea una causa de tipo administrativa o penal. El Código Aduanero establece que, cuando el valor en plaza de la mercadería de contrabando sea menor a 500 mil pesos, se aplicará una multa de dos a 10 veces el monto del producto, ya que se trata de contrabando menor. Si supera ese piso, se convierte en delito y entra a tallar la Justicia Federal. La valuación de las cubiertas fue 2.452.685 pesos, según consta en las actuaciones.