Por decisión de la Corte Suprema, 9 de Julio zafó de un juicio varias veces millonario

A fines del 2007, y al asumir en la intendencia de 9 de Julio, el hoy diputado nacional Walberto Allende, se encontró con un problema. Días antes del 10 de diciembre, la gestión anterior firmó la renovación de contrato de locación de servicio a 39 trabajadores que venían desempeñando diversas tareas desde, hacía unos 7 a 8 años. Inmediatamente, el jefe comunal dio de baja al decreto municipal anterior, ya que se trataba de tareas precarizadas y que, al parecer, respondía más a una movida política de su antecesor. Tras una serie de planteos que fueron rechazados, en 2009 los casi 40 extrabajadores, iniciaron una demanda de indemnización por daños y perjuicios contra el municipio, por entender que la medida de Allende los perjudicó moralmente. Tras 15 años de espera, la Justicia dio por cerrado el asunto, ya que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el planteo de quienes iniciaron la demanda, por lo que la comuna zafó de hacer un desembolso varias veces millonario, cifra que no pudo ser cuantificada por fuentes calificadas.

El fallo a favor de 9 de Julio fue firmado a principio de mes por los cortistas Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Este último fue quien emitió el voto al que el resto adhirieron. Básicamente, decidieron no tratar la queja que presentaron los presuntos damnificados, luego de que la Corte de Justicia de San Juan les denegara la posibilidad de que el máximo tribunal analice la causa. Así, el fallo favorable que la comuna había recibido en el Poder Judicial local, quedó firme.

Hasta el 2018, año en el que se sancionó la ley de coparticipación municipal, era común que los intendentes que asumían en sus cargos tuvieran fuertes dolores de cabeza por la incorporación de personal o contratos de servicio firmados por la gestión anterior, incluso días antes de dejar la administración. En el caso particular de 9 de Julio, el exintendente, Hugo Uzair, había renovados los contratos de locación de servicio el 1 de diciembre y por tres meses, mientras que Allende asumió el 10 de ese mes.

Al ver que el jefe comunal le dio de baja a los contratos y al no tener respuesta de los planteos verbales que hicieron, los 39 trabajadores iniciaron una demanda por daños y perjuicios en 2009, acción que recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo. La causa se tramitó durante años por el lento impulso de las partes, por lo que el fallo de primera instancia vio a luz recién en 2014. Al resolver, la jueza Adriana Tettamanti, rechazó la demanda al entender que los extrabajadores “no agotaron la vía administrativa”, esto es, no hicieron el reclamo que correspondía ante el municipio para recién iniciar un juicio.

La causa fue apelada ante la Cámara Civil, tribunal que si bien confirmó la negativa de la demanda, cambio el fondo del fallo al entender que una indemnización por daños y perjuicios, no correspondía. Ante ese cambio, el expediente llegó a Corte de Justicia local, quien en diciembre del 2021 emitió un fallo, confirmando la resolución de Tettamanti. Luego, quienes comenzaron la demanda, pidieron que la causa se analizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que fue rechazado, por lo que se inició un recurso de queja ante el máximo tribunal del país, el que, después de casi 15 años de iniciada la causa, resolvió rechazar el planteo, por lo que la sentencia local quedó firme.

Sobre el monto que estaba en juego, no fue planteado en la demanda original a la espera de que sea cuantificado en un fallo favorable, lo que finalmente no ocurrió. Pese a eso, fuentes calificadas indicaron que sería una cifra varias veces millonaria ya que se trató de un reclamo de 39 trabajadores que entendieron que sufrieron un daño hace 17 años.