La jefa de los defensores oficiales renunció para jubilarse y su sucesor lo elegirá el fiscal General

La defensora General, Mónica Sefair, presentó esta semana su renuncia en la Cámara de Diputados para acogerse a la jubilación. No obstante, continuará en funciones hasta que la ANSES le otorgue el beneficio y empiece a pagarle como trabajadora pasiva. De todas formas, la movida ya ha despertado interés debido a que se viene la obligada renovación y su sucesor  será elegido por el fiscal General, Eduardo Quattropani, entre el equipo de defensores oficiales que tengan más de cinco años de antigüedad, según establece la normativa.

¿A qué se debe que el jefe de los fiscales, que conduce a los responsables de investigar y acusar a los sospechosos, defina a quién va a liderar a los encargados de defender a los imputados?

Todo tiene su origen en la Constitución. El artículo 202 indica que el Ministerio Público es un órgano del Poder Judicial que está integrado por los fiscales, asesores y defensores oficiales. Entonces, la propia carta magna incorporó a los magistrados que tienen tareas contrapuestas en el mismo organismo y bajo la conducción de una misma persona. Un error constitucional, reconocen todos los especialistas.

Para subsanarlo y no tener que retocar la carta magna, Quattropani y la Corte de Justicia enviaron en 2020 un proyecto de ley a la Cámara para que la defensa Pública tenga independencia funcional de Fiscalía General. La norma, 2179 E, se sancionó el 17 de diciembre y estableció que a la cabeza de los defensores oficiales estará el defensor General, el que tendrá una remuneración equivalente a un fiscal de Cámara. El resto cobra un salario igual a un fiscal de primera instancia.

En ese marco, la ley determinó que la asignación de la función de defensor General se realizará de acuerdo a otra norma, la 1993 O, la cual regula el nuevo Código Procesal Penal que contiene el sistema acusatorio. El artículo 14 de esta última normativa indica que el defensor General “será designado mediante resolución del Fiscal General de la Corte de Justicia, entre los defensores”.

Fue así que el fiscal General designó a Mónica Sefair como la primera defensora General, quien, entre sus funciones, fija la política general de la Defensa Oficial, cita a reuniones a los defensores cuando existan razones de interés público o de mejor servicio, supervisa y garantiza el cumplimiento de las misiones y funciones institucionales de la Defensa Oficial, dispone instrucciones generales y directivas particulares a los integrantes y determina la política institucional de asignación de los casos.

Además, reglamenta y controla las visitas a establecimientos de detención y de internación, dispone de la distribución y el traslado del lugar de trabajo de funcionarios y personal, establece el orden de subrogancias y la sustitución en caso de licencias, solicita los recursos humanos y materiales y ejerce la supervisión general sobre los miembros, funcionarios y agentes de la Defensa Oficial, aplicando las correcciones disciplinarias que correspondan, entre otras tareas.

Sefair presentó el martes la renuncia condicionada ante la Corte, cuya nota fue enviada a la Legislatura al día siguiente, aseguraron fuentes calificadas. En el escrito, la defensora General resalta que continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que la ANSES la notifique del alta jubilatoria. Además, resaltó sus más de 37 años de servicio en el Poder Judicial.

La defensa oficial cumple un rol clave, dado que les facilita un abogado a todas aquellas personas que no tengan recursos para pagarle a un profesional privado. El ámbito de actuación no sólo es en el fuero penal, sino también en el civil, en los que, si bien son magistrados con rango de primera instancia, tienen intervención en apelaciones y recursos extraordinarios ante la Corte.

Dentro de la estructura de la Defensa Oficial, Marcelo Salinas y Carlos Reiloba tramitan los expedientes del viejo sistema penal, mientras que Alejandro Martín García, César Oro, María Emilia Nielson, Cecilia Mut Russo, Hugo Trigo, Juan Carlos González Riutort y Sandra Leveque llevan adelante las causas del sistema acusatorio.

Por otro lado, Mariela López y Lucía Bettina Cuni están al frente de las dos defensorías penales de la Niñez y Adolescencia, mientras que Daniel Turón se encuentra en la defensoría ante Ejecución Penal.

En el procedimiento de Flagrancia, están Facundo Gil Nale, Daniel Montiel y Lisandro Zapata. En el fuero Civil y Familia, se encuentran los defensores Paulina Slavutzky, María Laura Altamira, Silvia Pabón, Marisa Palacios, Daniela Riveros, Alfredo Mergó, Romina Solera, María Agustina Fernández y Emma Baigorría.

En la Segunda Circunscripción Judicial, con sede en Jáchal, están Franklin Sánchez y María Belén Illanes.

De todo ese equipo, Quattropani tendrá que elegir a un reemplazante, siempre que tenga más de cinco años de ejercicio como defensor oficial.