El Gobierno nacional anticipó que cerrará una polémica empresa pública

El Gobierno se prepara para dar un nuevo puñetazo sobre la mesa como regalo de fin de año. Se trata de la liquidación de uno de los enclaves más polémicos del Estado. Mediante un decreto, que ya está listo y se publicará en la semana, cerrará la Administración General de Puertos (AGP), una sociedad estatal que tiene como objeto la administración del puerto de Buenos Aires y, en los últimos años, la de la hidrovía que corre por el río Paraná.

Ahora bien, la liquidación de la sociedad viene acompañada por el nacimiento de otro organismo que se llamará Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), que tendrá autarquía financiera y que quedará en el organigrama del Ministerio de Economía que maneja Luis Caputo.

La pregunta, entonces, es si se tratará de un simple cambio de nombres o, por el contrario, si implica una reducción efectiva de los pliegues del Estado. Además, el borrador de la norma también da cuenta del cierre de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, actualmente la encargada formal de la licitación de la hidrovía. El Gobierno sostiene que había una superposición de funciones entre la empresa y esta área administrativa.

Entre lunes o martes, la gestión libertaria publicará en el Boletín Oficial la disolución y la liquidación de la AGP, la segunda empresa pública en correr esta suerte después de Trenes Argentinos Capital Humano (Decahf), una compañía que el presidente Javier Milei dispuso cerrar por considerar que “malgastaba recursos, no operaba trenes y no tenía funciones que justifiquen su existencia”.

La decisión y la oportunidad del fin de la AGP es especialmente sensible ya que se encuentra en pleno proceso de licitación el dragado de la vía navegable del río Paraná, por donde pasa el 80% de la exportación en el país.

De hecho, por estos días, las principales dragadoras del mundo han llegado a la Argentina a desplegar su lobby y sus alianzas para quedarse con un negocio de por lo menos US$9000 millones.

Esta licitación, que no pasó por el Congreso y que tampoco está en el listado de autorizadas a privatizar que se anexó a la Ley Bases, abrió un fuego cruzado subterráneo de acusaciones entre distintos sectores, con planteos de beneficiar o gestionar intereses por distintas compañías. Actualmente, el contrato de dragado (por emergencia en los últimos tres años) lo detenta la belga Jan de Nul, cuyo ex socio, el empresario Gabriel Romero, dueño de EMEPA y Ferrovías, admitió pago de coimas por US$600.000 para la renovación de la concesión en la causa cuadernos. Este último, a su vez, presta servicios para realizar el balizamiento de la traza fluvial.

Cerca del macrismo acusan al Gobierno de haber hecho pliegos poco competitivos y transparentes, potencialmente direccionados a estas dos empresas (ahora peleadas) ya que la firma europea es la única que, en principio, cumple con los requisitos técnicos de las condiciones particulares. Desde el oficialismo dejan entrever que el expresidente tiene intereses para que Boskalis, una competidora neerlandesa, se quede con el contrato.